Ley Bases: Diputados sesiona hoy y mañana sin cuarto intermedio. En vivo
Sesiona la Cámara de Diputados para analizar el paquete de medidas que intenta imponer el gobierno. El oficialismo tiene puestas sus expectativas en las alianzas con los bloques provinciales dialoguistas.
Habló el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Adorni va a ir a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios”
El flamante ministro coordinador destacó la gestión libertaria en materia de economía, llenó de elogios al presidente Javier Milei y reafirmó su compromiso “con el cambio”.
El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló este lunes tras asumir en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció en medio del escándalo por las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales. “El Presidente me dijo que Manuel anímicamente no daba más y quería dar un paso al costado”, contó el funcionario y aseguró que su antecesor “va a defenderse en la Justicia sin fueros ni privilegios” tras renunciar también al directorio de YPF.
“Miro para atrás en la historia y eso no pasó otras veces. Sin fueros, sin cargos, va a ir a defenderse a la Justicia y es lo que corresponde”, resaltó. Adorni dimitió el último sábado, luego de meses de escándalo e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
Santilli volvió a asumir así un rol fuerte en medio de un momento crítico para el gobierno mileísta. La primera vez fue cuando reemplazó a José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre de 2025. Poco después, el 11 de noviembre de ese año, asumió como ministro del Interior en lugar de Lisandro Catalán.
Diego Santilli y Manuel Adorni
Sobre si el escándalo que involucra al ahora ex funcionario generó una mala imagen en el Gobierno, Santilli aseguró que la administración mileísta “sigue trabajando”. “Nosotros, a pesar de todo esto que fue fuerte, sancionamos, por ejemplo, el Súper RIGI… Está claro que obviamente el peso de lo que tenía sobre su espalda Manuel lo abarrotó, pero seguimos llevando adelante la gestión», consideró en diálogo con A24.
“Sí impactó en que las buenas noticias que vienen pasando: la economía, los salarios que suben, la inflación a la baja. Son noticias que tal vez no podías mostrar”, añadió.
El flamante ministro coordinador destacó la gestión libertaria en materia de economía, llenó de elogios al presidente Javier Milei y reafirmó su compromiso “con el cambio”. “Yo tomé una decisión hace 12 años que fue, más allá de los colores políticos, acompañar una visión. No me importa en qué lugar, yo acompaño”, subrayó.
“Estoy convencido de esto y lo que el Presidente me pide es trabajo en conjunto con el gabinete, seguir avanzando con las reformas y consolidar lo que venimos haciendo”, enumeró. En ese sentido, detalló que su nuevo rol incluye, entre otras cosas, continuar con el lineamiento que establezca jefe de Estado; coordinar con ministros; e implementar las decisiones en base lo que diga Milei. “El gabinete es muy potente. Mi tarea es seguir trabajando para que las reformas que sueña Milei sucedan”, afirmó.
Diego Santilli junto a Javier y Karina Milei. X.com
A la espera de la jura que se realizará este martes a las 16y lo oficializará en su cargo, Santilli también evaluó los objetivos del Gobierno en los próximos meses y el enfoque de cara al año electoral. “Imagino un segundo semestre de crecimiento sostenido y en el que se consoliden los sectores”, dijo y remarcó: “Después viene el año electoral y estoy convencido de que el cambio cultural se da cuando la visión y convicción continúan un período más“.
“Milei tiene que ser el primer presidente de esta joven democracia no peronista que reelija. El Presidente tiene que tener otra gestión para fijar los cambios y continuar con el desarrollo de las reformas“, aseguró.
Finalmente, el funcionario antes ligado a Pro se refirió a su vínculo con el ex presidente y líder del partido, Mauricio Macri y reveló que mantuvieron una conversación luego que el Presidente lo anunciara como nuevo jefe de Gabinete. “Cuando hablé con Mauricio todavía no tenía la notificación del Presidente, le dije que lo que estaba en los medios era una cosa, pero no había hablado con él todavía”, explicó y cerró: “Soy muy respetuoso de no hablar de más. Conversar tiene que ver con el rol que yo tenía (como ministro del Interior). Con Macri no hablaba hace bastante y hablé ayer, pero hablo continuamente con todo el sector que lidera el parlamento de Pro». /LaNación
Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni. El Presidente anunció que la ceremonia de jura se realizará este martes a las 16.
