a Corte Suprema de Justicia se prepara para que este lunes a las cero su presidente, Horacio Rosatti, asuma también como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de administrar, designar y remover jueces. El viernes venció el plazo de 120 días que la propia Corte puso para que el Congreso sancione una nueva Ley con el objetivo de modificar la composición del Consejo actual y el proyecto, si bien tiene media sanción en el Senado, aún no fue tratado en Diputados.
Política
La Corte retomó el manejo del Consejo de la Magistratura
Horacio Rosatti asume como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de administrar, designar y remover jueces.
Los supremos están dispuestos a realizar esa jugada por más que aún falte designar a tres consejeros: uno del estamento académico y dos representantes del Congreso. Los dos últimos no pueden ser designados porque hay una precautelar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que lo prohíbe. Este domingo, Alonso resolvió no conceder un recurso de apelación que había presentado el Ministerio Público Fiscal en relación a la precautelar notificada a las Cámaras de Senadores y Diputados, que sigue vigente. La vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema: «¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país? Qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios… La casta de la que nadie habla», dijo.
La vicepresidenta hacía referencia en su escrito a un tweet de un periodista cordobés que decía: «Mañana (por el lunes) el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura –el órgano que designa y remueve jueces– gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás». Luego, el escrito recapitulaba: «Rosatti aceptó entrar a la Corte por decreto; ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo cinco jueces, fue decisivo y dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Interesante para cuando volvamos a discutir sobre castas». Este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, va a citar a los presidentes de los bloques opositores y va a constituir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar el tema.
Según la lectura que hacen desde el oficialismo del propio fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura no podrá sesionar, ni podrá asumir Rosatti hasta que se produzca la «integración conjunta y simultánea», es decir, hasta que el Congreso nombre a los dos consejeros políticos que resta nombrar, más allá del académico –que podrá ser designado el mismo lunes– para llegar a los 20 miembros que establecía la ley 24.937 y que luego del vencimiento del plazo está vigente. Desde el año 2006 el Consejo estuvo conformado por 13 miembros y el proyecto que fue aprobado en el Senado el 6 de abril los elevaría a 17 dotándolo de más federalismo y mayor igualdad de género. La designación de los dos legisladores que aún no fue realizada no se puede llevar a cabo por la precautelar del juez Alonso que no permite hacerlo ni a las autoridades del Senado ni a Diputados. De todos modos, desde el FdT tampoco tienen intención de nombrarlos porque consideran que aquello sería «avalar un golpe institucional de la Corte sobre el Consejo».
Desde el oficialismo aseguraron a Página12 que «si efectivamente ellos consuman esto, que se parece mucho a un golpe institucional, estamos estudiando ir a tribunales internacionales como la Corte interamericana de Derechos Humanos». Además, puntualizaron que más allá de lo que suceda «la Ley se puede seguir tratando. El Congreso tiene su tiempo y va a sancionar una nueva Ley como corresponde».
El hasta ahora presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, comentó que «ni formal ni informalmente se me comunicó que la Corte va a asumir el lunes, pero si asumiera sería una especie de intervención». Otro expresidente del Consejo, e integrante de ese organismo, Diego Molea, contó que antes del último día que venza el plazo, es decir, el jueves de la semana pasada, «el plenario votó dos cosas: por un lado, por si no llegaba a haber ley, determinó el sistema de elección y un reglamento electoral
para jueces y abogados a partir de diciembre, cuando vencen todos, y un reglamento de emergencia». Además, indicó que como la Corte planteó que todos los actos que dicte el Consejo a partir del 15 de abril, si no están con la nueva composición, son nulos, dictaron un reglamento de emergencia y delegaron en Lugones todas las cuestiones básicas para garantizar el servicio de justicia.
Los supremos están convencidos de que ya hay un fallo que tiene vigencia que dice que se restablece la ley 24.937, la de 20 miembros, con lo cual ya a esta hora la presidencia del Consejo es de la Corte. Sin embargo, desde el Frente de Todos aseguran que «más allá de lo que diga la CSJN o los trascendidos, hay que esperar. Tenemos una pre cautelar vigente y todos los escenarios dependen de lo que haga la Corte mañana (por el lunes). La pelota está en ese lugar». Los voceros oficiales de la Corte Suprema, en esa línea, puntualizaron en diálogo con este diario que «no se van a anticipar decisiones y habrá que estar atentos a lo que pase mañana».
