A partir de hoy comenzará una batalla procesal en tribunales. El fiscal Pedro Gallo acusará a Gerónimo Helguera de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los defensores Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antuni, buscarán que por sus problemas psiquiátricos, se lo declare inimputable y que se orden su internación. La última palabra la tendrá la jueza Isabel de los Ángeles Méndez.

El representante del Ministerio Público Fiscal avanzó el proceso en contra del joven que hirió a la trabajadora Mariel Márquez en un hecho que se registró ayer a la mañana en un centro comercial de avenida Aconquija al 1.000.

Gallo ordenó que se realizaran una serie de exámenes Helguera. Además de los de rigor, dispuso que sea entrevistado por un especialista en salud mental. No trascendieron los detalles de los resultados de la pericia, pero al solicitar una audiencia, se entiende que consideró que el acusado entiende la criminalidad de sus actos y por ese motivo lo acusará formalmente.

“Estamos esperando que la familia nos acerque toda la historia clínica de Gerónimo. Por lo que tenemos entendido, sufría de trastornos psiquiátricos por los que estaba medicado desde hace mucho tiempo”, explicó Baaclini. “Nuestra tarea consistirá en demostrar que no puede ser acusado por su problema de salud. Estamos ante una verdadera tragedia”, añadió después de haber asumido formalmente como defensor junto a Atim Antuni.

El profesional también adelantó que escucharán las palabras del fiscal para determinar cuáles serán los pasos a seguir. “Quizás nos veamos obligados a solicitar que se realice una junta médica para que determine la gravedad de su salud mental. También lo hemos conversado con la familia y saben que solicitaremos que sea internado por seguridad de todos”, anticipó Baaclini.

Este tema siempre genera polémica, pero las leyes son claras. En el artículo 34 del Código Penal se establece que no es punible “el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”.

El código procesal de la provincia establece que si existiera una incapacidad, será el juez quien declare la inimputabilidad por pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. También es función del magistrado disponer su sobreseimiento y, cuando correspondiere se dará intervención a la justicia civil para que intervenga.

El digesto también establece cómo se debe actuar en caso de que corresponda tomar otras medidas de seguridad. “En los casos que corresponda, se dispondrá la internación del incapaz en un establecimiento adecuado, cuyo director informará trimestralmente sobre el estado mental del enfermo. Podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor, curador o guardado, cuando no exista peligro que se daña a sí mismo o a los demás. En este caso, el enfermo será examinado por el perito y período que el tribunal designe”.

En la provincia hay antecedentes sobre el tema. El 28 de octubre de 2007, el santiagueño Pablo Amín asesinó a su esposa María Marta Arias en un hotel ubicado al frente del parque 9 de Julio. El caso impactó por el ensañamiento con el que fue perpetrado el asesinato: la estranguló mientras dormía; le arrancó los ojos y los dejó sobre la cama; le cortó la frente, y sus partes íntimas; golpeó el cuerpo, lo sacó de la habitación, lo arrastró por la escalera -desde el quinto piso, hasta el primero-, y lo pateó hasta que un empleado del hotel lo descubrió. “No se preocupen, estoy en estado de emoción violenta”, había dicho el acusado a los policías cuando lo descubrieron.

Quedó detenido en el momento. Pese a que sus defensores hicieron varios planteos sobre su inimputabilidad, el 22 de septiembre de 2009 fue condenado a perpetua.

María del Valle Dip fue condenada a 12 años de prisión por el crimen de la contadora Viviana del Valle Cruz, en un hecho registrado en febrero de 2006. La penada asesinó a su amiga que le reclamaba el pago de una deuda en la farmacia de su propiedad. Luego intentó descuartizarla para deshacerse de sus restos, pero fue descubierta por policías antes de que terminara de cumplir con su macabro plan.

Sus defensores fracasaron para que la justicia la declare inimputable. En febrero de 2012 llegó a un acuerdo y recibió esa pena a través de un juicio abreviado que generó polémica. /La Gaceta