La confirmación llegó a través de una publicación en la red social X, donde Milei compartió una foto junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En el mensaje, el mandatario aseguró que se encuentran “delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”.
“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!”, escribió Milei.
La designación de Santilli se produce pocas horas después de la salida de Adorni, quien presentó su renuncia en medio de la crisis política generada por las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucraban.
Tras el anuncio, Patricia Bullrich también se expresó en redes sociales y saludó al nuevo jefe de Gabinete. “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos”, publicó.
En el mismo mensaje, Bullrich sostuvo que el oficialismo debe “dejar de lado las distracciones” y enfocarse en discutir “las leyes importantes que impulsa el Presidente”.
Con la llegada de Santilli, el Gobierno buscará fortalecer la articulación política con el Congreso y acelerar el tratamiento de los proyectos de la administración libertaria. Su asunción marcará una nueva etapa en la coordinación política de la Casa Rosada, que intenta dejar atrás la crisis abierta por la salida de Adorni.
El Tribunal de Cuentas declaró la nulidad absoluta de los contratos celebrados bajo la gestión del exinterventor José Díaz ─puesto en el cargo por recomendación de Carlos Cisneros al por entonces gobernador Juan Manzur─ pone al descubierto un entramado de nepotismo y graves faltas éticas en las resoluciones dictadas en 2024 y 2025 que permitieron que el contador Octavio Concilio auditara la gestión de su propio hermano, el gerente de la ART de la CPA, Francisco Concilio, violando la independencia exigida por la Resolución Técnica N° 53.
El escándalo se profundiza al confirmarse que el estudio incurrió en «auto-revisión», cobrando por auditar las mismas registraciones contables que ellos mismos elaboraban, lo que invalida cualquier control real sobre los fondos. Ante la sospecha de una elusión deliberada de los controles estatales y la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, el organismo de control ya dio intervención al Ministerio Público Fiscal e inició una investigación sumaria para cuantificar el perjuicio económico tras el pago de honorarios bajo títulos que hoy son considerados ilegales.
Un nuevo escándalo de manejos turbios involucra a la exgestión de la Caja Popular de Ahorros, comandada por el diputado nacional Carlos Cisneros y ejercida por el exinterventor José Díaz. A través del Acuerdo N° 2132, el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC) desnudó otra trama de irregularidades que pone en duda la transparencia del manejo de los fondos públicos en la institución por parte de la anterior intervención. La resolución del ente de control fulminó las contrataciones directas y renovaciones otorgadas al estudio «Concilio & Sarralde S.A.S.», declarándolas nulas de nulidad absoluta e insanable debido a que el control externo de la entidad estaba, literalmente, en manos de parientes directos de los propios controlados.
La Caja Popular de Ahorros echó a José Díaz al declarar la «nulidad absoluta» de su nombramiento en planta permanente
La investigación del Tribunal de Cuentas, basada en el Expediente N° 2239-360-2026, sacó a la luz que el C.P.N. Octavio Concilio, socio gerente del estudio auditor contratado, mantiene un vínculo de consanguinidad en línea colateral de segundo grado ─es hermano─ con el C.P.N. Francisco Concilio, quien se desempeña como Gerente de ART de la Caja Popular. Esta relación de parentesco no es un detalle menor ni una mera desprolijidad administrativa: según la Resolución Técnica N° 53 de la FACPCE, que rige la ética y el desempeño de los contadores, existe una prohibición absoluta para que un profesional realice auditorías si es pariente de los gerentes o administradores de la entidad auditada. En este caso, el estudio Concilio debía auditar, entre otras áreas, la gestión de su propio hermano. En abril de este año, PopulART quedó bajo la lupa por el pago de seguros a futbolistas que no tenían póliza con la CPA y que desencadenó una denuncia penal de las actuales autoridades ─Guillermo Norry y Antonio Bustamante─ tras la publicación de eltucumano.com.
