Patricia Bullrich salió a diferenciarse de Javier Milei una vez más. En esta oportunidad no fue respecto a temas de política económica, sino que consideró que el Presidente «cruza un límite» al pedir «quemar en la hoguera» a los periodistas.

Milei habló el pasado viernes en la cena de la Fundación Faro, horas después de conocerse que tanto él como Karina Milei fueron sobreseídos en la causa que investigaba las operaciones de la criptomoneda $LIBRA promocionadas desde la cuenta de X del mandatario.

En ese marco, el Presidente apuntó contra el periodismo y contra algunos periodistas en particular que escribieron sobre el escándalo en el que había quedado involucrado. «Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta», dijo en relación con los comunicadores.

Este domingo, en un breve reportaje telefónico concedido a LN+, Patricia Bullrich buscó despegarse de la fuerte frase expresada por Milei. «También mi responsabilidad es marcar que cuando una palabra cruza un límite, este límite de quemarlo en la hoguera, es un límite que no es una forma de defenderse frente a una idea, sino que es una expresión muy fuerte, muy dura», enfatizó.

Bullrich apuntó que la libertad de expresión «protege siempre a la prensa cuando critica al poder» y, aclaró, «protege también al presidente cuando responde». «Lo que pasa -continuó- es que las críticas, desde mi punto de vista, se contestan con argumentos».

En esa línea de razonamiento, la senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara alta consideró que «defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan».

Bullrich recordó que el poder «siempre está bajo escrutinio» y «siempre es mirado por el periodismo y siempre es comentado».

«Si la justicia da la razón, mejor aún, pero siempre en los procesos, el poder tiene que saber que va a estar siempre mirado», añadió al referirse, de forma indirecta, al sobreseimiento del Presidente en la causa $LIBRA.

«Hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar los límites, que en este caso significa una frase tan fuerte como quemarlos en la hoguera», concluyó.

Los cuestionamientos de Bullrich no fueron los únicos. Desde el viernes se han sucedido los repudios a las palabras del Presidente contra los periodistas desde distintas entidades.

La Academia Nacional de Periodismo (ANP) publicó una solicitada este domingo para denunciar los nuevos ataques de mandatario contra la prensa. «A la cantidad de insultos del Presidente a los periodistas, se suma una amenaza de muerte», dice el texto publicado en los principales medios del país. Y agrega: «La violencia institucional afecta a la democracia».

También se sumaron los comunicados con su repudio de los empresarios de IDEA, el Colegio Público de la Abogacía y de organizaciones periodísticas y ongs.

Casa Rosada difundió el cronograma oficial que confirma la visita del presidente Javier Milei a la provincia de Catamarca, marcando su primera presencia en el distrito desde su asunción en el cargo.

De acuerdo con la agenda comunicada por Presidencia, el mandatario nacional participa en la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Rio Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix ubicado en el Salar del Hombre Muerto. El detalle oficial indica que la comitiva presidencial está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Esta misma delegación había sido adelantada previamente por el presidente del partido La Libertad Avanza a nivel local, Federico Lencina.

Actividad partidaria y el impacto del litio

En paralelo a la agenda oficial vinculada a los recursos mineros, la cuenta oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional difundió en las redes sociales la convocatoria a la militancia para un encuentro previsto en un hotel casino de la capital provincial. El dirigente partidario local Lencina expresó su recibimiento al mandatario a través de las redes sociales.

Desde la perspectiva económica, el viaje tiene como eje central al sector del litio. El Proyecto Fénix de la empresa Rio Tinto es uno de los emprendimientos que ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y contempla una inversión estimada en 531 millones de dólares para su expansión productiva en territorio catamarqueño.

La Cámara de Diputados le dio media sanción a una Ley de Discapacidad el 22 de octubre pasado. El oficialismo cedió y aceptó que se modifique el dictamen del proyecto que la Casa Rosada había mandado al Congreso. Ocurre que varios ítems eran muy polémicos. Uno de ellos buscaba eliminar diversos beneficios y subsidios, como la llamada Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC), una de las principales ayudas que otorga el Estado a quienes acrediten sufrir de incapacidad física para trabajar y falta de recursos propios para mantenerse, entre varios requisitos más. Por presión de aliados legislativos, con los que el Gobierno se había comprometido a saldar el largo conflicto sobre el financiamiento a los discapacitados, las PNC se mantendrán. Falta ahora la media sanción del Senado. La Casa Rosada no esperará a que la discusión llegue a la Cámara alta para marcar un objetivo que considera crucial para sostener el financiamiento para las personas con discapacidad.

