El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, recibió en la Cámara a las impulsoras de un proyecto de ley que propone que las víctimas de abuso sexual infantil puedan suprimir el apellido del progenitor agresor dentro del mismo proceso penal, sin necesidad de iniciar una acción civil separada.

Del encuentro participaron las legisladoras Sara Lazarte y Maia Martínez, integrantes de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, junto a las abogadas Ingrid Lausberg, Jimena Gómez Roselló y Johana Resolla, impulsoras de la iniciativa junto a Sofía Rubino.

La abogada Ingrid Lausberg explicó el espíritu técnico de la iniciativa y su impacto en la vida de las víctimas. “Este proyecto busca que la víctima de abuso sexual por parte del progenitor pueda decidir, en resguardo de rehacer su vida y proteger su identidad, tener la posibilidad de suprimir el apellido del agresor. Presupuestariamente no es una iniciativa que implique un gran movimiento, pero sí tiene un impacto social fundamental”, señaló.

Lausberg también subrayó el rol de los abogados como operadores del sistema. “Los abogados somos el nexo entre las personas que buscan justicia y quienes la administran. Tenemos que incorporar esta perspectiva. El espíritu de la ley es que la víctima, ya sea niño, adolescente o adulto, pueda optar dentro del mismo proceso penal por suprimir el apellido del agresor. Tiene un impacto muy importante para poder rehacer su vida y no perpetuarse en el victimismo del abuso”, expresó.

Por su parte, la doctora Johana Resolla destacó el alcance del proyecto. “Es una iniciativa que viene a resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados, sobre todo el derecho a la identidad y el acceso más rápido y accesible a la justicia. Tenemos muchos niños y adolescentes atravesando esta situación y siendo revictimizados una y otra vez. Lo que buscamos es simplificarles la vida y contribuir a que puedan reconstruirla”, afirmó.

Resolla también valoró la predisposición de las autoridades legislativas. “Se pusieron a disposición. Vamos a empezar a trabajar junto con la comisión, así que nos vamos con la esperanza de que pronto podamos contar con un proyecto que resguarde los derechos de los niños”, sostuvo.

Sofía Rubino compartió parte de su experiencia y valoró el recibimiento en la Legislatura. “Vinimos a mostrar todo lo que hicimos después del proceso penal, todo el trabajo de activismo y lo que significa atravesar un proceso de ocho años, con la condena más alta de Tucumán. También presentamos el libro Somos Sobrevivientes y este proyecto de ley”, expresó.

Sobre la respuesta del vicegobernador, destacó: “Lo que recibimos fue una escucha muy activa. Nos puso toda una comisión a disposición para ayudar y acompañar a más personas, no sólo jóvenes, sino también niños, niñas y adolescentes”.

A su turno, la legisladora Maia Martínez destacó el valor del testimonio de Sofía Rubino y el rol de la apertura legislativa para transformar experiencias de vida en herramientas normativas. “Una enorme tarea de la Comisión de Familia es lograr, a partir de estos testimonios, convertirlos en proyectos y en leyes para que muchas personas en Tucumán no sigan atravesando lo mismo. Es de destacar la fuerza y el valor de esta joven que, con 23 años, recorre la provincia dando su testimonio y acompañando a otras chicas en sus procesos”, expresó.

Por último, la legisladora Sara Lazarte manifestó: “Fue muy movilizante escuchar a esta joven, que esperó tantos años para obtener una sentencia y que hoy nos acerca un proyecto tan importante. La comisión se va a poner a trabajar. Como dice nuestro vicegobernador, la Legislatura está abierta para todos aquellos que quieran acercar una propuesta”, concluyó

La Dirección de Comercio Interior de Tucumán resolvió imponer una multa superior a los 6 millones de pesos contra la firma Tarjeta Naranja S.A.U., tras comprobar el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio celebrado con una consumidora tucumana en el marco de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por la ciudadana Viviana Ester Isaac, quien manifestó no haber recibido información clara ni precisa sobre una deuda que la empresa pretendía cobrarle, además de denunciar trabas para dar de baja la tarjeta pese a haber cancelado las cuotas y costos de renovación.

Durante la audiencia de conciliación realizadas, la empresa se comprometió formalmente a cancelar la deuda en un plazo determinado y actualizar la situación crediticia de la usuaria ante el Banco Central que estaba afectada la firma a consecuencia. Sin embargo, según consta en el expediente, el acuerdo nunca fue cumplido.

Tras el análisis jurídico correspondiente, la Dirección de Comercio Interior determinó que la firma incurrió en una infracción al artículo 46 de la Ley 24.240, que establece que el incumplimiento de acuerdos conciliatorios constituye una violación directa a los derechos de consumidores y usuarios.

La resolución establece una multa equivalente a cuatro canastas básicas para el hogar 3, alcanzando un monto total de $6.034.961, además de ordenar la publicación de la sanción en un diario de mayor circulación de la provincia.

El director de Comercio Interior, Manuel Canto, expresó: “La Dirección es inexorable cuando los acuerdos homologados por este organismo no se cumplen. Nuestro deber es garantizar que las empresas respeten los derechos de los consumidores y usuarios, y que cumplan con lo que acordaron».

Asimismo, sostuvo que estas acciones se llevan adelante “cumpliendo las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo; del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y del subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard, que todos los días les piden que cuidemos a los usuarios, bajo una premisa clara: primero los tucumanos”.