La legisladora Sandra Orqueda (FR) quedará este lunes al frente de Poder Ejecutivo

Este lunes a primera hora está previsto un encuentro entre el jefe de Gabinete, Juan Manzur y las principales autoridades provinciales mantendrán una reunión. Por tal motivo, la legisladora de Fuerza Republicana, Sandra Orquera, quinta en el orden de sucesión, quedará a cargo de la gobernación de la provincia. Esto marcará una hecho histórico al convertirse en la primera mujer en estar al frente del Poder Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda de la Legislatura, una vez que parta la comitiva provincial a la Capital Federal, hará uso del sillón de Lucas Córdoba.

Osvaldo Jaldo, anunció que este lunes mantendrá una cumbre con el Jefe de Gabinete en Buenos Aires, y lo hará junto a los legisladores Sergio Mansilla y Regino Amado, primera y segunda autoridad respectivamente de la Legislatura.

De esta manera quedarán a cargo del Ejecutivo a la vicepresidenta segunda del cuerpo, la bussista Orquera, la que fue confirmada en la mesa de conducción en la sesión especial del 20 de septiembre, cuando se concedió la licencia al gobernador Manzur.  “Es un honor inmenso para mí ocupar el sitio en el que supo estar el general Antonio Domingo Bussi, el último gran gobernador de Tucumán”, manifestó Orquera.

Cabe recordar que desde que el genocida Antonio Bussi cumpliera su mandato democrático como gobernador de la provincia entre 1995 y 1999, desde entonces ningún republicano volvió a desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo.

Bussi durante su mandato se vio obligado a enfrentar las acusaciones de peculado por haber omitido en sus declaraciones patrimoniales la posesión de U$s100.000 en el extranjero. «Ni lo niego ni lo afirmo», fue su frase elegida en aquellos momentos ante la consulta periodística. Tras este episodio fue suspendido durante tres meses al frente del Poder Ejecutivo Provincial entre marzo y mayo de 1998, para ser sometido a juicio político, en el cual fue absuelto debido a la mayoría de su partido en la Legislatura provincial.

Además otros hechos de corrupción salpicaron su administración, como la constitución de firmas inexistentes para ganar licitaciones de obras públicas, siendo la más notoria, el caso de su ministro de salud Carlos Quijano, quien había concedido obras millonarias en hospitales a una firma fantasma cuyo titular era un humilde albañil.

Por último, antes de su muerte enfrentó un largo proceso de juicio por crímenes de lesa humanidad, en la conocida Megacausa, que lo condenó a cadena perpetua, con reclusión en los cuarteles de Arsenales, ubicado en Los Nogales.