Un incendio se registró este jueves en un edificio ubicado sobre la calle San José al 1121, entre Humberto Primo y la avenida San Juan, contiguo al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner.

Origen y desarrollo del foco ígneo

Según los datos preliminares, el fuego se originó en el tercer piso de una torre de ocho plantas. Al momento del reporte inicial, las llamas continuaban activas y las dotaciones de emergencia trabajaban para su control.

Evacuación y atención médica

Como medida preventiva, los vecinos del edificio se autoevacuaron mientras personal de Bomberos y de emergencias trabajaba en el lugar. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que dos personas fueron trasladadas al hospital Penna por inhalación de humo. No se difundieron detalles sobre la gravedad de su estado de salud en los informes iniciales.

Tareas de Bomberos y estado del inmueble

Las autoridades indicaron que se mantenían las tareas de extinción y la inspección del inmueble para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del edificio o a construcciones linderas. Pasadas las 16, Bomberos comunicó que no quedaban pacientes dentro del edificio y que iniciarían una segunda revisión, que consiste en inspeccionar y despejar cada uno de los pisos.

Declaraciones oficiales

Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que el incendio afectó el tercer piso y que aún se desconoce la causa. Aclaró que en la vivienda afectada se registró destrucción total y que la misma estaba ocupada por una pareja de adultos mayores —una mujer de 80 años y un hombre de 82—, quienes fueron internados por inhalación de humo. Además, consignó que una mujer de 57 años de otro departamento presentó una crisis nerviosa. En total, se evacuaron unas 30 personas y, según Crescenti, el incendio ya estaba controlado en su totalidad. Señaló además que en el edificio donde reside Cristina Kirchner no hubo evacuados ni afectaciones.

Por el operativo, el tránsito permanece interrumpido sobre la calle San José mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia. Hasta el momento, Cristina Kirchner no debió ser evacuada de su domicilio.

Días atrás, Cristina Kirchner cumplió un año de prisión domiciliaria en el departamento lindero al edificio donde se produjo el incendio. La condena fue dictada por un Tribunal Oral Federal en la causa Vialidad. En el departamento, de 260 metros cuadrados, la expresidenta recibe visitas de familiares, dirigentes y abogados.

Por pedido del Ministerio Fiscal, se dispuso la apertura a juicio oral y público de la causa seguida contra Daniel Edgardo Chavarría. La acusación sostiene que el imputado, aprovechándose de la confianza que generaba su condición de personal policial y de las funciones que desempeñaba en el Paseo Sáenz Peña, llevó adelante diversas maniobras que ocasionaron importantes perjuicios económicos a feriantes y comerciantes. El MPF adelantó que pretende una pena de 14 años.

Este miércoles 5 de agosto se desarrolló una audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba en el marco de la investigación que tiene como imputado a Daniel Edgardo Chavarría, quien al momento de los hechos se desempeñaba como sargento primero de la Policía. La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, y en esta oportunidad representada por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
La investigadora requirió la apertura a juicio oral y público por el delito de estafa por abuso de confianza en calidad de autor, en concurso real con el delito de estafas reiteradas. Como pretensión punitiva, el MPF adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Al exponer la teoría del caso y el material probatorio que será incorporado durante el debate, Rafael destacó las declaraciones testimoniales de las víctimas y la documentación aportada durante la investigación. Entre las evidencias, mencionó una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) sobre talonarios y recibos manuscritos firmados por el imputado. Asimismo, hizo referencia a un informe elaborado por el equipo contable del MPF que determinó que el daño económico estimado y actualizado al 31 de agosto de 2025 asciende a casi 39 millones de pesos.

“Hay una pluralidad de víctimas que se han animado a denunciar y, por supuesto, hay una cantidad importante de otras más que no lo hicieron. Y hay un claro motivo: en reiteradas oportunidades manifestaron que Chavarría era personal policial”, sostuvo Rafael durante la audiencia. La representante del MPF también remarcó que “no es un dato menor que de esta investigación se desprendió una asociación ilícita que se está investigando bajo otro legajo, que fue declarado, al igual que éste, asunto complejo”.
La querella adhirió a todos los planteos formulados por el Ministerio Fiscal. Finalmente, el juez interviniente hizo lugar a lo solicitado y dispuso la elevación de la causa a juicio.

Los seis hechos imputados

Hecho 1 (cobro indebido de alquileres y renovaciones)

La acusación sostiene que Chavarría, aprovechando las funciones que desempeñaba en el Paseo Sáenz Peña y la confianza depositada en él por los propietarios y los feriantes, percibió de distintos locatarios sumas de dinero en concepto de adelantos de alquileres y renovaciones contractuales para el año 2024. Mediante estas maniobras habría recibido un total de $4.760.000, fondos que nunca fueron rendidos a la sociedad administradora del predio, ocasionando un perjuicio patrimonial tanto a los feriantes como a la firma propietaria del paseo comercial.

Hechos 2 al 6 (venta irregular de locales)

Asimismo, se le atribuye haber aparentado contar con facultades para comercializar locales de la feria que estaba en construcción en avenida Sáenz Peña 155. Bajo esa modalidad, habría concretado la venta de distintos puestos comerciales a varias personas, quienes realizaron pagos creyendo legítima la operación. Como resultado de estas maniobras, Chavarría habría percibido un total de $6.050.000, correspondientes a los aportes efectuados por cinco víctimas, provocando un perjuicio patrimonial a cada una de ellas.

Cuatro policías quedaron imputados por haber detenido, esposado y privado de la libertad durante seis horas a una niña de 13 años que filmaba un desalojo en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.

El hecho ocurrió el 22 de febrero de este año. El operativo que desarrollaba la Policía no era ordenado por un juez, por lo que los uniformados decidieron impedir que la pequeña continuara transmitiendo en vivo lo que ocurría. Optaron por reducirla y llevarla contra un patrullero. Allí, según se puede ver en un video que tomó el suceso, un uniformado la toca en sus partes íntimas en busca del teléfono, para quitárselo.

La pequeña fue subida a un patrullero sin avisarle a su familia y trasladada esposada por la espalda. La madre, al enterarse, alcanzó en moto al patrullero y exigió que le permitan acompañar a su hija, pero los policías le quitaron el teléfono con el que filmó la situación. Finalmente, la niña fue trasladada al hospital Padilla y paseada por las áreas comunes esposada por la espalda.

Seis meses después, los policías inervinientes fueron acusados por la Fiscalía. Este miércoles, quedaron imputados por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica (no asentaron la aprehensión) y privación ilegítima de la libertad. Los acusados son el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira, ambas personal transitorio policial.

La fiscalía a cargo de la causa es la de Delitos Complejos y fue representada por Federico Lizárraga. Ante la jueza Elizabeth Raddi no formuló cargos contra ninguno de los policías por el delito de abuso sexual y tampoco pidió prisión preventiva para los acusados. «A la magistrada le parecieron muy pocas las medidas de coerción que pidió el Ministerio Público Fiscal, porque tomaron medidas de menor intensidad. Sólo pidieron que los imputados no se acerquen a la niña a 300 metros y que fijen domicilio», explicó la abogada de la familia de la menor, Mariana Santillán.

«La madre de la niña me dijo que siente temor, ahora que los policías quedaron imputados, de que su hija sea perturbada por esta causa. Esto se agrava porque todavía no se realizó la Cámara Gesell para que declare la menor», completó. «Yo hubiera solicitado prisión preventiva, porque el conjunto de estos delitos no son excarcelables y la víctima debe estar tranquila hasta poder contar lo ocurrido», finalizó.

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