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Política

La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina en la causa Vialidad: 6 años de prisión y no podrá ejercer cargos públicos

La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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La Corte Suprema de justicia confirmó este martes la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad en un fallo unánime de los tres miembros. De esta manera, se ratifica la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo fue absuelta del delito de asociación ilícita, pedido por la fiscalía.

La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad. Al mismo tiempo, la absolvió del delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.

En uno de los tramos, la Corte explicó que “los reclamos de la defensa llevan a examinar cuestiones —de hecho y prueba en muchos casos, ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medie un supuesto de arbitrariedad— tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada, las relaciones personales y comerciales que unían a Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros. En particular, la decisión apelada aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios. Esas relaciones no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.

Para los ministros, se pudo acreditar que “la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro requerido por el tipo”.

Según subrayaron, “esas circunstancias, valoradas ya por dos instancias judiciales, llevaron a la conclusión de que esa decisión presidencial ‘relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados’ y de que ‘Fernández de Kirchner se representó los elementos objetivos del tipo al momento de dar comienzo a la acción típica y que previó la realización de estos y, por tanto, la producción del resultado’”.

Qué juzgó la causa Vialidad

La causa comenzó en 2016 e investigó si el empresario Lázaro Baez fue beneficiado con el otorgamiento de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, y otros funcionarios de redirigir las obras a favor de Baez en perjuicio de la administración pública.

En 2019 comenzó el juicio y tres años después el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la condenó a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos. Pena que fue confirmada en Casación y, este martes, en el máximo tribunal.

Además de Cristina, fueron condenados Báez (6 años); al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).

Política

Jaldo se refirió a la demanda de la oposición: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur»

«Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”, remarcó Jaldo.

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Durante una conferencia de prensa en la que rechazó la demanda de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo también dirigió críticas al senador Juan Manzur y a otros dirigentes opositores. El mandatario sostuvo que la presentación judicial busca apartarlo de la competencia electoral de 2027 y afirmó que Manzur será convocado como testigo en el proceso.

Jaldo calificó la acción judicial como una maniobra política “para sacar de la cancha” a quien, según dijo, ganará las próximas elecciones. Al cerrar la conferencia, planteó: “En este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”.

Las críticas a la Convención Constituyente

Durante su exposición sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, el gobernador cuestionó al senador, aunque en un primer momento no lo mencionó por su nombre. Lo acusó de objetar “a través de bambalinas” una disposición que, según Jaldo, Manzur había redactado en 2006, cuando presidió la Convención Constituyente que elaboró la actual Constitución provincial.

 

También se refirió al intento de Manzur de postularse como vicegobernador en 2023, después de haber cumplido dos períodos como gobernador y dos como vicegobernador. Jaldo sostuvo que esa candidatura habría buscado abrir paso a un nuevo mandato y afirmó: “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”.

El gobernador respondió a los cuestionamientos opositores

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por el presidente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán; el diputado Mariano Campero, de Cambia Tucumán; otros sectores de la oposición y el propio Manzur, Jaldo distinguió entre las declaraciones públicas y la presentación judicial.

Sobre Catalán, expresó: “Lo escuché al candidato de LLA y lo he visto un poquito más ubicado que los que hicieron este tipo de presentación, ya que hacía referencia a que para impugnar a alguien hacía falta que concrete la candidatura. Eso se va a concretar el 9 de abril. Antes es imposible, es abstracto”.

Luego se refirió a Manzur, quien, según Jaldo, manifestó en afiches su intención de competir por la gobernación en 2027, aunque no lo hizo verbalmente. “En el caso del candidato Manzur, que no escuché que haya lanzado una candidatura, creo que apenas pega afiches, nada más. La verdad que en este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, dijo.

El gobernador argumentó que Manzur ejerció dos mandatos al frente de la provincia: el primero, tras ser elegido por primera vez, y el segundo, luego de la reelección prevista en el artículo 90. “Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más”, sostuvo.

Jaldo agregó que el senador será convocado cuando la Provincia sea notificada en el expediente. También recordó que Manzur presidió la Convención Constituyente y cuestionó su posición actual: “Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.

El cruce entre Jaldo y Manzur

La semana anterior, durante un acto por el Día de la Lealtad en Villa Luján, Manzur le había dicho al gobernador: “Jaldo, no te tengo miedo”. En esa ocasión, también respondió a una declaración previa de Jaldo, quien había afirmado que lo esperaba a él y a sus seguidores “el 9 de mayo de 2027 en las urnas”.

Manzur, por su parte, había expresado: “No me invite Jaldo a un lugar que no sabe si va a estar usted. Yo voy hasta el final y vamos a recuperar el peronismo para Tucumán”.

La respuesta a Campero

Jaldo también contestó a Campero, quien había afirmado que el gobernador “está flojo de papeles”. El mandatario rechazó esa caracterización y respondió: “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia”.

Para concluir, sostuvo que la presentación judicial, a su entender, ratifica el resultado electoral que espera para 2027: “Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”.

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Política

Reelección de Jaldo: «se quiere sacar de la cancha a un candidato” denunció el mandatario tras la demanda de la oposición

El gobernador se refirió al pedido de inconstitucionalidad promovido por sectores opositores sobre la reelección de autoridades provinciales. Ratificó que respetará el fallo judicial y aseguró que la norma es clara y vigente desde 2006.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a la demanda presentada por cuatro partidos opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar su eventual reelección. El mandatario defendió la vigencia de la Constitución provincial, rechazó los argumentos sobre una posible permanencia indefinida en el poder y desafió a sus adversarios de cara a las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo que el artículo 90 de la Constitución tucumana establece con claridad las condiciones para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador.

