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Política

La CGT celebró la adhesión al paro general y lo consideró «un éxito rotundo»

Pidieron al Gobierno cambiar la política de ingresos. “No puede haber precios libres y salarios pisados”, afirmaron.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el paro general de este jueves y la movilización del día de ayer y afirmó que «fue un «éxito rotundo». En una conferencia de prensa pidieron al Gobierno que cambie su política de ingresos y le enviaron un mensaje: «tienen que apagar la motosierra».

Daer felicitó a los trabajadores por la movilización de ayer y el paro general de este jueves y remarcó la contundencia de la medida. Hasta «el principal emprendimiento de la Argentina está parado, que es Vaca Muerta«, señaló Daer, a pesar de las presiones ejercidas por el Gobierno para que los sindicatos no se sumaran al paro general.

Una de las presiones fueron la difusión de mensajes oficiales en las estaciones de trenes y en la app Mi Argentina donde calificaban a la medida de fuerza como «un paro de la casta sindical» e instaban a «denunciar» a los sindicalistas que «no permitieran» a las personas a su lugar de trabajo.

El ajuste y los jubilados

Daer remarcó que las medidas de fuerza comenzaron ayer frente al Congreso, cuando se movilizaron en apoyo al reclamo que cada miércoles realizan los jubilados y jubiladas. En esta línea, denunció que «la porción de ajuste más grande tiene que ver con los jubilados”.

También afirmó que el ajuste recae sobre las provincias, la obra pública y las economías regionales. Al Gobierno le envió un mensaje: «Después de este paro, tienen que apagar la motosierra».

Uno por uno, los servicios y actividades que se verán afectados por el paro general del jueves 10 de abril

Las protestas se harán sentir en todo el país, esta vez en el marco del tercer paro nacional desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Transporte público

El transporte público será uno de los sectores más afectados. Los cuatro sindicatos ferroviarios, los metrodelegados del subte porteño y el Sindicato de Peones de Taxis confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

Sin embargo, el paro de la CGT se vio afectado, antes de suceder, por la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los colectiveros, que no se sumará a la protesta, lo que garantiza así el funcionamiento de los colectivos. La decisión final de Fernandez fue acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo.

Vuelos

Los 12 gremios del sector aeronáutico también ratificaron su adhesión al paro. En este escenario, los controladores aéreos se sumarán aunque estarán obligados a trabajar por ser considerado un servicio esencial, lo que los obligará a mantener un mínimo del 45% de operatividad.

En este escenario, Aerolíneas Argentinas anunció reprogramaciones para vuelos internacionales con fecha de salida el 8, 9 y 10 de abril, tanto los que salen de Ezeiza y van a destinos como Roma, Miami y Madrid como aquellos que provienen de estos aeropuertos internacionales y tienen previsto aterrizar en el aeropuerto. La afectación que podrán tener los vuelos de cabotaje previstos para esas fechas se informará en el mencionado comunicado oficial cuya fecha de publicación se espera que sea mañana. Cada aerolínea será la responsable de elaborar su plan de acción ante la medida de fuerza esperada para el 10 de abril.

Bancos

La Asociación Bancaria, sindicato que reúne a los empleados bancarios, también se adhirió a la huelga. Esto implicará la suspensión de la atención al público en todas las entidades bancarias del país. Solo se mantendrán operativos los servicios de home banking.

Comercios

El Sindicato de Empleados de Comercio todavía no confirmó su participación en la protesta. Cabe destacar que su referente, Armando Cavalieri, no participó en las reuniones de la CGT donde se dispuso la medida.

Más allá de la definición, el gremio no cuenta con el poder para paralizar a las grandes cadenas de supermercados. En este sentido, está previsto abrir con personal reducido. La apertura de comercios de cercanía dependerá en gran medida del funcionamiento del transporte público.

Gastronomía

El gremio gastronómico anunció su adhesión al paro, aunque no todas sus seccionales participarán. Por ejemplo, la del distrito porteño, liderada por Dante Camaño, no se sumará a la protesta. La operatividad de los locales gastronómicos dependerá de la disponibilidad de transporte para el personal.

Escuelas, colegios y universidades

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y otros gremios docentes subscribieron al paro. En las escuelas privadas, la asistencia del personal dependerá de su capacidad para llegar a las instituciones educativas.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos estará suspendido hasta las 24 horas del 10 de abril. Se reanudará con normalidad después de ese horario, aunque podrían haber excepciones en distritos donde el servicio esté municipalizado.

Correo postal

No habrá reparto de correo postal, tanto de empresas privadas como del Correo Argentino. Los repartidores autónomos que trabajan para Mercado Libre operarán con normalidad.

