La defensa de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito formuladas por el legislador Manuel Courel y otros dirigentes opositores, y aseguró que la vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, no pertenece a la jefa municipal. La abogada Paula Morales Soria sostuvo que la denuncia carece de sustento legal, afirmó que la funcionaria no se encuentra imputada y remarcó que desde el inicio de la investigación se puso a disposición de la Justicia.
La letrada se expresó por primera vez públicamente sobre la causa penal iniciada hace un mes a partir de una presentación realizada por Courel y el concejal Luis Escobar, con el patrocinio del ex edil de Alberdi Luis Díaz Augier. Explicó que hasta ahora había optado por guardar silencio para no interferir en el trámite judicial, aunque calificó la denuncia como «una vergüenza sin sustento legal» y denunció que la intendenta está siendo sometida a un proceso de «violencia» pese a no haber sido imputada.
Morales Soria cuestionó especialmente las declaraciones del legislador opositor, quien sostuvo que Graneros habría adquirido una propiedad valuada en aproximadamente 1,2 millones de dólares y reclamó mayor celeridad en la investigación. «El legislador no respeta la división de poderes. Es la Justicia la que tiene que expedirse. Invito al legislador a que deje trabajar a la Justicia, que avance con la investigación. Que deje de ensuciar a la Justicia y que deje de perseguir a la intendenta como si fuera fiscal», manifestó.
La defensora también puso en duda la solidez de la presentación judicial impulsada por la oposición y aseguró que no se aportó ninguna prueba que demuestre la comisión de un delito. A su criterio, la denuncia responde a intereses políticos vinculados con el calendario electoral. «Lo que están haciendo es utilizar mentiras y montar un festín mediático para obtener rédito político. No existe ningún hecho de corrupción ni delito», afirmó. Además, anticipó que, si la investigación confirma la inocencia de Graneros, promoverá acciones legales contra quienes, según dijo, la hostigan.
En ese sentido, indicó que ya fueron incorporadas pruebas al expediente, aunque evitó brindar detalles por tratarse de una causa en trámite. Señaló que todos los informes solicitados por la Justicia favorecen la posición de la intendenta y sostuvo que el único elemento presentado por los denunciantes es una copia de una liquidación de expensas que, según afirmó, no se encuentra autenticada. «Ellos nos denunciaron judicialmente y nosotros responderemos judicialmente», expresó. También precisó que la investigación está a cargo del fiscal Diego Sebastián Hevia.
Morales Soria insistió en que la propiedad ubicada en los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas no pertenece a Graneros. «Si eso fuera verdad, ¿por qué no presentan los documentos que dicen que tienen? No han presentado nada, solo una copia de las expensas, que no sabemos si es real o no. La intendenta no compró esa casa. Su domicilio está en Graneros», sostuvo.
La abogada añadió que tanto la intendenta como su familia vienen siendo objeto de hostigamiento en redes sociales, donde incluso se difundieron fotografías personales. En ese marco, volvió a atribuir la denuncia a una estrategia política y recordó el proceso judicial que involucró a diez mujeres acusadas de amenazar a Graneros y a su madre, la legisladora Alejandra Cejas. «Hay un aprovechamiento político de la oposición, de gente que antes formaba parte del Gobierno y ahora está en contra», concluyó.
Las declaraciones de la defensa se produjeron luego de que Courel cuestionara públicamente la falta de avances en la investigación iniciada ante la Fiscalía de Concepción. El legislador afirmó que, tras un mes de trámite, solo se libraron oficios al country Las Yungas y que la respuesta recibida fue «muy vaga», por lo que incluso se habría solicitado un allanamiento en caso de no obtener información suficiente. También indicó que se requirieron informes a la SAT, EDET y Naturgy para establecer la titularidad de los servicios vinculados a la propiedad investigada.
El parlamentario sostuvo además que le llama la atención la lentitud del expediente, al compararla con la rapidez con la que avanzó otra causa iniciada por la intendenta contra un grupo de vecinas de Graneros que la increparon tras sufrir inundaciones. Según expresó, aquellas mujeres fueron procesadas por amenazas en pocas semanas.
Courel hizo referencia a versiones sobre una supuesta adquisición de otro inmueble en Tafí del Valle por un valor cercano a los 600.000 dólares, aunque reconoció que esa información todavía no pudo ser corroborada. Aseguró que continuará impulsando la investigación «hasta las últimas consecuencias» y reclamó que se determine con qué fondos se habría adquirido la presunta propiedad en Yerba Buena.
La denuncia presentada por la oposición sostiene que Raquel Graneros habría comprado los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por una suma superior al millón de dólares, abonada en efectivo, y considera sospechosa la operación debido a que, según los denunciantes, la única actividad laboral registrada de la funcionaria era el ejercicio del cargo de intendenta.
Además, Courel afirmó en la presentación que el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría trasladado parte del dinero utilizado para la operación inmobiliaria hasta una sucursal del Banco Galicia. Como respaldo de sus sospechas, los denunciantes incorporaron la liquidación de expensas correspondiente al mes de junio del barrio privado, donde figura el nombre de Raquel Alejandra Graneros y se consignan montos mensuales de $570.090 y $566.690 por los lotes unificados. Hasta el momento, la investigación continúa en etapa preliminar y no se informó sobre imputaciones formales contra la intendenta. /Contexto/
