Después de trabajar en desbaratar la convocatoria opositora la pasada semana, La Libertad Avanza llamó a la primera sesión que tendrá proyectos de su impulso en Diputados desde el mes de agosto. Será con una agenda ambiciosa, en una sesión que iniciará a las 12 horas y podrá extenderse hasta la mañana del día siguiente.

Con un claro giro pragmático, los libertarios acordaron con sus aliados (PRO, UCR y provinciales) restituir la Ley de Tierras del kirchnerismo (2011) y también dejaron de lado el feroz recorte en Discapacidad -que la Casa Rosada incluyó en el borrador del Presupuesto 2027- para avanzar con un proyecto “superador” que retoma gran parte del sistema vigente. Todo esto para conseguir que los aliados y partidos provinciales no se sumen a las propuestas de la oposición dura. “Fue perder lo menos para ganar lo más”, explicó uno de los principales referentes libertarios en la Cámara de Diputados.

Hasta el momento la estrategia del oficialismo fue exitosa, porque no solo logró “vaciar” la sesión que impulsaba la oposición, sino que durante los debates en comisión se quedó con el dictamen de mayoría tanto en discapacidad como en endeudamiento. Esto quiere decir que sumó más apoyos que la oposición y también que los textos de La Libertad Avanza se tratarán primero en el recinto.

Por otro lado, para mejorar la sintonía con los aliados, los libertarios incluyeron en el temario otros proyectos como el de vandalismo rural, del PRO, que aumenta las penas de prisión para la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos o infraestructura. También la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco.

Por último, el temario incluye el proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, presentado para aumentar los controles sobre sustancias como el fentanilo, que el año pasado se cobró más de un centenar de vidas por unas partidas contaminadas con bacterias.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el primer punto del temario
El miércoles de la semana pasada, apenas un día antes de la sesión opositora, La Libertad Avanza acordó con sus aliados la restitución de límites a la venta de tierras a extranjeros. El objetivo detrás de esta maniobra fue facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazaban la venta de tierras sin límites pero no querían derogar por completo el DNU 70/23, como proponía la oposición dura.

El mega decreto 70/23, además de eliminar la ley de tierras del kirchnerismo, derogó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advertían que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal.

Por eso, a pedido de la UCR, se incluyeron en el dictamen dos nuevos artículos: el 38, que deja sin efecto al artículo 134 del DNU 70 (que derogaba la ley de tierras), y el 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incluye además restricciones para las expropiaciones (el Estado debe justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública), modifica la forma de calcular el pago por expropiaciones (según valor de mercado y contemplando el lucro cesante), regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados (72 horas si el dueño acredita con la documentación correspondiente) y contempla desalojos por falta de pago (el locador debe intimar al inquilino y darle 10 días para cancelar la deuda).

Por su parte, la ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedaría vigente si se aprueba el proyecto, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede no puede concentrar más del 30% del cupo de tierras habilitado para extranjeros. También restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Emergencia en Discapacidad
Durante el debate en comisión, los libertarios se comprometieron con los aliados a eliminar de raíz el capítulo del Presupuesto que contenía una reforma total del sistema, que eliminaba las pensiones no contributivas por discapacidad, y contemplaba un fuerte ajuste de gastos en el sector.

En cambio avanzaron con un texto propio, consensuado con la UCR y el PRO, que mantienen la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Además, por pedido de los aliados, establece que la pensión sea compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles.

Sin embargo, los aliados de Argentina Federal firmaron en disidencia y pidieron más cambios al texto y una serie de aclaraciones. Asegurar estos votos será vital para el oficialismo si quiere aprobar su propuesta.

En ese sentido, las declaraciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la semana pasada despertaron todo tipo de sospechas porque reconoció que el Poder Ejecutivo “quería otra cosa” y evitó confirmar si retirarán el capítulo en cuestión del Presupuesto 2027. De esta forma dejó abierta la posibilidad de un eventual veto de Milei.

Desde el peronismo denuncian que tal como está redactado el proyecto divide las pensiones en dos: una por invalidez laboral y otra por discapacidad, pero con diferente acceso al programa Incluir Salud.

Por su parte, las instituciones y organizaciones del campo de la discapacidad plantearon en un comunicado que la Ley 27.793 “no se cumplió y la emergencia no está superada”. Por eso reclaman prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027, con todos sus efectos.

Endeudamiento familiar y morosidad
El último punto de la sesión será el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar y mora. La propuesta del oficialismo apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses.

El proyecto de los libertarios también incorpora requisitos para el otorgamiento de créditos a través de plataformas digitales. Exige doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio o las opciones preseleccionadas se consideren consentimiento y ordena entregar de inmediato las condiciones contractuales en soporte digital.

En contraposición, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total. / Infobae

La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad de la Legislatura de Tucumán se reunió esta mañana con integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para analizar el proyecto de ley que propone modificar tres artículos de la Ley Nº 9581, correspondiente al Código Procesal de Familia.