Administración pública

Los principales gremios estatales, UPCN y ATE, confirmaron su adhesión al paro, lo que implicará la suspensión de la atención al público y de las actividades en los organismos estatales. Se espera que el funcionamiento de hospitales públicos y municipios se vea afectado.

Personal de salud, centros médicos y guardias

Debido a su carácter esencial, el sector salud mantendrá una atención parcial con guardias mínimas para urgencias y consultas espontáneas.

Actividad portuaria

Las actividades en los puertos se verán interrumpidas, lo que golpeará al comercio exterior. Los 19 gremios del sector confirmaron su adhesión a la medida de la CGT.

Transporte de cargas

El reparto de mercadería, diarios, revistas, y el suministro de combustible se verán afectados. Sin embargo, las empresas que prestan servicios a Mercado Libre o distribuyen bebidas y alimentos de manera independiente podrían operar con normalidad.

Estaciones de servicio

Aunque el gremio del sector es uno de los impulsores de la protesta, las cámaras empresarias confirmaron que intentarán mantener una atención parcial en las estaciones de servicio.

A qué hora empieza y cuándo finalizará el paro general

El paro general de la CGT comenzará a las 00 horas de este jueves 10 de abril y se extenderá hasta las 23:59 con alto grado de acatamiento, salvo los colectivos que ratificaron que funcionaran. Además este mediodía la central obrera se movilizará junto a movimientos sociales y organizaciones piqueteras para sumarse a la macha de jubilados que tendrá su epicentro a las 17 en el Congreso.

La medida cuenta con el apoyo de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) como una clara manifestación contra las políticas económicas del Gobierno.

El mapa de los cortes en el Congreso

La CGT, los movimientos sociales y organizaciones piqueteras marcharán este miércoles 9 de abril en apoyo a los jubilados y contra las políticas implementadas por Javier Milei, esto será un día antes del paro general del jueves 10 de abril organizado por la central sindical. La acción cuenta con el apoyo de las dos CTA y distintas organizaciones.

Las principales organizaciones sociales, movimientos piqueteros y sindicatos anunciaron los puntos de encuentro para concentrarse y marchar hacia Plaza Congreso, situada entre el barrio porteño de Montserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, y delimitada por las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, así como las calles Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

Las principales columnas se concentrarán a partir de las 15 horas, y la dispersión está prevista para las 18, una hora después del inicio del acto central. Por lo general, este horario suele extenderse hasta dos horas más. Desde las 15 horas, las agrupaciones de jubilados se reunirán en Avenida Rivadavia, entre Callao y Combate de los Pozos, frente al Anexo de la Cámara de Diputados y uno de los accesos al Congreso Nacional. Desde allí, cruzarán hacia Plaza Congreso, que se encuentra a pocos metros.

Política

La Corte Suprema ordenó revisar si un sanatorio tucumano despidió por tener VIH a un trabajador no registrado

El máximo tribunal consideró que las instancias locales omitieron examinar una prueba decisiva sobre el acceso de personal del centro de salud a sus análisis médicos.

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La Corte Suprema ordenó que la justicia de Tucumán revise si A.I., un trabajador de salud no registrado, sufrió un despido discriminatorio después de que un sanatorio conociera que tenía VIH. El máximo tribunal consideró que las instancias locales omitieron examinar una prueba decisiva sobre el acceso de personal del centro de salud a sus análisis médicos.

La decisión dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Justicia provincial y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de origen para dictar un nuevo pronunciamiento. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron que se desestimara el planteo de discriminación sin evaluar el testimonio de una responsable del área preocupacional.

La testigo había afirmado: “Yo descubro que él tiene VIH porque tengo el análisis en mis manos; yo manejaba el análisis de los prelaborales”. Para la Corte Suprema, el tribunal provincial ignoró esa declaración e incluso negó que existiera.

Una relación laboral no registrada durante más de dos años
 

A.I. demandó al sanatorio tras denunciar que había trabajado allí durante más de dos años sin estar registrado. La empresa negó la existencia de ese vínculo, que finalmente fue acreditado en el expediente.

El trabajador sostuvo que la desvinculación tuvo carácter discriminatorio porque se produjo cuando la firma se enteró de su condición de persona con VIH. Los análisis habían sido solicitados por el propio sanatorio y sus resultados eran conocidos por el personal del área preocupacional.

La Sala III de la Cámara del Trabajo de Tucumán admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa a pagar haberes adeudados y diferencias salariales. Sin embargo, rechazó los reclamos por indemnización por antigüedad, registración irregular, daños por trato discriminatorio y otros conceptos.