Juntos por el Cambio ya postuló a dos representantes al Consejo de la Magistratura por considerar que les corresponden por ser segunda minoría. Se trata de la diputada Roxana Reyes, de la UCR y el senador Luis Juez, por el PRO. El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, en tanto, confirmó a Página12 que va a presentar un pedido de per saltum para que la Corte resuelva sobre la precautelar del juez de Paraná que impide la designación de los dos representantes del Congreso. El pedido se presentaría mañana lunes, después del mediodía. «Vamos a plantear un per saltum, queremos evitar la intervención de este juez de la mamarrachada», dijo Negri. Y agregó: «Nosotros le vamos a pedir a la Corte que anule el accionar de este juez y haga cumplir el fallo de diciembre».
Sin embargo, eso no está claro. Pero sugiere que la precautelar es también un problema para la Corte que puede contar con aliados para buscar en esa u en otra alternativa una respuesta formal que salde el debate con el Congreso. El diputado del FdT, Marcelo Casaretto aseguró en diálogo con Página12 que «aún está vigente la medida pre cautelar que pedí. El fiscal apeló y el juez rechazó esa apelación. Diputados y Senadores tenemos cinco días para hacer el descargo y después el juez resolverá el amparo, pero todo indica que va en el mismo sentido que mi presentación. Tenemos que discutir la Ley del CdM en el Congreso sin estar esperando interpretaciones de ninguna naturaleza de la Corte. Rosatti no puede autodesignarse como presidente del CdM. Eso es inconstitucional y lleva a un conflicto de poderes».
Massa, en tanto, comentaron desde su entorno que este lunes citó al Congreso al constitucionalista Gil Domínguez para pedirle su opinión sobre el tema porque leyó un artículo periodístico de su autoría que le pareció interesante. En la nota que leyó Massa –publicada por Infobae– Domínguez indicó que «no parece ser compatible con el mandato constitucional que procura la eficacia funcional en la prestación del servicio de justicia, permitir que quien preside y administra la Corte Suprema de Justicia, a la vez, también presida el Consejo de la Magistratura y administre el Poder Judicial».
FUENTE: Página 12
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La Justicia archivó la causa por el crédito de U$S 57.000 millones que pidió Mauricio Macri al FMI
“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.
La Cámara Federal, con la flamante incorporación del juez Pablo Bertuzzi, archivó la causa en la que se investigaba al gobierno de Mauricio Macri por tomar un crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Los camaristas Bertuzzi y su colega Mariano Llorens entendieron que se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos.
“Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron los jueces.
La Procuración del Tesoro durante el gobierno de Javier Milei se retiró como querellante, por lo que solo puede ser apelada por la fiscalía.
En primera instancia, la decisión había sido de la jueza María Eugenia Capuchetti y ahora fue ratificada por la Cámara Federal.
El ministro Juan Bautista Mahiques, el camarista Pablo Bertuzzi y la ministra Alejandra Monteoliva
Los imputados, que ahora quedaron desvinculados de sospecha, son el propio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los actuales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que eran autoridades del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas.
Uno de los principales argumentos del tribunal es que en el préstamo del FMI de 2018 no aparecían “conductas penalmente relevantes”, a pesar de las objeciones de irregularidades administrativas que marcó la fiscalía.
El camarista Mariano Llorens en su despacho de Comodoro Py
El acuerdo era por US$ 50.000 millones y fue ampliado a US$ 57.100 millones. Para la Cámara, no quedó pendiente una investigación relevante capaz de modificar el desenlace.
El fiscal Picardi había objetado la falta de intervención del Congreso en la toma del préstamo y supuestas irregularidades en el procedimiento administrativo: la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la inexistencia de una intervención del jefe de Gabinete y la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas.
También había mencionado la inexistencia de un dictamen del Banco Central previsto por la ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos una vez ya suscripto el entendimiento.
Se investigó la hipótesis de una administración fraudulenta, pues un informe de la SIGEN estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de 29.618 millones de dólares que para la Cámara no son suficientes para sostener una acusación.
Los camaristas entendieron que no hubo delito de abuso de autoridad, pues ese ilícito “exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes, con dolo específico de violar la norma”.
Y agregaron que “no toda cuestión vinculada a las formas procedimentales de la administración pública configura un ilícito”.
“No es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, afirmaron los camaristas.
Hablaron de un contexto de “urgencia financiera” durante la negociación del préstamo y señalaron que no hubo perjuicio patrimonial a sabiendas prejudicial o con sustracción de fondos.
“El deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación”, sostuvo y recordó que ese delito requiere que fondos públicos sean desviados de un destino fijado por leyes.
El tribunal dijo que la investigación duró cinco años, que el archivo no fue prematuro y sostuvo que “la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”. /La Nación