La Casa Rosada sospecha que existen cientos de miles de subsidiados con ese plan que en realidad no deberían cobrarlo porque carecen de las necesidades reales para esos fondos. Son PNC «fantasmas», afirman en el oficialismo. Y alertan que los procesos de «ordenamiento del sistema» acaban de empezar. Se profundizarán.

Los funcionarios afirman que la eliminación de las PNC no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. Se explican así: «Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan».

En el Gobierno afirman que fue la gestión de Alberto Fernández la que más aumentó los beneficiarios de las PNC, pero por «motivos políticos, proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad». La última administración presidencial K anunció, en mayo del 2023, que había logrado entregar 300 mil Pensiones por Invalidez Laboral. Los funcionarios libertarios afirman que buena parte de esos subsidios se manejaron sin criterio. «Entregaron pensiones a quienes no sufren ninguna incapacidad física».

Uno de los funcionarios que analiza de dónde y cómo se obtendrán los fondos para financiar la nueva norma es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Si hubiera sido por Economía, quizás por el propio Milei, la media sanción de una nueva Ley de Discapacidad no se hubiera concretado. Pero pasó. Y la Casa Rosada no se quejó en público por lo que supondrá un cambio en el presupuesto 2027. Ahora avanza con las auditorías y se anunciarán recortes si se detectan irregularidades.

La suspensión de 20 mil PNC es el principio y no el fin de estas novedades, que incluyeron también el cierre de establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires, que recibieron miles de millones de pesos debido a que supuestamente atendían a discapacitados, pero que fueron clausurados cuando se detectó que en realidad eran «sellos cáscara» para obtener plata estatal sin la debida contraprestación al sector. Uno de esos centros se llamaba Fundación METAS. Estaba registrado en su sede principal en La Reja, partido bonaerense de Moreno. Desde el 2016 se había registrado como «Servicio de Apoyo a la Integración Escolar» (SAIE).

Los inspectores gubernamentales descubrieron que no funcionaba tal cual lo debía. El 28 de julio del 2025, por caso, el lugar estaba cerrado y ninguna señal identificaba a la Fundación METAS. El 7 de agosto se probó que la propiedad no tenía ni agua, ni electricidad, y tampoco había muebles. Las instalaciones estaban repletas de desechos. Un edificio abandonado y sucio. Al día siguiente, a pesar de que la Fundación estaba cerrada, no se les permitió a los auditores del Estado entrar de nuevo al lugar. El 17 de septiembre del año pasado, la Fundación METAS fue dada de baja del sistema SENADIS. Entre febrero del 2017 y el 2025, METAS facturó, solo en fondos públicos, más de 6200 millones de pesos. Tras ser clausurada, nadie de la institución presentó quejas.

En el Gobierno afirman que esos ejemplos se multiplican. Y que irregularidades similares se encontraron en auditorías de beneficiarios de subsidios como las PNC, que también incluyen, además de un haber mensual de alrededor de 380 mil pesos, la posibilidad de conseguir medicamentos mediante el plan Incluir Salud. El proceso de recorte de subsidios para discapacitados, y hasta de certificados para identificar a quienes sufren esa problemática, no será objetado por los aliados a LLA, siempre que sea sustentado con papeles y pruebas. Los resultados de auditorías sobre la transparencia y eficiencia en el reparto de subsidios y certificados para discapacitados se retrasaron en la actual gestión libertaria debido a un gran escándalo de supuesta corrupción.

En agosto del año pasado se difundieron los audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Diego Spagnuolo, que le contaba a un interlocutor desconocido un supuesto plan de recaudación ilegal en su propio ente, que repartía coimas entre sus funcionarios pero también, siempre de acuerdo a ese relato, a la Casa Rosada, en puntual, a Karina Milei y «Lule» Menem. Spagnuolo fue despedido de su cargo mediante un decreto en el que se aludió a la Ley de Ética Pública, lo que significó un mensaje ineludible de que no había actuado de modo transparente. Spagnuolo era amigo del presidente Milei, lo visitaba cada semana en la Residencia de Olivos, y había trabajado además como su abogado personal. Spagnuolo afirmó en la Justicia que los audios en los que se lo escuchaba hablar de las coimas de ANDIS habían sido manipulados.

El fiscal Franco Picardi, avalado por los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, le tomó declaración indagatoria a Spagnuolo, y lo procesó tras haber recolectado infinidad de pruebas sobre la compra de medicamentos con sobreprecios en ANDIS. El caso avanza. Habrá novedades. Desde aquel momento hasta hoy, el Gobierno no logró sosegar la discusión pública por la falta de financiamiento para los discapacitados. Ese escenario cambió. Empezaron las auditorías. Se informará sobre recortes tras detectar irregularidades. El anuncio será oficial, pronto. / Clarín