El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal, ubicada en pasaje Vélez Sarsfield al 400, y tuvo por eje la iniciativa presentada por la legisladora Patricia Lizárraga, con la firma de los legisladores Alejandro Figueroa, Sara Assan y Paula Galván.

La propuesta contempla modificaciones en los Arts. 266, 267 y 279 del Código Procesal de Familia. Entre los puntos centrales, plantea cambios en el régimen de alimentos, la incorporación de aplicaciones y plataformas de mensajería instantánea como medios de notificación al demandado y precisiones sobre la sentencia que determina el monto total de la obligación alimentaria.

Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, Patricia Lizárraga, agradeció a los integrantes de la Corte por recibir a los legisladores y participar del análisis de la iniciativa.

“Quedamos en que analizarán nuestra propuesta y sugerirán correcciones que estudiaremos e incorporaremos al texto”, expresó.
Por parte de la Legislatura participaron también los legisladores Silvia Elías de Pérez, Maia Martínez, Sara Lazarte, Roque Argañaraz y Carlos Gómez.

En representación del Poder Judicial estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; los vocales Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse; el vocal decano Antonio Estofán y Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Público Fiscal. Asimismo, asistieron jueces del fuero de Familia.

También formó parte del encuentro el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, en representación del Poder Ejecutivo.

La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre los cambios propuestos y avanzar en el análisis de una iniciativa vinculada al funcionamiento de los procesos judiciales en materia de familia.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las elecciones nacionales previstas para el próximo año y planteó la necesidad de que el Movimiento Justicialista deje de lado las diferencias personales y políticas para definir una fórmula que le permita competir a nivel federal.

“Falta un año para las elecciones nacionales. En política algunos dicen que es mucho, otros dicen que es poco, pero hay que tomarse el tiempo, y fundamentalmente al margen del tiempo, hay que tomar muy buenas decisiones”, expresó Jaldo al analizar los plazos electorales y la necesidad de alcanzar consensos dentro del espacio político.

En ese sentido, afirmó que el movimiento debe trabajar para construir una propuesta nacional: “mi espacio, el movimiento nacional, tiene que tratar, en algún punto, de dejar las diferencias personales y políticas, y buscar, de alguna manera, una fórmula que sea una alternativa válida para poder competir en las mejores condiciones posibles el año que viene a nivel nacional”.

Jaldo también señaló que Tucumán continuará con su aporte al espacio y sostuvo que los referentes nacionales deberán alcanzar los acuerdos necesarios para definir la representación electoral.

“Nosotros colaboramos desde Tucumán cuidando y aportando desde nuestra provincia, y quienes tienen que ponerse de acuerdo y dejar de lado todas esas peleas que no nos llevan a ningún lado, son ellos –dijo en relación a los referentes nacionales- los que se tienen que ponerse de acuerdo y tienen que definir una fórmula, con hombres o mujeres, que nos representen de manera competitiva, no solo para ganar, sino para gobernar bien”, comentó.

Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la gestión de gobierno como parte de los objetivos del espacio político. “Porque muchas veces ganaron, pero nos faltó lo principal, gobernar bien a nivel nacional”.

Día de la Lealtad: una convocatoria que fortaleció al peronismo tucumano

Al evaluar el acto por el Día de la Lealtad Peronista, desarrollado el domingo en el Hipódromo de Tucumán, Jaldo destacó la participación de más de 50 mil personas y consideró que el encuentro permitió recuperar un espacio de unidad y renovar el compromiso político del justicialismo.

“El Partido Justicialista estaba necesitando un encuentro de esas características. Lo demuestra la cantidad de compañeros, compañeras y vecinos que nos acompañaron, muchos de ellos sin estar afiliados a nuestro partido, pero coincidiendo con el Gobierno provincial y nuestras políticas”, afirmó.

El gobernador valoró la participación de distintos sectores de la sociedad tucumana y destacó la importancia de reunir a la militancia y a quienes acompañan la gestión provincial.

“Ha sido muy positivo e importante que nos podamos reencontrar y, sobre todo, reasumir el compromiso”, señaló.

Jaldo también remarcó que el peronismo tucumano tiene una doble responsabilidad: sostener su actividad político-electoral y garantizar el funcionamiento institucional de la provincia.

“Hoy el Partido Justicialista no solo tiene la misión, la tarea y la responsabilidad de llevar adelante las cuestiones políticas y electorales. También tenemos que llevar adelante el Gobierno de la provincia y su institucionalidad, a la que le estamos dando prioridad”, manifestó.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la administración provincial mantendrá sus esfuerzos para dar respuestas a las familias tucumanas, sin descuidar la organización política de cara a los próximos comicios.

“La prioridad es seguir gobernando Tucumán, seguir solucionando problemas y esforzarnos por resolver aquellos que todavía no hemos podido solucionar en diferentes lugares de la provincia y con diferentes familias. Tenemos dos tareas: la política electoral y la institucional. La institucional es prioridad para nosotros, pero la política electoral bajo ningún punto de vista la vamos a descuidar”, concluyó.