El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que el Gobierno de Tucumán desistió de expropiar tres inmuebles donde se proyectaban obras públicas, ante la falta de financiamiento y el riesgo de condenas judiciales millonarias para el Estado. La decisión se comunicó en una conferencia de prensa, desde la Casa de Gobierno, junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, quien explicó los aspectos legales y económicos de la medida.
Durante el anuncio, el mandatario explicó que la decisión se enmarcó en la defensa de la propiedad privada y del patrimonio provincial. “Desde el primer día que nos hicimos cargo, hemos dejado muy clara nuestra posición. Primero, en cuanto al respeto por la propiedad privada en la provincia de Tucumán, algo elemental y fundamental para quienes quieran realizar inversiones, con el respaldo legal del gobierno provincial. Por otro lado, vamos a hacer respetar el cien por cien el patrimonio de la provincia”.
El Gobernador contextualizó que la Provincia llevó adelante un proceso de recuperación de tierras públicas. Al respecto, precisó: “El 29 de octubre de 2023 iniciamos un proceso de recuperación de tierras del Estado que estaban en posesión de personas que no podían justificar su tenencia. En dos años hemos recuperado casi 1.000 hectáreas que pertenecen a los tucumanos y que tendrán una planificación para su utilización”.
El Primer Mandatario estuvo acompañado por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el vicepresidente y el director ejecutivo del IDEP, Juan Casañas y Maximiliano Martínez Márquez; y el jefe y jefe de la Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.
Expropiaciones y juicios
Con esa introducción, Jaldo explicó luego que las expropiaciones heredadas derivaron en litigios judiciales con altos costos potenciales. En esa línea, afirmó: “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia. Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”.
El mandatario detalló que obras previstas en tres grandes inmuebles —el Centro Multimodal de Cargas, la obra de electrificación de El Espinillo y un proyecto habitacional de 700 viviendas— no cuentan con financiamiento nacional ni internacional. En ese marco, señaló: “No están dadas las condiciones porque no hay financiamiento para obras de gran magnitud que la Provincia no puede costear. Si se consigue financiamiento, Tucumán hará todo lo necesario para que se concreten”.
Asimismo, informó el impacto económico de la decisión. “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la Provincia está en condiciones de recuperar cerca de 2.000 millones de pesos. En momentos difíciles, los tucumanos debemos cuidar cada peso y saber cómo invertirlo”, expresó.
Por su parte, la fiscal de Estado explicó que la política de expropiaciones se vinculó siempre con obras financiadas. En ese sentido, indicó: “Desde que asumió el gobierno del contador Jaldo, la decisión de expropiar ha sido muy justificada: hay obra, hay financiamiento y hay posibilidad de hacerla. No antes”.
Pedicone de Valls detalló que los tres juicios implicaban un riesgo inmediato para las finanzas provinciales. Al respecto, sostuvo: “Las constancias judiciales indican que la Provincia debía afrontar una suma de 5.268 millones de pesos por tres inmuebles sin financiamiento para las obras previstas”.
Desistir para cuidar los fondos
La funcionaria explicó el alcance legal de la medida adoptada. “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado. Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos”, señaló.
La decisión permitió evitar condenas inminentes y recuperar recursos provinciales, en línea con una estrategia de administración responsable del presupuesto público y priorización de servicios esenciales.
