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Política

La fiscal Doz Costa cerró su alegato detallando sobreprecios y anticipos ilegales de corrupción en la UNT

Profundizó este jueves los alegatos del Ministerio Público, revelando lo que describió como una maniobra institucional planificada para desviar fondos públicos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

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En una nueva jornada del juicio oral por las presuntas irregularidades en el uso de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa profundizó este jueves los alegatos del Ministerio Público, revelando lo que describió como una maniobra institucional planificada para desviar fondos públicos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La acusación sostiene que los imputados —el ex rector Juan Alberto Cerisola, la ex directora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani, el ex director de Inversiones y Contrataciones Osvaldo Venturino, y el ex subsecretario administrativo Luis Fernando Sacca— integraron un sistema estructurado de corrupción que generó un perjuicio económico millonario a la casa de altos estudios.

Según la fiscalía, el régimen implementado por Cerisola desde su asunción en 2006 no solo eludió los mecanismos de control establecidos por la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, sino que se diseñó desde el inicio con el objetivo de facilitar la defraudación. «No estamos ante errores administrativos: esto fue deliberado», remarcó Doz Costa, que integra el equipo junto a los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit.

La acusación hizo hincapié en que los expedientes vinculados a 13 obras universitarias presentaban “red flags”, es decir, indicadores típicos de corrupción, según el perito de la Corte Suprema Francisco Guzmán. Entre las irregularidades detectadas se incluyeron: expedientes sin acto de inicio, pliegos incompletos, falta de planos técnicos y foliatura caótica que impedía reconstruir los procesos administrativos.

El perjuicio económico fue desglosado con cifras concretas. En la obra 545, correspondiente al Laboratorio Industrial de Ciencias Exactas, la UNT pagó casi $ 4,7 millones cuando, según peritajes de Gendarmería y del ingeniero Guzmán, el valor real era de apenas $ 1,5 millones. En total, el Ministerio Público estimó sobreprecios de hasta el 209% en algunos casos, y un daño económico acumulado de más de $28 millones de la época.

También se cuestionó el otorgamiento de anticipos financieros del 30% en todas las obras, una decisión atribuida exclusivamente a Cudmani, sin respaldo documental y violando la normativa aplicable. “No solo se infringió la ley de Obra Pública, sino también el propio régimen interno de la UNT”, sostuvo Doz Costa.

En esta audiencia se sumó formalmente al alegato la acusación contra Osvaldo Venturino, por su rol en la obra 533 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La fiscalía lo señaló como responsable junto a Cudmani por sobreprecios del 47% en la obra original y 33% en los adicionales, además de autorizar dos anticipos financieros sin respaldo normativo. Según Doz Costa, ambos “incurrieron en una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública al incumplir deliberadamente sus deberes funcionales”.

Doz Costa advirtió que esta red de irregularidades no solo causó daños económicos, sino que se gestó bajo una “lógica institucional deformada”, en la que los controles fueron deliberadamente desactivados. Mencionó también que Cerisola se arrogó facultades normativas y operativas para eludir supervisión, transfiriendo competencias a jerarquías inferiores mediante instrumentos “sin forma ni competencia legal”.

La fiscal ya había apuntado contra José Hugo Saab, actual secretario general de la UNT, y contra el entonces director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, por su participación en la construcción del régimen paralelo de contrataciones. Si bien no están imputados en este juicio, la fiscalía dejó abierta la posibilidad de futuras responsabilidades.

El alegato continuará el próximo lunes con la exposición final del fiscal Agustín Chit, que se espera se extienda hasta el martes. Luego será el turno de la querella, representada por Patricio Esperguín, y posteriormente alegarán las defensas. El veredicto se conocería recién en agosto, tras la feria judicial.

El caso, que comenzó con la denuncia por el uso irregular de fondos mineros destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria, se ha transformado en uno de los procesos judiciales más trascendentes para el ámbito universitario del país, y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos por parte de instituciones educativas.

Política

Luis Caputo defendió el rumbo económico y proyectó estabilidad financiera de cara a 2027

El titular del Palacio de Hacienda reconoció demoras en la reactivación por factores externos e internos, pero descartó presiones cambiarias y aseguró que el programa financiero está asegurado.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un balance sobre la marcha del plan económico y las perspectivas para los próximos años. Durante su exposición, el funcionario descartó que vayan a registrarse episodios de volatilidad con el dólar hacia 2027 y ratificó que el programa financiero se encuentra cerrado. Asimismo, pidió evaluar los resultados de la gestión con una perspectiva de mediano y largo plazo, tras considerar que el país se encuentra en el camino adecuado hacia la estabilización.