El mandatario recordó que la Carta Magna provincial tiene casi dos décadas de vigencia y que, durante ese período, los tres poderes del Estado desarrollaron sus funciones respetando sus disposiciones.

En ese sentido, aseguró que el artículo cuestionado está redactado “con total claridad” y “con total contundencia”, por lo que consideró que no admite interpretaciones diferentes.

Jaldo defendió el artículo 90 de la Constitución provincial

El gobernador sostuvo que las limitaciones de los mandatos se aplican a todos los cargos electivos de la provincia y negó que exista algún privilegio especial para el Poder Ejecutivo.

“Si nosotros nos ponemos en los diferentes cargos institucionales de la provincia, hoy con toda contundencia un comisionado comunal tiene derecho a un mandato y reelección. Si vamos a los intendentes, tienen el derecho a un mandato y a una reelección. Si vamos a los concejales y a los legisladores provinciales, también”, expresó.

Y agregó: “Acá no hay coronita para nadie ni privilegios absolutamente para nadie”.

La demanda opositora sostiene que el artículo 90 permitiría una continuidad prolongada en el poder mediante la alternancia entre los cargos de gobernador y vicegobernador.

Según ese planteo, una misma persona podría permanecer hasta 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Jaldo rechazó esa interpretación y argumentó que se trata de funciones institucionales distintas.

“Hablan de 16 años y toman ocho años del vicegobernador y ocho años del gobernador. No sé con qué intención lo hacen cuando son diferentes cargos”, cuestionó.

El mandatario insistió en que las responsabilidades de ambos puestos no son equivalentes y apeló a una explicación sobre la división de poderes.

“Y esto es de instrucción cívica de un colegio secundario de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, afirmó.

Fuertes críticas contra Mariano Campero y la oposición

Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo trasladó la discusión al terreno electoral y apuntó directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, uno de los principales impulsores de la presentación judicial.

El gobernador sostuvo que la oposición busca impedir su candidatura porque considera que no tiene posibilidades de derrotarlo en las urnas.

“Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles. Ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando”, disparó.

Jaldo interpretó que el planteo ante la Corte Suprema responde a una estrategia política destinada a excluirlo de la próxima competencia electoral.

“Con seis meses de anticipación, estos sectores de la oposición ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. No hay otra explicación para este tipo de presentación”, aseguró.

En esa misma línea, afirmó que la demanda representa un reconocimiento anticipado de la fortaleza electoral del oficialismo.

“Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones. Se quiere sacar de la cancha a un candidato, a quien tiene mayores posibilidades y va a ganar, que se llama Osvaldo Francisco Jaldo”, sostuvo.

La Provincia defenderá su posición ante la Corte Suprema

Durante la conferencia, el gobernador estuvo acompañado por la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, quien confirmó que la Provincia fue notificada sobre la presentación judicial.

La demanda fue registrada bajo la carátula “Cambia Tucumán contra Superior Gobierno de la Provincia” y cuestiona la constitucionalidad del régimen de mandatos establecido en el artículo 90.

Pedicone adelantó que el Estado provincial responderá formalmente al planteo y defenderá la autonomía de Tucumán frente al máximo tribunal nacional.

“Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme en este rol para defender la autonomía provincial”, manifestó.

La funcionaria coincidió con Jaldo en que los cargos de gobernador y vicegobernador tienen atribuciones diferentes y deben analizarse de manera independiente.

En ese sentido, señaló que ambos puestos “son independientes uno de otro, con mandatos que corresponden cada uno a un plazo”.

La interpretación oficial sobre la candidatura de Jaldo

La fiscal de Estado también defendió la posibilidad de que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador y aseguró que esa alternativa está contemplada expresamente en la Constitución provincial.

“El último párrafo del artículo 90 autoriza que quien haya sido vicegobernador puede postularse a ser gobernador, y de hecho el gobernador ejerce esa conducta”, explicó.

Y concluyó con una frase contundente: “Más claro, echale agua”.

De esta manera, el Gobierno tucumano dejó en claro que sostendrá la validez del artículo 90 y defenderá judicialmente la eventual candidatura de Jaldo.

La controversia quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el oficialismo y la oposición profundizan sus diferencias de cara a las próximas elecciones provinciales.

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Política

Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo

El diputado consideró que existen antecedentes judiciales en otras provincias que podrían respaldar el planteo y volvió a cuestionar la situación institucional de Tucumán

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El diputado nacional por Cambia Tucumán, Mariano Campero, presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador. El planteo apunta a cuestionar la norma en el marco de la discusión sobre una eventual continuidad de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo.

“Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, sostuvo Campero al referirse a la presentación, que fue trabajada junto con un equipo de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y representantes de distintos espacios políticos.

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Campero sostuvo que la discusión excede la situación particular del gobernador y planteó que la seguridad jurídica es una condición necesaria para el desarrollo provincial. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica, en donde siempre estamos acostumbrados a que se haga lo que se quiera”, expresó.

Mariano Campero cuestionó la posibilidad de reelección de Osvaldo Jaldo y llevó el planteo ante la Corte de Tucumán.

“Todo esos problemas son virtud de un gobierno que viene hace muchos años dedicado exclusivamente al armado político y a ver cómo se perpetúan en el poder saltando de vicegobernador a gobernador”, cuestionó. /La Gaceta/

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