La Provincia recuperó el “Camping La Chepa” en El Cadillal

La Provincia avanzó con un procedimiento de recuperación de tierras en El Cadillal y detectó una docena de viviendas construidas en sectores donde está prohibido edificar. El operativo tuvo dos particularidades. La primera, que se realizó en un predio que desde hace más de una década funciona como camping. La segunda, que las autoridades encontraron construcciones que vulnerarían las restricciones establecidas por el Código Civil y Comercial para los márgenes de ríos y lagos.

“El Gobierno llevó adelante un operativo conjunto en el perilago del embalse para avanzar en la delimitación de la zona de ribera, preservar bienes del dominio público provincial y prevenir situaciones de riesgo para las personas y el ambiente”, señalaron oficialmente al informar sobre el procedimiento.

Funcionarios, técnicos y especialistas de distintos organismos se presentaron en el sector conocido como “El Camping de La Chepa”, ubicado sobre el camino que bordea el dique, a la altura de la desembocadura del río Tapia. Allí, la mujer, ya fallecida, había instalado un lugar para que los pescadores pudieran desarrollar la actividad. Sostenía que esas tierras le pertenecían por un supuesto derecho ancestral. Sin embargo, se sabe que esas parcelas fueron incorporadas al patrimonio estatal cuando se construyó el dique.

Tras el fallecimiento de la ocupante, sus hijos habrían comenzado a dividir y comercializar parcelas dentro del predio. Durante el relevamiento, los organismos provinciales constataron la existencia de aproximadamente una docena de viviendas emplazadas en una zona no habilitada para la construcción, algunas de ellas ubicadas a escasa distancia del espejo de agua.

Ante esta situación, las autoridades avanzaron con la delimitación precisa de la línea de ribera, teniendo en cuenta las modificaciones registradas en la cota máxima del lago luego de las obras ejecutadas en la Presa 3.

“La zona de ribera integra el dominio público conforme a lo establecido en el artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, independientemente de la titularidad dominial de los padrones involucrados”, explicaron los funcionarios.

“Encontramos aproximadamente una docena de viviendas en un sector donde no está permitida la construcción. Nuestra responsabilidad como Estado es actuar para proteger el patrimonio público, preservar el ambiente y, fundamentalmente, prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas”, sostuvo Raúl Ferrazzano, fiscal adjunto de la Provincia.

El operativo contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Productivo, Martín Lazarte; del director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio, Hugo Vitale; del subdirector de Catastro, Ariel Llabra; del director de Flora y Fauna, Juan Carlos Parajón; y de Jorgelina Fontdevila, en representación del Ente Tucumán Turismo, además de equipos técnicos de los distintos organismos intervinientes.

“El Cadillal es uno de los grandes patrimonios naturales y turísticos de Tucumán. Cuidarlo implica ordenar, prevenir y garantizar que estos espacios, que pertenecen a todos los tucumanos, puedan ser disfrutados de manera segura y responsable”, concluyó Ferrazzano. /La Gaceta