El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al proyecto de reforma electoral que el Gobierno Nacional analiza para incorporar un sistema de colectoras de cara a las próximas elecciones nacionales que incluye la suspensión de las PASO y  señaló que, hasta el momento, no conoció una propuesta formal que permita realizar una evaluación.

En ese sentido, el mandatario expresó: “La verdad que no lo conozco al proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general. No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores”.

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Jaldo indicó que la posición del Gobierno provincial y del bloque Independencia respecto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no sufrió modificaciones.

“Nosotros hemos sido muy claros, y reitero, para que nadie se equivoque, nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

Por último, el gobernador remarcó que aguardará la presentación oficial de la iniciativa antes de emitir una opinión sobre el contenido del proyecto.

“Ahora, no sabemos qué es eso de las colectoras, no sabemos cuáles son las modificaciones que el Gobierno nacional está proponiendo o está por proponer, pero no podemos opinar de algo que todavía no se ha propuesto y mucho menos lo conocemos. Seguramente hay que esperar y tener paciencia”, cerró.

Además de la visita del Papa, la reforma política se transformó en la principal ambición del Gobierno para el segundo semestre. De una modificación de las reglas electorales puede depender el destino político de Javier Milei en los comicios presidenciales, cuando buscará la reelección. Y tienen apuro: después, en el año electoral, estas discusiones quedan mal vistas.

Con la agenda de fondo puesta en reunir adhesiones, es probable que los mandatarios que asistan a Tucumán sean los mismos que participaron de la jura de Santilli el martes pasado. Y, como ocurrió con esa ceremonia en el Salón Blanco, en el Gobierno buscarán usar el evento para mostrar adhesiones a las iniciativas oficiales.

En Balcarce 50, mientras, también reconocen que el debate por las colectoras, que escaló entre el miércoles y el jueves, se usará para negociar a favor de las PASO con los gobernadores que se resisten a la reforma. Y, de fondo, dicen, tienen la intención de dar la discusión “frente a la sociedad”. De hecho, los cuestionamientos que generó en la oposición kirchnerista la posible reintroducción de las colectoras fueron música para los oídos de La Libertad Avanza, ayer.

En el bloque violeta de la Cámara de Diputados admiten que, por el momento, el consenso más sólido es para eliminar la obligatoriedad de las primarias, de manera que sigan siendo “Abiertas y Simultáneas” pero no “Obligatorias”. Ir a una “PAS” aparece como el objetivo intermedio, mientras la máxima aspiración oficialista sigue siendo suspenderlas o eliminarlas directamente.

Dos días antes del encuentro en Tucumán se realizará la mesa política, que también será la primera de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. De ese encuentro, que obligó a postergar la conferencia de prensa, participará en su nuevo rol, seguramente, Gustavo Coria, histórico asesor del referente de PRO, en un cónclave donde el oficialismo hará un poroteo de gobernadores por tres frentes que negocia en paralelo: la reforma política, la ley de zonas frías y el proyecto de “inocencia fiscal”. /Infobae/

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni no puede irse del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario. Además, en los tribunales federales de Comodoro Py echaron por tierra otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención.

Tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes del exvocero presidencial, habían pedido en los últimos días la detención de Manuel Adorni, o en subsidio, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. El fiscal y el juez descartaron ambos planteos.

En particular, el representante del Ministerio Público opinó que ni siquiera las conversaciones que el exjefe de Gabinete mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo fueron un entorpecimiento.

Manuel Adorni y Matías Tabar

Tabar es el contratista que remodeló la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, propiedad en la que Manuel Adorni gastó al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla.

La causa

En las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial que estará basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará, precisamente, si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.

Gerardo Pollicita, fiscal federal a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Foto: Franco Fafasuli

Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas.

Ese requerimiento de justificación funcionará como una primera oportunidad que tendrá el investigado para explicar que su fortuna tiene un origen legal. Públicamente, Adorni contó que tenía en negro 500.000 dólares que alguna vez fueron criptomonedas. Su versión aún no fue comprobada en la Justicia.

Esta semana declararon los últimos testigos antes de que la causa avance a esta próxima etapa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma son tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial que reconocieron en sede judicial haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para que haga compras millonarias sin dejar rastros.