Sin embargo, el nepotismo fue solo la punta del iceberg. El Tribunal detectó una irregularidad técnica aún más alarmante: la «auto-revisión». Según consta en los antecedentes, al estudio Concilio & Sarralde no solo se le encomendó la auditoría externa, sino también la registración contable de las operaciones, es decir, la tercerización de la propia contabilidad de la Caja. En términos prácticos, el estudio preparaba los números y luego firmaba los informes asegurando que esos mismos números estaban correctos. Esta dualidad de funciones es considerada por el TC como un vicio «autónomamente invalidante», ya que borra cualquier rastro de independencia y convierte los informes de auditoría en documentos sin valor técnico real.
La figura de Francisco Concilio, actual Gerente de ART de la CPA de Ahorros, quedó en el centro de las miradas de las autoridades controladoras, no solo por el escándalo de nepotismo con su hermano auditor, sino por sus estrechos vínculos con el andamiaje político de Cisneros. El ascenso de Concilio desde la gerencia de la firma Ampere hacia un cargo estratégico en la ART de la institución respondería a una red de influencias que lo conectaría directamente con el círculo comercial del diputado. Esta conexión sugiere una arquitectura de poder diseñada para situar a personas de extrema confianza en áreas donde se manejan recursos críticos, garantizando que el control de la entidad permanezca dentro de un círculo cerrado de intereses políticos y empresariales.
El esquema de impunidad que rodea estas designaciones se completa con el aval de cargos jerárquicos dentro de la Caja Popular, quienes permitieron la vigencia de estos contratos pese a las incompatibilidades legales. En este escenario aparece la figura de Pablo Díaz Sánchez, señalado como el funcionario que aprobaría y pondría la firma a cada una de estas maniobras oscuras. Díaz Sánchez —quien percibe un sueldo mensual que ronda los 10 millones de pesos— se mantiene como una pieza clave en la estructura que permitió consolidar los vínculos de parentesco y los conflictos de intereses que hoy el Tribunal de Cuentas declara nulos de nulidad absoluta.
La cronología de los hechos sugiere una persistencia en la irregularidad que el TC calificó como un «vicio inexcusable». La primera contratación directa se autorizó en febrero de 2024, y a pesar de las advertencias internas realizadas por el Asesor de Intervención, C.P.N. Carlos Alberto Cainzo, y el Gerente Financiero, C.P.N. Carlos F. Ortiz Soler, la gestión cisnerista a cargo de Díaz decidió renovar el contrato en septiembre de 2025. Lo más llamativo es que la relación de parentesco figuraba en los propios instrumentos de contratación, lo que lleva al Tribunal de Cuentas a presumir que no se trató de un descuido, sino de una actuación orientada a fines distintos del interés público.
Ante la gravedad de las irregularidades, el Tribunal de Cuentas no solo ordenó frenar cualquier pago pendiente, sino que inició una Comprobación Sumaria para determinar el perjuicio fiscal global. El objetivo es identificar a cada uno de los funcionarios responsables y cuantificar cuánto dinero percibió el estudio por servicios que, al carecer de independencia, resultan inútiles para el Estado. Además, se dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal.
Para el Tribunal de Cuentas, la transparencia y la legalidad presupuestaria fueron vulneradas para favorecer un esquema de contrataciones que carecía de la independencia técnica mínima exigida por ley y, a partir de este momento, la Justicia penal deberá determinar si este entramado de favores familiares y falta de ética profesional constituye un delito liso y llano contra la administración pública.
