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Kicillof no logró hacer el canje pero evitó el default

El respaldo de los acreedores para diferir el pago vencido hasta el 1ª de mayo fue insuficiente. Canceló la deuda con fondos propios y anunció una amplia reestructuración.

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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no alcanzó el 75 por ciento de adhesiones de los bonistas para posponer el vencimiento de pago de 250 millones de dólares del 26 de enero al primero de mayo. Al finalizar el plazo de gracia, superó el 50 por ciento pero no logró acordar con el fondo Fidelity, que con el 25 por ciento de la deuda era la “llave” para cerrar la negociación. Por este motivo, el gobierno provincial tomó la decisión de afrontar el pago con fondos propios, tras una colocación de letras realizada el viernes pasado por 10 mil millones de pesos en el mercado doméstico. “No era que teníamos la plata y no queríamos pagar, sin la colocación no íbamos a poder afrontar pagos esenciales como los sueldos y a la vez el vencimiento», indicó una fuente oficial a PáginaI12. Además, afirmó que un default nunca fue una opción, porque generaría una “situación de desorden y consecuencias imprevisibles” para la reestructuración global de la deuda bonaerense y la del gobierno nacional.

El Gobierno provincial decidió a mediados de enero postergar el pago del capital de 250 millones de dólares del bono BP21 que vencía el 26 de enero. La medida fue tomada por dos motivos. Por un lado, porque el vencimiento cayó en medio del proceso global de sostenibilidad de la deuda que encabeza el gobierno nacional y al que el presidente, Alberto Fernández, le puso como fecha tope el 31 de marzo. Por eso el pedido provincial de pasar el pago del capital al primero de mayo.

“El vencimiento era a 40 días de asumir, no había tiempo para encabezar una discusión global de la reestructuración de la deuda”, dijo el gobernador. Este año vencen 220 mil millones de pesos de deuda, que representan el 15 por ciento de los fondos de la Provincia. “No podemos pagarlo con los recursos con los que contamos”, afirmó Kicillof. Durante los últimos 4 años, la deuda en pesos se quintuplicó. Incluso, en el memorándum de oferta que el gobierno de María Eugenia Vidal circuló en 2017 a inversores en bonos, decía: “La Provincia no puede asegurar que las medidas adoptadas por el gobierno nacional no tengan un efecto adverso y afecten la capacidad de la Provincia de afrontar su deuda”.

En segundo lugar, porque desde el gobierno de Kicillof aseguran que al 26 de enero, día del vencimiento para el pago del bono, no contaban con los recursos provinciales para hacer frente al pago de 277 millones de dólares. Indicaron que contaban con los recursos para pagar los 27 millones de dólares de intereses y el 30 por ciento del capital, tal como propusieron a los acreedores durante la negociación. “No es que teníamos la plata y les decíamos que no íbamos a pagar. La caja de la provincia estaba estresada y no podíamos garantizar tener el dinero para afrontar este vencimiento y a la vez pagar gastos esenciales como los sueldos”, indicó una fuente oficial.

Ante la incertidumbre de poder afrontar todas las obligaciones, buscaron el alivio financiero. “Era la solución menos cruenta, para dejar de postergar a los que ya están en una situación de postergación”, aseguró Kicillof. El proceso de renegociación para posponer el pago del capital duró tres semanas. La Provincia alcanzó el 50 por ciento de adhesión de los bonistas, pero no alcanzó el 75 por ciento necesario para avanzar en el reperfilamiento. Adhirieron más de 200 bonistas, entre ellos el grupo más importante de bonistas organizados, que en un comunicado desde Nueva York apoyaron la modificación por la “buena fe” que mostró la Provincia.

Sin embargo, no lograron la adhesión del fondo Fidelity, que desde la Provincia afirman que contaba con el 25 por ciento de la deuda. Kicillof aseguró que tuvieron una “posición bloqueadora”, dado que tenía la llave para alcanzar los términos para modificar la fecha de pago. Para aceptar, el fondo privado estadounidense solicitaba cobrar la totalidad de la deuda en cuotas.

La propuesta fue rechazada por la Provincia, dado que comenzará un plan de reestructuración de la deuda bonaerense en moneda extranjera. Como la reestructuración que comenzó este martes incluirá a vencimientos de este bono y de otros, el proceso queda abierto y no pueden quedar pagos vencidos pendientes de cancelación. Será un proceso distinto al que lleve la Nación, aunque coordinado, adelantaron fuentes bonaerenses. En los próximos días difundirán un cronograma similar al que elaboró el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. No adelantaron si buscarán cambiar plazos, tasas o capital. “Trabajaremos sobre diferentes escenarios, mirando lo que haga Nación”, agregó una fuente oficial.

El gobierno provincial esperó hasta el último día para acordar, antes de entrar en cesación de pagos, tal como indica el plazo de gracia. “Cuando nos enteramos que este fondo buscaba una situación de desorden, tomamos varias medidas”, aseguró Kicillof. El viernes pasado, 31 de enero, colocaron un título de una letra del tesoro y alcanzaron un resultado de 9300 millones de pesos en el mercado local. “No sabíamos qué acogida iba a tener esto en el mercado, pero terminamos consiguiendo lo que no pudimos con los acreedores”, dijo Kicillof. Participaron fondos de inversión, compañías de seguro, cajas privadas de jubilación, bancos y clientes institucionales. Con esos recursos obtenidos, además de los propios, y sin asistencia del gobierno nacional, es que harán frente al pago de 15 mil millones de pesos del capital del bono BP21.

«El bono venció el 26 de enero y hasta el 31 que logramos la colocación teníamos la incertidumbre de si íbamos a poder pagar”, agregaron. Por este motivo, desde el gobierno provincial aseguran que no se encuentran arrepentidos por haber negociado el reperfilamiento y finalmente haber pagado en tiempo y forma. El default nunca fue una opción. “Ya tuvimos experiencias de este tipo, queremos un proceso ordenado, sin juicios en el medio por incumplimiento”, indicó una fuente oficial. /Fuente: Página 12/

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Declararon inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

El fallo dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.

El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.

El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.

Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.

Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

FUENTE: Agencia NA

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El Ejército desplegó tanques, anfibios, drones y miles de efectivos en Rosario para maniobras en el Paraná

La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.

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El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.

El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.

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Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.

Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.

El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.

Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.

Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.

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En octubre las jubilaciones y pensiones aumentarán 1,66%

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono

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ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en octubre del 1,66 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 505.748,51 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 418.598,81 pesos (348.598,81 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 375.023,96 pesos (305.023,96 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 156.588 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 509.863 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 78.304 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

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