En cuanto a la marcha de la reactivación, el titular del Palacio de Hacienda admitió que no se cumplió la estimación formulada en abril respecto al inicio de los mejores dieciocho meses para la economía local. El ministro atribuyó esta demora a un shock internacional imprevisto y prolongado, derivado del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual duplicó el precio del petróleo e impulsó una suba en las tasas de interés globales. A su juicio, si un escenario de estas características se hubiese presentado cuatro años atrás, las consecuencias habrían sido mucho más graves para el país.

Factores financieros y riesgo país

Al analizar la situación de los mercados, Caputo se refirió a la duplicación del índice de riesgo país observada en los últimos cuatro meses. De acuerdo con su explicación, este incremento responde de manera combinada a las presiones del contexto internacional y a la incertidumbre política doméstica ligada a la posibilidad de un regreso de la oposición kirchnerista al gobierno. En este punto, remarcó que los inversores no perciben un riesgo asociado a la administración actual, sino al temor de una eventual interrupción del proyecto político oficialista.

A pesar de esa dinámica en los bonos soberanos, el ministro subrayó que el Banco Central ha mantenido su ritmo de acumulación de reservas internacionales a través de la compra de divisas. Respecto a la cotización de la moneda extranjera, afirmó que la divisa se encuentra en niveles de equilibrio determinados por el propio mercado y descartó presiones cambiarias significativas para los próximos períodos.

Actividad económica, empleo y consumo

En lo relativo a la economía real, Caputo señaló que tras un período de estancamiento comenzaron a registrarse señales de mejora, con una leve recuperación en agosto y avances más notorios a partir de septiembre, tendencia que espera mantener hacia el cierre del año. En su diagnóstico, rebatió las afirmaciones sobre un deterioro generalizado de la clase media y afirmó que doce millones de personas salieron de la pobreza.

En materia laboral, puntualizó que desde diciembre de 2023 se crearon 465 mil puestos de trabajo en el cómputo total. No obstante, reconoció que se produjo una retracción en el empleo asalariado formal que fue compensada por un incremento en el sector no asalariado e informal, cuyos ingresos registraron una recomposición del cincuenta y tres por ciento. Explicó también que esta mejora salarial aún no se refleja plenamente en el consumo masivo debido a una modificación en las pautas de compra: según su análisis, la desaceleración inflacionaria disminuye la urgencia por desprenderse del dinero de manera inmediata.

Cuentas públicas y debate crediticio

Consultado sobre los haberes de la clase pasiva, el funcionario sostuvo que el nivel actual de recaudación fiscal impide otorgar incrementos adicionales a las jubilaciones o ampliar el bono compensatorio. Detalló que las jubilaciones recuperaron un 14,5 por ciento bajo la actual administración, tras haber caído un 37 por ciento en el período previo, y recordó que el 86 por ciento del gasto presupuestario se destina al pago de haberes, pensiones, asistencia social y sueldos públicos.

Por otra parte, Caputo respondió a cuestionamientos de analistas económicos sobre el impacto de la absorción de pesos en el crédito al sector privado. El ministro argumentó que la disponibilidad de fondos para préstamos depende de la decisión de las entidades bancarias, las cuales pueden optar por no renovar los instrumentos de deuda del Tesoro si prefieren volcar esa liquidez al financiamiento productivo.

Perspectivas hacia 2027

Con vistas al mediano plazo, el responsable de la cartera económica proyectó un escenario favorable sustentado en exportaciones, inversiones y reformas estructurales. Estimó un superávit comercial cercano a los 30.000 millones de dólares y el ingreso de 15.000 millones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En el terreno político, desestimó las versiones sobre tensiones internas con la Presidencia y manifestó su confianza en la continuidad electoral del oficialismo, al considerar que la ciudadanía respaldará la estabilidad conseguida.