La Cámara consideró que el vínculo se había extinguido mediante un despido indirecto con causa. Esa conclusión se basó en que el trabajador había enviado varios telegramas para exigir que se aclarara y registrara su situación laboral, que cesara el supuesto trato discriminatorio y que se abonaran los salarios pendientes, bajo apercibimiento de considerarse despedido ante el silencio o una negativa.

 

La prueba sobre los análisis médicos
 

La Corte de Justicia provincial confirmó ese criterio al rechazar el recurso del trabajador. También descartó que hubiera existido discriminación, al entender que el testimonio invocado no demostraba de manera suficiente que el empleador hubiera conocido previamente y de forma efectiva el diagnóstico.

El máximo tribunal provincial afirmó que la declaración de la responsable preocupacional no incluía referencias a los hechos denunciados. Por esa razón, consideró razonable que la Cámara hubiera descartado esa prueba como indicio de que el sanatorio conocía la condición de salud de A.I.

La Corte Suprema sostuvo que esa valoración fue arbitraria. Señaló que la desvinculación laboral fue contemporánea a la comunicación de los resultados de los estudios por parte de profesionales del establecimiento y que ese planteo exigía una respuesta específica.

“El fallo recurrido no tomó en cuenta esa declaración, negando incluso su existencia”, indicaron los jueces. También concluyeron que el tribunal omitió evaluar prueba decisiva y responder agravios del trabajador que podían definir la solución del litigio. /Infobae

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Política

La Justicia impuso al Gobierno una multa diaria por incumplir la cautelar

El Jefe de Gabinete Diego Santilli recibió la sanción porque el juez dirigió las astreintes al funcionario a cargo de esa dependencia por el incumplimiento de la cautelar.

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El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles multas de $100.000 por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento que el magistrado había dispuesto ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.

El juez fijó inicialmente la multa en $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados.
Las astreintes son una herramienta judicial para presionar al cumplimiento de una obligación: en este caso, la ejecución de la medida cautelar sobre salarios y becas universitarias.

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria sobre salarios y becas.

El CIN pidió que se aplicaran las astreintes al considerar que el Gobierno seguía sin cumplir con esa medida, pese a las intimaciones previas. Cormick había otorgado un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre, y luego lo prorrogó por otro período igual. Tras cumplirse ese plazo, el organismo reclamó que se hiciera efectivo el apercibimiento.

La discusión se centra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Según la norma, los salarios del personal docente y no docente debían recomponerse para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. El cálculo citado en el expediente indica que esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. La ley también prevé que las remuneraciones se actualicen mensualmente de acuerdo con el IPC.

En cuanto a las becas, la cautelar ordena recomponer y actualizar los fondos para esos programas. El Gobierno había sostenido que cumplía con la medida y presentó sus argumentos sobre los aumentos salariales y las negociaciones con los gremios. Sin embargo, el juez consideró que no se había acreditado el cumplimiento total de las obligaciones establecidas por la ley. /TN

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Política

Prestadoras de servicios deberían devolver electrodomésticos dañados sin interrupción del proceso legal

La Comisión de Legislación General dio dictamen a una modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo; la iniciativa busca que las empresas prestadoras de servicios públicos cumplan con las resoluciones del ERSEPT mientras se mantienen las instancias de reclamo, garantizando una respuesta más rápida ante los daños sufridos por los usuarios .

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La Comisión de Legislación General de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, dio dictamen por unanimidad de los presentes al proyecto que modifica la Ley Nº 4537, de Procedimiento Administrativo de la provincia.

La propuesta establece que las empresas prestatarias de servicios públicos cumplan con las resoluciones dictadas por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), aun cuando decidan cuestionarlas por las vías correspondientes. De esta manera, se busca evitar que los reclamos se tramiten con efecto suspensivo y que los usuarios deban esperar hasta la resolución definitiva del conflicto para obtener una reparación por los daños ocasionados, como la reposición de un electrodoméstico.

Al respecto, Vargas Aignasse explicó que el objetivo es que las empresas se hagan cargo de los daños reconocidos por el organismo de control sin que ello impida la continuidad del litigio. “Lo que queremos con la modificación es que las empresas prestatarias de servicios públicos cumplan con las medidas interpuestas por el ERSEPT; es decir, que se hagan cargo del electrodoméstico dañado y sigan con el litigio hasta que se resuelva el planteo. Si corresponde, al finalizar el proceso, el usuario deberá devolver el electrodoméstico que se repuso en su momento”, puntualizó.

Participaron de la reunión los legisladores Mario Leito, Walter Berarducci y Sara Assan, junto al presidente de la comisión, Gerónimo Vargas Aignasse.

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