Las dos compañías hidrocarburíferas a cargo del megayacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, salieron al cruce de las declaraciones del presidente Javier Milei y desestimaron de plano las medidas punitivas anunciadas por la Casa Rosada. A través de un comunicado conjunto, la operadora británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum afirmaron que las licencias otorgadas por el gobierno colonial del archipiélago son legítimas y remarcaron que el plan de extracción petrolera continuará sin alteraciones.

“No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, subrayaron ambas firmas tras los anuncios del mandatario argentino, quien advirtió que la extracción formal de crudo en el archipiélago disputado podría comenzar en pocos meses si no media una respuesta contundente del Estado nacional.

Respaldo británico y avance sobre recursos en litigio

En su pronunciamiento, las operadoras petroleras recalcaron que los títulos de concesión otorgados por la administración de las islas cuentan con el “apoyo total y continuo del Gobierno británico”. El yacimiento Sea Lion transita su etapa final de exploración y delimita un punto de inflexión histórico: de concretarse la fase productiva comercial, se transformará en el primer antecedente formal de explotación y extracción sistemática de crudo en las aguas que el Reino Unido usurpa desde 1833.

El historial de diferendos legales ya cuenta con precedentes directos: la Argentina sancionó administrativamente a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022 por operar sin autorización de la Secretaría de Energía. Actualmente, el esquema hidrocarburífero ilegítimo en Malvinas involucra también permisos exploratorios otorgados a la británica Borders & Southern y a la canadiense JHI.

Decreto, proyecto de ley y juicios en ausencia: el paquete de sanciones

La respuesta de las empresas sobrevino luego del mensaje público en el que Milei anticipó una batería de acciones administrativas y legislativas para blindar los recursos del Atlántico Sur. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, remarcó el jefe de Estado, advirtiendo que en un plazo breve las compañías “tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.

El plan del Ejecutivo contempla la firma inmediata de un decreto de necesidad y urgencia para agilizar sanciones comerciales contra las firmas ejecutoras, sus accionistas, directivos y empresas proveedoras asociadas. Asimismo, la administración nacional enviará un proyecto de ley al Congreso para endurecer el régimen penal, vedar de manera definitiva cualquier tipo de actividad en territorio continental y habilitar la realización de juicios en ausencia contra ejecutivos corporativos. Milei anticipó además que buscará extender este esquema sancionatorio sobre otras áreas clave de la economía del archipiélago, como la pesca de calamar, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.

Cruce diplomático con Londres y retroceso en las bolsas

El endurecimiento de la postura argentina encendió inmediatas fricciones diplomáticas con Gran Bretaña. Tras las declaraciones presidenciales, el ministro de Defensa, Wes Streeting, y el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, calificaron como “inamovible” la postura del Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas, justificando su presencia en el principio de autodeterminación de los isleños.

En el plano financiero, la advertencia argentina generó volatilidad en las cotizaciones bursátiles de las compañías implicadas: hacia la media jornada europea, las acciones de Rockhopper se desplomaron más de un 5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron un 2% en los paneles de Tel Aviv.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Jessica Corti en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.

La representante del Ministerio Fiscal narró las circunstancias en que se produjo la aprehensión del imputado el domingo 23 de agosto de 2026. Luego de argumentar su pretensión, la investigadora fiscal solicitó que se declare legal y legítima la misma.
La Fiscalía formuló cargos en contra del acusado por los delitos calificados como robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en concurso real con robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en ambos casos en calidad de coautor.
Finalmente, el MPF solicitó que se ordene la prisión preventiva en contra del imputado por el término de 45 días, pedido que fue aceptado por el juez interviniente.

La acusación

Primer hecho
El 23 de agosto pasado, a las 23:20 horas, C.D.S., circulando como acompañante a bordo de una motocicleta Motomel Blitz roja, conducida por otro sujeto, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría, se acercaron a una joven que se encontraba caminando junto a su madre por el pasaje Santillán al 900 de la ciudad Capital.

Mientras su cómplice aguardaba en el rodado para asegurar un rápido escape, C.D.S., descendió de la moto, apuntó con un arma de fuego a las víctimas y les exigió la entrega de su teléfono celular diciendo: “Dame el celular o te mato”, al observar que una de ellas no tenía, le quitó de sus manos un anillo y le sacó del bolsillo de su pantalón $15.000; mientras que a su madre, la empujó y le quitó del bolsillo $5.000.

Luego, abordó nuevamente el rodado en el que circulaba y junto a su consorte se dieron rápidamente a la fuga con los objetos sustraídos por calle San Luis en contra del sentido vehicular.