La designación ilegal de Díaz que le costó millones al Estado tucumano
En mayo de este año, una investigación del Tribunal de Cuentas y la posterior auditoría interna de la Caja Popular de Ahorros revelaron otra escandalosa maniobra del cisnerismo al mando de la CPA: el intento de asegurar estabilidad laboral y sueldos millonarios para el exinterventor José César Díaz mediante un esquema de impunidad administrativa. Según los informes del organismo de control, en junio de 2023, el entonces subinterventor Hugo Ledesma —cuñado del sindicalista Cisneros— firmó la Resolución N° 494/23 para nombrar a su propio jefe, Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3).
Este nombramiento fue calificado como una «desviación de poder», ya que el cargo está reservado exclusivamente para empleados de carrera con años de antigüedad que acceden mediante concurso de méritos. Sin embargo, la designación se realizó «a dedo» por instrucciones directas del exgobernador Juan Manzur. La jugada incluyó una irregularidad adicional: en el mismo acto administrativo se le concedió a Díaz una «licencia política» para que pudiera seguir ejerciendo como interventor, dejando el cargo de planta «materialmente inactivo» pero reservado como un refugio de estabilidad para cuando cesara en sus funciones políticas.
El perjuicio económico de esta maniobra es grave para el patrimonio público. El Tribunal de Cuentas advirtió que Díaz violó el Artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe taxativamente cobrar dos sueldos del Estado. Al aceptar el cargo de planta permanente, Díaz debería haber cesado automáticamente en su rol de interventor; no obstante, siguió percibiendo ambos beneficios, llegando a acumular ingresos mensuales de hasta $30 millones. Los cálculos preliminares del organismo de control estiman que el desfalco total al erario público podría superar los $700 millones, considerando los 31 meses en los que cobró de forma irregular.
El pasado 19 de mayo de 2026, la nueva intervención de la CPA dictó la Resolución N° 339/26, declarando la nulidad absoluta e insanable de la designación de Díaz. El despido se fundamentó en que el acto original no buscaba satisfacer el interés público, sino garantizar un «paracaídas de oro» personal. Además, se descubrió que Ledesma ni siquiera tenía facultades legales para firmar ese nombramiento, ya que no estaba acreditada la ausencia del interventor que justificara su subrogancia, configurando un conflicto de intereses flagrante.
La situación de Díaz se agravó aún más al detectarse que, tras ser desplazado, gozaba de una licencia psiquiátrica de largo tratamiento percibiendo su salario completo, mientras en la realidad ejercía activamente la abogacía privada representando a las hijas de Carlos Cisneros en un intento de censura contra un medio local y formando parte de la querella de Lourdes Parache en su intento de revertir el sobreseimiento dictado a favor de los exjudores de Vélez denunciados falsamente de violación en mandada.
El martes de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de la Provincia instruyó formalmente a las autoridades de la CPA para que pongan en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la reciente anulación de la designación de Díaz. Esta medida, plasmada en el Acuerdo N° 2343 con fecha del 23 de junio, surge tras considerarse que el dictado de la Resolución N° 339/26 constituye un «hecho nuevo» de relevancia jurídica en el marco de las investigaciones por anomalías administrativas. La notificación busca que los fiscales analicen el alcance de un acto que el propio organismo de control calificó como nulo de nulidad absoluta e insanable, al haber sido emitido con vicios graves en su competencia, causa y finalidad.
La decisión de involucrar al Ministerio Público se encuentra directamente vinculada con las actuaciones iniciadas bajo el Acuerdo N° 1348, orientadas a determinar la existencia de perjuicios al erario público y deslindar responsabilidades por el nombramiento de Díaz en la planta permanente mientras se desempeñaba como Interventor. Al confirmarse que la designación fue firmada por un subinterventor sin facultades legales y que beneficiaba directamente a su superior jerárquico, el Tribunal advirtió la necesidad de dar intervención a la Justicia ordinaria ante la posible configuración de un conflicto de intereses y desviación de poder. De este modo, se pretende que la instancia fiscal evalúe las responsabilidades legales derivadas de una maniobra que buscaba garantizar estabilidad laboral fuera de los procedimientos estatutarios vigentes. /Con información de el tucumano.com/
