La magnitud del recorte aplicado sobre el sistema educativo es casi del doble del ajuste general del gasto público nacional (21,1%), según surge de comparar la ejecución de 2023 con el crédito vigente de 2024. En otras palabras, la educación recibió un ajuste mayor que el resto del Estado. Y esa caída no llegará a revertirse en 2025, según lo proyectado en el presupuesto, de acuerdo con el documento, titulado “Presupuesto educativo nacional 2025″ y elaborado por Javier Curcio (economista de la UBA y Conicet), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (investigadoras del Observatorio de Argentinos por la Educación). A contramano del discurso del presidente Javier Milei, la “motosierra” nacional afectó más fuertemente a la educación básica (las escuelas) que a la educación superior (las universidades).

Entre 2023 y 2024 (con datos al 22 de septiembre), el recorte de fondos para las universidades fue del 30%. En ese mismo lapso, las caídas fueron del 71% para Conectar Igualdad, 64% para infraestructura y equipamiento, 57% para acciones de formación docente, 57% para formación tecnológica, 55% para fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y 54% para becas a estudiantes: esos programas se dirigían a los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria). A estos recortes hay que sumarles la eliminación, en enero, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que suponía un aporte de la Nación a los salarios docentes (con una caída del 93%).

El ajuste de la inversión educativa nacional aplicado este año no tiene antecedentes comparables en los 40 años de democracia. Solo hubo una reducción interanual simi

lar en 1992 (con una caída del 41%), como consecuencia de la Ley 24.049 de 1991, que estableció la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios de la órbita nacional a las provincias, en el marco de una reforma estructural del Estado. En los años posteriores del menemismo, la inversión educativa volvió a crecer de la mano de la creación de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y General Sarmiento (UNGS) en 1992, La Rioja (UNLaR) y Patagonia Austral (UNPA) en 1994, Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF) y Villa María (UNVM) en 1995.

El ajuste educativo nacional de 2024 es mayor al efectuado durante las peores crisis económicas de las últimas décadas, como la de 1989 (con un ajuste educativo nacional del 24%) o la de 2002 (con un ajuste del 15%). Así surge de los datos de gasto público educativo del Ministerio de Economía tomados de un informe previo del Observatorio de Argentinos por la Educación elaborado por los economistas Alejandro Morduchowicz, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman. Si se observan los últimos 20 años, las mayores caídas interanuales de la inversión educativa nacional (en pesos constantes) se habían dado en 2018 (-11%) y 2019 (-14%).

Entre 2023 y 2024, solo aumentaron de manera significativa los recursos públicos para Trabajo (+115,8%) e Inteligencia (+32,2%). De las 29 “funciones” que contempla el presupuesto nacional, “Educación y Cultura” (-40,2%) figura entre las 11 que recibieron los mayores ajustes. Si se mira el presupuesto por áreas de gobierno (y no funciones), el recorte para la Secretaría de Educación (-43%) fue mayor que el aplicado en el Poder Legislativo (-24,8%) y en el Poder Judicial (-21%). También supera los recortes en los ministerios de Seguridad (-17,7%), Defensa (-17,8%) y Economía (-26,7%), entre otros.

El Ministerio de Educación había recibido el 6,4% del presupuesto nacional en 2023, mientras que en 2024 la participación de la Secretaría de Educación se redujo al 4,6% del presupuesto. En el mismo lapso, la participación de la función “Educación y Cultura” en el presupuesto nacional se redujo del 7,3% en 2023 al 5,5% en 2024.

Además de comparar la inversión educativa nacional de 2023 y 2024, el informe de Argentinos por la Educación analiza el presupuesto educativo nacional para 2025, teniendo en cuenta los gastos destinados a la función “Educación y Cultura” y los de la Secretaría de Educación del Ministerio del Capital Humano (que representa alrededor del 80% de la función “Educación y Cultura”, mientras que el restante 20% corresponde a otros ministerios como Defensa e Infraestructura). Los autores usaron los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía sobre el crédito ejecutado en 2023 y sobre el crédito vigente (al 22 de septiembre) para 2024. Para 2025, analizaron el proyecto de Ley de Presupuesto que se está debatiendo actualmente en el Congreso.

“El debate presupuestario permite consensuar las prioridades y énfasis de los programas de gobierno planificados para el próximo período. Este año es crucial para el sector público nacional argentino para organizar la recuperación imprescindible, especialmente en el sector educativo. Se requiere un gran acuerdo nacional para identificar los problemas a resolver, organizar las respuestas y dotar de financiamiento adecuado a las intervenciones que cada nivel de gobierno debe ejercer para avanzar en el camino de superar la tragedia educativa que atravesamos”, afirmó Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA Conicet y coautor del informe.

