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Argentina

La Tarjeta Alimentar impulsa el mercado interno

El Gobierno nacional, a través del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, anunció la inversión de $30.000 millones a través de la Tarjeta Alimentar, estrategia que es uno de los pilares del programa Argentina contra el hambre.

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En este marco, Tucumán cuenta con 70.000 beneficiarios, lo que representa una importante inyección de dinero al mercado interno, afirmó el ministro de la cartera Social provincial, Gabriel Yedlin, en diálogo con LV12.

“Es una estrategia que funcionó muy bien. Tuvimos la capacidad gestión, la oportunidad y la cercanía con el Gobierno nacional para haber podido implementarla desde febrero. Antes del comienzo de la pandemia y la cuarentena en Tucumán, preocupados por la seguridad alimentaria, repartimos las 70.000 tarjetas. Es mucho dinero el que, desde ese momento, se vuelca al consumo interno”, manifestó Yedlin, a la vez que afirmó que es una estrategia que empodera a la gente porque le permite comprar lo que quiere consumir.

En el contexto de la pandemia, la asistencia alimentaria en Argentina creció de 8 a 11 millones de personas, según indicó Arroyo. Al respecto, Yedlín explicó que esta cifra incluye a beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, apertura y asistencia a nuevos dispositivos de seguridad alimentaria, entre otros. Indicó que Tucumán cuenta con un robusto sistema de seguridad alimentaria que continuó abierto en el contexto de la cuarentena, a través del sistema de viandas, y que ese modelo se replicó en otras partes del país.

“Cuando recorremos los barrios vemos que las políticas sociales se complementan, entonces es bastante frecuente que uno vaya a una cocina comunitaria y alguno miembro sea beneficiario/a de AUH o alguna otra ayuda y a pesar de eso sigue recibiendo la tarjeta. Todos esos recursos se suman y estoy seguro de que la posibilidad tener paz social tiene un piso muy importante en estos recursos que se transfirieron de manera directa y automática a la gente, y fue un acierto del Presidente de la nación profundizar estas medidas, que son coyunturales, porque estamos convencidos de que la salida, la mejor política social, es el trabajo”, subrayó el ministro.

Posteriormente habló sobre el programa Argentina contra el hambre, su ejecución y los pasos a seguir: “Argentina contra el hambre tiene tres líneas: una es la de cobertura, que tiene que ver con la cantidad de gente a la que se está llegando; otra es incentivar la producción de alimento a nivel local (ejemplo: planta de la lecha La Overita en Trancas); y la última, que comenzará a implementarse en Tucumán, tiene que ver con nutrición saludable, enseñar a comprar mejor y comprar bien, ya que no se trata solo de un problema de hambre, sino también de mal nutrición”.

Para concluir, respondió a la consulta sobre los dichos de la titular de Anses, Fernanda Raverta, en lo que respecta a la posibilidad de una renta básica universal una vez que finalice el problema sanitario y con él, el IFE: “En el consejo federal de Desarrollo Social, se charló sobre esta herramienta que hay el mundo, de pensar cómo asistir para que haya un piso de protección social. Sabemos que son ideas que están dando vueltas, pero todavía no hay ningún grado de instrumentación”.

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Declararon inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

El fallo dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.

El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.

El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.

Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.

Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

FUENTE: Agencia NA

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El Ejército desplegó tanques, anfibios, drones y miles de efectivos en Rosario para maniobras en el Paraná

La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.

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El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.

El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.

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Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.

Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.

El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.

Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.

Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.

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En octubre las jubilaciones y pensiones aumentarán 1,66%

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono

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ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en octubre del 1,66 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 505.748,51 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 418.598,81 pesos (348.598,81 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 375.023,96 pesos (305.023,96 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 156.588 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 509.863 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 78.304 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

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