En una nueva jornada del juicio oral por las presuntas irregularidades en el uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa profundizó este jueves los alegatos del Ministerio Público, revelando lo que describió como una maniobra institucional planificada para desviar fondos públicos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
La acusación sostiene que los imputados —el ex rector Juan Alberto Cerisola, la ex directora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani, el ex director de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, y el ex subsecretario administrativo Luis Fernando Sacca— integraron un sistema estructurado de corrupción que generó un perjuicio económico millonario a la casa de altos estudios.
Según la fiscalía, el régimen implementado por Cerisola desde su asunción en 2006 no solo eludió los mecanismos de control establecidos por la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, sino que se diseñó desde el inicio con el objetivo de facilitar la defraudación. «No estamos ante errores administrativos: esto fue deliberado», remarcó Doz Costa, que integra el equipo junto a los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit.
La acusación hizo hincapié en que los expedientes vinculados a 13 obras universitarias presentaban “red flags”, es decir, indicadores típicos de corrupción, según el perito de la Corte Suprema Francisco Guzmán. Entre las irregularidades detectadas se incluyeron: expedientes sin acto de inicio, pliegos incompletos, falta de planos técnicos y foliatura caótica que impedía reconstruir los procesos administrativos.
El perjuicio económico fue desglosado con cifras concretas. En la obra 545, correspondiente al Laboratorio Industrial de Ciencias Exactas, la UNT pagó casi $ 4,7 millones cuando, según peritajes de Gendarmería y del ingeniero Guzmán, el valor real era de apenas $ 1,5 millones. En total, el Ministerio Público estimó sobreprecios de hasta el 209% en algunos casos, y un daño económico acumulado de más de $28 millones de la época.
También se cuestionó el otorgamiento de anticipos financieros del 30% en todas las obras, una decisión atribuida exclusivamente a Cudmani, sin respaldo documental y violando la normativa aplicable. “No solo se infringió la ley de Obra Pública, sino también el propio régimen interno de la UNT”, sostuvo Doz Costa.
En esta audiencia se sumó formalmente al alegato la acusación contra Osvaldo Venturino, por su rol en la obra 533 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La fiscalía lo señaló como responsable junto a Cudmani por sobreprecios del 47% en la obra original y 33% en los adicionales, además de autorizar dos anticipos financieros sin respaldo normativo. Según Doz Costa, ambos “incurrieron en una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública al incumplir deliberadamente sus deberes funcionales”.
Doz Costa advirtió que esta red de irregularidades no solo causó daños económicos, sino que se gestó bajo una “lógica institucional deformada”, en la que los controles fueron deliberadamente desactivados. Mencionó también que Cerisola se arrogó facultades normativas y operativas para eludir supervisión, transfiriendo competencias a jerarquías inferiores mediante instrumentos “sin forma ni competencia legal”.
La fiscal ya había apuntado contra José Hugo Saab, actual secretario general de la UNT, y contra el entonces director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, por su participación en la construcción del régimen paralelo de contrataciones. Si bien no están imputados en este juicio, la fiscalía dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades.
El alegato continuará el próximo lunes con la exposición final del fiscal Agustín Chit, que se espera se extienda hasta el martes. Luego será el turno de la querella, representada por Patricio Esperguín, y posteriormente alegarán las defensas. El veredicto se conocería recién en agosto, tras la feria judicial.
El caso, que comenzó con la denuncia por el uso irregular de fondos mineros destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria, se ha transformado en uno de los procesos judiciales más trascendentes para el ámbito universitario del país, y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos por parte de instituciones educativas.
