La Justicia auditará los celulares de la pareja detenida con 120 kilos de marihuana

La justicia Federal ordenó auditar los teléfonos celulares de la pareja de tucumanos detenidos en la provincia de Santiago del Estero con 120 kilos de marihuana, según confirmaron fuentes judiciales. Uno de los detenidos Jesús Busto, se desempeñaba como empleado del sistema de salud de la provincia por lo que con la medida buscan determinar contactos y comunicación relacionada con la causa.

El caso ocurrido el 26 de octubre en Santiago del Estero, cuando Busto y Mabel Costilla estaban a punto de cruzar a Tucumán con 120 kilos de marihuana,  profundizó la investigación sobre sus posibles nexos con personal del Sistema Provincial de Salud  (Siprosa) como parte de una red de narcotráfico. Además, se pidió informes a la Provincia para constatar la autenticidad de los certificados de libre circulación del Comité Operativo de Emergencia (COE) con que contaba la pareja a la hora de ser detenida. Buscarían también determinar los nombres y la responsabilidad de las autoridades que firmaron en caso de no resultar apócrifas.

Una primera investigación de la Justicia Federal determinó que Busto trabajaba en el programa «Tucumán te cuida» en Las Cejas, lugar de paso para todos los que transitan por la ruta 34, y por donde iba a pasar la mercancía. Además existen demasiados indicios que la pareja formaba parte de una banda que comercializaba la droga. Ahora queda determinar quién o quiénes son los dueños de la mercancía.

Auditorias

El pasado viernes trascendió que hubo traslados y desplazamientos de más de una quincena de empleados de la sección Automotores en la que se despliega otra línea investigativa.  Desde hace años, la División de Drogas de la Policía Federal con asiento en Tucumán investiga a una banda que integrarían personal del Siprosa. La investigación apuntaba a que éstas operaban con «mulas» o «postas» en diferentes lugares de la ruta para ingresar desde Salta marihuana y cocaína. Tenían que esconder los paquetes y habría usando éstas instalaciones del Departamento Operativo, ubicada en la zona del barrio Juan XXIII.

Pese a permanecer dormida, se espera que la causa vuelva a reactivarse tras la detención de Busto. Paralelamente el Siprosa inició en esta repartición una auditoria y se especula con apercibimientos para aquellos agentes que aún no han actualizado su certificados de antecedentes que emite la Policía de Tucumán.

Los coletazos de la causa

En el largo expediente iniciado durante 2016, aparece un nombre que ya fue mencionado en la causa que lleva adelante la fiscal Ileana Garzón contra el ahora ex empleado del Siprosa: el concejal capitalino José Luis Coronel. El edil llegó al cargo como aliado político del secretario general de Atsa, el legislador Renée Ramírez. Coronel entonces se desempeñaba como titular Departamento de Operativos Móviles del Siprosa, que es el sitio apuntado en la pesquisa de aquellos años como el centro de operaciones de una banda narco que traía droga de Corrientes. Algunas fuentes indicaron que pese a ocupar una banca en el cuerpo deliberativo, el edil continuaría utilizando estas oficinas.

La pesquisa iniciada por la División Antidrogas de la Policía Federal anotó tres nombres: Miguel Ángel “Liro” Andrade, Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez, todos ellos empleados destinados a esa repartición con sede en Italia y Thames, una de las entradas a «La Bombilla». Aunque en los expedientes laborales de todos ellos aparecen certificados de buena conducta, lo cierto es que los prontuarios de dos de ellos son bastante extensos, acumulando numerosas causas de delitos contra la propiedad en las que aparecen mencionados.

En una de esas causas aparece el concejal Coronel, de quien los investigadores sospechan  ya que habría participado en varios viajes de pesca a Corrientes y también porque los tres sujetos investigados apoyaron abiertamente su campaña. Sospechan que Coronel habría apadrinado a los sospechados para que ingresaran al Siprosa. Sin embargo, esto fue negado por el edil. También se apuntó al legislador Ramírez, puesto que hay fotos de los tres apoyando su candidatura a legislador.

En mayo de 2019, el fiscal federal Carlos Brito solicitó medidas de allanamientos que incluían los galpones del Departamento de Operativos Móviles del Siprosa. El juez Bejas no autorizó los procedimientos porque a su criterio, no se habían presentado pruebas suficientes, pero solicitó que se siga adelante con la investigación.

Cabe señalar que tras esta decisión del magistrado y al tomar relevancia la detención del ex empleado del Siprosa con el abultado cargamento de cannabis, la oposición encabezada por la senadora Silvia Elías de Pérez, pidió al Consejo de la Magistratura auditar el comportamiento del recientemente integrante del Juzgado Electoral Federal.,