A siete meses de la violenta represión por el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria -anticipatoria de las que seguirían en las marchas de los jubilados- en la que la Policía Federal gaseó en la cara a una niña de 10 años, y a cuatro meses de la presentación ante la justicia de abundante prueba filmada, el fiscal federal Eduardo Taiano finalmente pidió la citación a indagatoria de Cristian Miguel Rivaldi. Rivaldi es el policía que fue identificado como quien disparó con su gas lacrimógeno contra la pequeña, directo a la cara, «de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia», según describe el fiscal en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal 9, que hasta la semana pasada subrogaba la jueza María Eugenia Capuchetti y actualmente está a cargo de Sebastián Ramos.
El revés de la ministra Bullrich se suma a la investigación que abió la bicameral de Inteligencia en el Congreso, en la que está citada a dar explicaciones sobre la participación ilegal de los servicios de inteligencia en la represión a los jubilados.
Pese al accionar completamente ilegal y fuera de todo protocolo que describe con precisión el fiscal Taiano, la ministra Patricia Bullrich nunca inició sumario ni investigación alguna luego de que tanto la nena, Fabrizia Pegoraro, como su mamá Carla, salieran heridas en un momento que resultó transmitido por los canales de noticias, en una secuencia que corroboran también las numerosas filmaciones de las cámaras de la Ciudad presentadas en la causa.
Ocurrió exactamente lo contrario: Rivaldi, integrante de la División Operaciones Urbanas de Contención Antidisturbios de la Policía Federal, siguió participando de las represiones a los jubilados, y hasta fue ascendido en su rol operativo, asumiendo la tarea de jefe del operativo de la marcha en la que apalearon a los jubilados (previa a la de la participación de las hinchadas).
No sólo eso: La reacción de la ministra Bullrich ante la difusión de las imágenes de la niña gaseada fue salir a acusar públicamente a la madre -una mujer de bajos recursos, madre soltera, que vive con su hija en una pieza de alquiler- de «irresponsable y violenta». Pero, además, Bullrich y su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recorrieron canales de noticias para instalar la mentira de que a la nena la había gaseado «una manifestante de chaleco naranja», algo que se demostró falso casi al momento.
Algún tipo de freno
En su pedido de indagatoria, el fiscal sostuvo que la nena y su mamá estaban «sentadas en la vía pública sin ejercer ningún tipo de resistencia ni agresión», que el policía las atacó «de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia», que a raíz de la agresión Fabrizia sufrió «conjuntivitis química que le perduró por varios días causándole dolores y malestares en la vista». Recoge testimonios y presenta material fotográfico.
«Con este pedido de indagatoria se empieza a terminar la impunidad de Bullrich, es el primer freno que le pone la justicia», celebró en diálogo con Página/12 Gregorio Dalbon, quien como representante de Fabrizia y su mamá radicó la denuncia contra la ministra por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
«Más allá de que se identificó al autor material, y es un paso enorme al que seguirá la citación al jefe del operativo, la principal imputada por nosotros es Patricia Bullrich, como la máxima responsable del operativo. Ella también tiene que ser llamada a indagatoria y juzgada, más allá de su responsabilidad política. Este es un primer revés, después de toda la impunidad de la que gozó en su gestión, al que seguirán otros», aseguró.
Se trata de un antecedente importante para otras dos causas por hechos represivos que no están mostrando avances en la justicia: la del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido en la cabeza, y la de Beatriz Blanco, la jubilada de 87 años agredida por la policía a la que Bullrich calificó de «patotera».
Sembrar miedo
Dalbon anticipó a Página/12 que más allá de esta causa penal, iniciarán una demanda civil reclamando por el daño y prejuicio sufridos por Carla y Fabrizia Pegoraro. La descripción del miedo atravesado por la mujer «a que la saquen de la escuela a la hija, a que le saquen la tenencia siendo madre soltera» tiene que ver con la amenaza pública de la ministra. El tuit que la funcionaria publicó ese mismo día de la represión lleva por título, en mayúsculas: «Madre irresponsable y violenta». «En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena», invirtió los hechos. «La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable. Ya les dijimos: Llevar a los chicos a las marchas está prohibido», inventó la prohibición.
En la declaración que cita Taiano en su escrito Carla describe los efectos del nuevo gas de Bullrich, recibido a corta distancia: «nos causó una gran irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo». Cuenta que fueron asistidos en el momento «por un grupo de personas que estaban vestidas con ropa de color naranja», pero que a los dos días tuvo que llevar a su hija al hospital Santa Lucía porque los dolores seguían. «Si bien yo no tengo más síntomas, al día de hoy mi hija sigue con dolores en los ojos a raíz de ese hecho, puntualmente porque le lagrimean sin motivo alguno”, describe las consecuencias de la agresión.