Si bien el proyecto de presupuesto para el año próximo prevé un aumento interanual de los recursos para educación con respecto a 2024, la caída de este año fue tan significativa que en 2025 no llegará a haber una recuperación a los niveles de 2023, según lo muestra el informe de Argentinos por la Educación, como también un análisis del especialista Alejandro Morduchowicz y un informe de CTERA, entre otros estudios que hicieron foco en la dimensión educativa del nuevo presupuesto.

Luego de la caída del 40% en 2024, para 2025 se prevé que el presupuesto de la Secretaría de Educación varíe un 6,87%, mientras que para la función “Educación y Cultura” se espera una mejora del 0,65%, según la inflación estipulada en el proyecto de ley (18,3% en 2025). En cambio, si se considera la inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (38,4%), en 2025 habrá una nueva caída de la inversión en términos reales, tanto de la Secretaría de Educación (-1,18%) como de la función “Educación y Cultura” (-6,93%).

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cinco áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2025 (+6,87%), superada por el Ministerio de Salud (146,75%), Obligaciones a cargo del Tesoro (27,64%), Presidencia de la Nación (13,58%) y el Poder Judicial (6,97%). En tanto, la función “Educación y Cultura” queda en el puesto 14 en el ranking de aumentos presupuestarios con respecto a 2024 (+0,65%).

Si se la mide como porcentaje del PBI, la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%). Si se la mide como porcentaje del presupuesto nacional, la Secretaría de Educación recibirá el 5,1% en 2025, por debajo del 6,4% recibido en 2023. En tanto, la inversión en la función “Educación y Cultura” será de 5,8% en 2025, por debajo del 7,3% de 2023. Como en años anteriores, la Seguridad Social (52,5%) y el Servicio de la Deuda Pública (8,7%) serán los principales rubros del presupuesto nacional en 2025.

Al analizar los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, surge que los fondos para universidades (“Desarrollo de la educación superior”) tendrán una recuperación del 2% en 2025: la cifra queda muy lejos de compensar la caída del -30% en 2024, que motivó el conflicto expresado en dos marchas federales –en abril y octubre– y, actualmente, la toma de universidades públicas y el plan de lucha anunciado por los sindicatos en todo el país.

Solo un programa de la Secretaría de Educación –”Gestión educativa y políticas socioeducativas” – tuvo incrementos en 2024 (15%) y 2025 (14%). Destinado a la educación obligatoria, este programa apunta a “acciones que atiendan la cobertura, la actualización curricular y el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza”, entre otras cuestiones, según la descripción oficial. El resto de los programas experimentaron recortes en 2024 y volverán a caer en 2025; varios –entre ellos, Conectar Igualdad– directamente se eliminan.

Más allá de los recortes y eliminaciones, la gran novedad de 2025 es la aparición en el presupuesto del Plan Nacional de Alfabetización, al que se reasignarán fondos que antes correspondían a otras partidas (como jornada extendida o distribución de libros) y también financiamiento nuevo. La política de alfabetización, impulsada este año por la Secretaría en conjunto con el Consejo Federal de Educación, recibirá el 11,6% del presupuesto educativo nacional según el proyecto de presupuesto. Es el principal programa del Gobierno nacional para la educación obligatoria. En 2025, 2 de cada 3 pesos (66,5%) del presupuesto educativo nacional serán para las universidades, y el restante irá a las escuelas, jardines e institutos superiores (que, a diferencia de las universidades, dependen de las provincias).

“Un mecanismo primordial para dar cuenta de la prioridad asignada por parte de los distintos gobiernos a la educación es el análisis de la asignación presupuestaria”, plantea el documento del Acuerdo por la Educación, la iniciativa de Argentinos por la Educación, que buscó identificar 10 prioridades de política pública para la mejora del sistema educativo a partir de la consulta a más de 200 personas de diversos perfiles, incluyendo referentes educativos, funcionarios, dirigentes sociales, sindicales, políticos, religiosos y empresariales.

De las 10 prioridades identificadas, la número 5 es lograr una inversión suficiente y de calidad. Como parte de esa propuesta, se pide a la Nación y a las provincias “asegurar el piso de inversión del 6% del PIB en educación obligatoria incrementando la participación nacional”. Allí se sugiere aumentar el porcentaje de participación nacional en la inversión educativa hasta el 40% de la inversión consolidada (hasta ahora, el aporte nacional rondaba el 25%). La presentación del Acuerdo, en la previa del Día del Maestro, convocó este año a figuras de todo el arco político. Pero los datos muestran que ciertas prioridades que parecen gozar de amplio consenso discursivo están cada vez más lejos de volverse realidad.