La Municipalidad de San Miguel de Tucumán planea retomar el sistema de estacionamiento medido como parte de una estrategia para ordenar el tránsito vehicular en el casco céntrico de la capital provincial. Así lo confirmó la intendenta Rossana Chahla, quien afirmó que su administración trabaja en los pliegos para lanzar una licitación que permita reactivar el servicio suspendido desde mediados de 2022.
“Estamos avanzando con la parte de pliegos para poder hacer la mejor licitación que beneficie al municipio”, expresó la jefa comunal, al ser consultada sobre el tema. Sin embargo, aclaró que la restitución del sistema de cobro por estacionar en la vía pública está supeditada al dictado de una sentencia de fondo en el fuero Contencioso Administrativo, que debe resolver sobre la legalidad del modelo aplicado por la gestión anterior.
En paralelo, los equipos técnicos municipales exploran variantes que incluyan apoyo tecnológico. Una de las propuestas más firmes es implementar una aplicación que permita a los conductores visualizar en tiempo real los espacios disponibles, lo que evitaría la circulación innecesaria y contribuiría a una mejor fluidez del tránsito. “Tenemos propuestas de distintos ámbitos y alternativas de diferentes modelos”, indicaron desde el gabinete de Chahla.
El sistema de estacionamiento medido había sido implementado durante la gestión del exintendente Germán Alfaro en julio de 2022, en unas 300 cuadras del centro y zonas aledañas. El objetivo era ordenar el tránsito y desincentivar el uso del automóvil particular en áreas congestionadas.
Sin embargo, tras 45 días de funcionamiento, el servicio fue suspendido por una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo colectivo, promovida por la Defensoría del Pueblo, la organización de consumidores Fodecus y representantes de los «cuidacoches». Los demandantes cuestionaron la legalidad del servicio y la contratación de la unión transitoria de empresas (UTE) Tecno Agro Vial.
Desde entonces, el expediente ha seguido su curso en la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa, integrada por las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer, que recientemente comenzaron el estudio de fondo del caso tras recibir el dictamen de la Fiscalía de Cámara.
En los planteos presentados por la Fiscalía Municipal, a cargo de Conrado Mosqueira, se argumentó que la suspensión del servicio provocó “un enorme perjuicio económico” al municipio, que perdió ingresos significativos por la falta de recaudación.
Chahla, por su parte, contextualizó la iniciativa en el actual escenario económico. “Son épocas difíciles, con los ingresos municipales disminuyendo, especialmente por la caída de la coparticipación. A la vez, hay más demanda de la gente para hacer cosas. Tenemos que ser estratégicos”, sostuvo, subrayando que se deben ponderar tanto las necesidades de orden urbano como las dificultades económicas de los vecinos.
Pese a la falta de una resolución judicial definitiva, en el municipio descartan quedarse de brazos cruzados. “No podemos esperar a que salga la sentencia para ponernos a trabajar”, reconoció una fuente del Ejecutivo capitalino.
Así, mientras el Poder Judicial define el futuro legal del sistema, la Municipalidad proyecta un esquema más eficiente, transparente y adaptado a las herramientas digitales. La intención de fondo sigue siendo la misma: lograr un uso más racional del espacio público, descomprimir las zonas de mayor circulación y ofrecer soluciones prácticas a los vecinos.
Con la ciudad creciendo y el parque automotor en constante expansión, la administración de Chahla apuesta a una gestión moderna del tránsito urbano, sin perder de vista las tensiones jurídicas y sociales que despertó en el pasado la puesta en marcha del estacionamiento pago. ¿Será esta la oportunidad para relanzarlo con un nuevo enfoque? El veredicto final lo tendrá la Justicia, pero el tablero político y técnico ya está en movimiento.