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Política

El Ejecutivo le pone presión a la aprobación del Presupuesto Provincial

Jaldo afirmó que estará vigente desde el 1 de enero y que puso a disposición de la Cámara a los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Producción.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al tratamiento del Presupuesto Provincial 2027, que se encuentra en análisis en la Legislatura, y destacó la necesidad de que la ley entre en vigencia el 1 de enero del próximo año.

“Nosotros a ese presupuesto lo necesitamos para ponerlo en vigencia el 1 de enero del 2027”, afirmó el mandatario, quien señaló que la definición de los tiempos de tratamiento corresponde al vicegobernador, Miguel Acevedo, y a los distintos bloques políticos que integran el Poder Legislativo.

En ese sentido, Jaldo expresó: “No hay duda que es una decisión del vicegobernador, el contador Miguel Acevedo, como así también de los diferentes bloques políticos que compone la Legislatura. Y yo en eso soy muy respetuoso de los tiempos”.

Asimismo, el Gobernador puso a disposición a los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Producción para participar de las instancias de análisis parlamentario y responder las consultas que surjan sobre el proyecto.

El mandatario señaló: “Sí yo puedo decir hoy que ese presupuesto lo ponemos en vigencia el 1 de enero del año que viene” y con ese fin es que “todo nuestro equipo de Economía está predispuesto a ir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, está dispuesto a ir a una labor parlamentaria para evacuar todo tipo de dudas que se puedan plantear o interpretar en el presupuesto de la provincia para el año que viene”, sostuvo y añadió: “porque por ahí escucho comentarios que están fuera de la realidad”.

Por último, Jaldo reiteró la disposición del Poder Ejecutivo para colaborar con el tratamiento legislativo y facilitar la sanción de la ley en los plazos necesarios.

“Todo el equipo de Economía va a estar a disposición del Poder Legislativo para que pueda en tiempo y forma sancionar el presupuesto”, concluyó.

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Política

Jaldo aseguró que la Provincia cumplirá los acuerdos salariales con los gremios estatales

El gobernador aseguró que la Provincia cumplirá con los compromisos establecidos en las actas paritarias y anticipó que los ministerios de Gobierno y Economía trabajan en las próximas negociaciones. También se refirió a los descuentos bancarios sobre los salarios de los empleados públicos.

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El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó la continuidad del diálogo con los gremios estatales y garantizó que el Gobierno de Tucumán cumplirá con los compromisos asumidos en las actas paritarias. En ese marco, aseguró que la Provincia trabaja en las proyecciones necesarias para avanzar con nuevas recomposiciones salariales una vez que se cumplan los plazos establecidos en los acuerdos vigentes.

“Con todos los gremios venimos realizando recomposiciones salariales en tiempo y forma. En cada negociación firmamos actas donde quedan documentados los acuerdos, tanto en materia salarial como en las condiciones de trabajo de las distintas áreas. Además, establecemos cuándo debemos volver a sentarnos para discutir la próxima recomposición”, explicó el mandatario.

Jaldo sostuvo que el Ejecutivo respetará esos compromisos y destacó el vínculo que mantiene con las organizaciones sindicales. En ese sentido, señaló que el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, mantiene el contacto con los representantes gremiales, mientras que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, realiza las proyecciones correspondientes para las próximas negociaciones.

“Vamos a cumplir a rajatabla con lo acordado. Tenemos muy buen diálogo con todos los gremios y no hay dudas de que este Gobierno va a honrar los compromisos, como lo hizo durante estos tres años de gestión en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Descuentos bancarios y alivio para los trabajadores

Por otra parte, el Gobernador se refirió a los descuentos que se aplican sobre los salarios de los empleados públicos y recordó las gestiones realizadas por la Provincia para proteger los ingresos extraordinarios de los trabajadores.

“Siempre hemos colaborado con nuestros empleados. Cuando otorgamos conceptos no remunerativos o pagamos el medio aguinaldo, solicitamos al banco que no descuente ningún importe por las deudas que puedan tener los trabajadores”, indicó.

Finalmente, destacó que el Ejecutivo provincial también intervino para que los bonos y otros conceptos extraordinarios lleguen íntegramente a los empleados provinciales, municipales y comunales, sin retenciones por códigos de descuento bancarios.

“Entre todos podemos trabajar, incluida la institución bancaria, para aliviar un poco el bolsillo de los trabajadores públicos de Tucumán. En las gestiones que podamos seguir haciendo, vamos a continuar con ese objetivo”, concluyó.

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