Segundo hecho
Momentos después, antes de las 23:30, C.D.S. circulando como acompañante a bordo de una motocicleta Motomel Blitz roja, conducida por otro sujeto, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría, se acercaron a una adolescente de 14 años de edad, cuando regresaba del parque caminando junto a un amigo por calle San Luis al 1.100 de la ciudad Capital; fue que mientras su cómplice aguardaba en el rodado para asegurar un rápido escape, el sujeto descendió de la moto, tomó a la menor del cabello, la arrojó al suelo y le exigió la entrega de su teléfono celular, la amenazó con un arma de fuego diciéndole que si no le entregaba el teléfono le pegaría un “cuetazo”.

Al ver que la adolescente no entregaba su celular la golpeó en la boca. Por los gritos de auxilio, salió su primo, quien al observar la situación logró retener a C.D.S. hasta la llegada del personal policial que procedió a trasladarlo a la Comisaria Trece, junto con el anillo sustraído anteriormente. En tanto, el otro sujeto logró darse a la fuga a bordo de la motocicleta en la cual circulaba.

La obra pública fue una de las principales variables de ajuste del gasto público desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La decisión de reducir el financiamiento para infraestructura se tradujo en un cambio en la distribución de los recursos entre las provincias y en el avance de un nuevo esquema.

El gasto de capital pasó de representar el 7,5% del total del gasto primario -entre 2021 y 2023- al 2,5% en los últimos dos años. En términos del PBI, se redujo al 0,4%. Así lo indicó un trabajo de la consultora LCG.

La tendencia se profundizó en lo que va de 2026. El gasto de capital ya acumula una caída real del 10% entre enero y julio. De los 1241 proyectos activos, solo el 35% registró pagos durante los primeros siete meses del año. En ese período, el monto devengado alcanzó los $0,7 billones, apenas el 26% del crédito vigente. El área de Transporte concentra la mayor parte de los recursos.

El informe distinguió dos formas de financiamiento de la obra pública en las distintas provincias por parte del Gobierno: las transferencias de capital y los proyectos realizados de manera directa por Nación.

Con respecto a las transferencias de capital a las provincias, entre enero y julio, el Gobierno giró $0,5 billones para financiar obras, un 52% menos en términos reales frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, la distribución fue desigual. Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos. Se trata de jurisdicciones con gobernadores dialoguistas.

Mientras Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía en lo que va del año.

En términos per cápita, la disparidad es aún mayor: Catamarca recibió montos que superan en más de 23 veces al promedio provincial, sostuvo el reporte.

Con respecto a los destinos de los fondos, Tucumán concentró recursos para obras de transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de calzada de la ruta nacional N°7 por unos $11.682 millones.

Catamarca y Salta, en tanto, recibieron recursos para infraestructura de agua potable y alcantarillado, mientras que San Luis lo hizo para proyectos de vivienda.

Transporte, el principal destino de la inversión nacional

El otro tema que analizó el informe de la consultora LCG es la caída de la obra pública ejecutada por Nación. Desde enero, la inversión acumula un recorte del 38% en términos reales.

Dentro del gasto, Transporte concentró la mayor parte de los recursos, con el 43% de la ejecución total (dos puntos por debajo del año pasado a la misma altura). El programa con mayor nivel de inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%. Aun así, registró una caída del 28% real interanual.

En el desglose por provincias, Buenos Aires recibió $29.693 millones o el 19% de los fondos destinados a Transporte, asignados a la construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9300 millones) y a las etapas III y IV del programa MAS ($10.300 millones).

Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos, que completaron el grupo de jurisdicciones con mayores asignaciones en el área.

Traspaso de rutas y concesiones: la nueva estrategia para reactivar la obra pública

El fuerte recorte de los recursos nacionales obligó a buscar alternativas para sostener la infraestructura. En ese contexto, el Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a las provincias con gobernadores dialoguistas, para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas.

Ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán lo rechazó.

El avance de este esquema responde al reclamo de las provincias por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos.

El primer acuerdo fue firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, el 22 de julio. El convenio contempla la gestión de la ruta nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años.

La firma de estos convenios representa el primer paso concreto del esquema que el Gobierno habilitó en abril con el decreto 253. Esa norma había autorizado a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones.

La delegación de facultades, sin embargo, no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado mantiene el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores, mientras que las provincias podrán asumir funciones vinculadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, siempre que previamente firmen convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y obtengan la aprobación de la Secretaría de Transporte.

“El segundo mecanismo es la concesión de infraestructura vial al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones, mediante la cual la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9000 kilómetros de rutas (de un total de 40.000 kilómetros en manos nacionales), bajo esquemas de concesión por peaje”, indicó LCG.

De esta manera, Milei busca reemplazar el modelo de obra pública financiada directamente por Nación por otro basado en concesiones, participación privada y una mayor intervención de las provincias.