Jaldo desactivó la cuarta expropiación en menos de un mes: 6,4 hectáreas para un club de rugby

La situación de las arcas públicas llevó al gobernador, Osvaldo Jaldo, a poner un freno a una cuarta expropiación en menos de un mes; en esta ocasión, a través de un veto.

Mediante el decreto 734/3, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) frustró la sanción del proyecto de ley tratado por la Legislatura el 26 de marzo para declarar de utilidad pública un inmueble situado en el departamento Lules, de una superficie aproximada de 6,4 hectáreas.

La semana pasada, se habían publicado los decretos que autorizaban a la Fiscalía de Estado de la Provincia, que conduce Gilda Pedicone, a desistir de los juicios originados por leyes de expropiación sancionadas y promulgadas en gestiones anteriores, para la adquisición de inmuebles para albergar distintos proyectos de infraestructura: el Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, un complejo habitacional de 650 viviendas en Los Gutiérrez (Alderetes), y una estación transformadora en «El Espinillo» (comuna rural de El Chañar).

En todos los casos, el argumento oficial fue que los procesos judiciales estaban próximos a alcanzar una sentencia condenatoria para el Estado provincial, con desembolsos superiores a los $5.000 millones sólo por la transferencia de esos predios. Sin embargo, tal como explicó el gobernador Jaldo en conferencia de prensa, ninguna de esas obras contaba con financiamiento nacional ni internacional, algo que estaba previsto cuando se las había planteado. Según estimaciones extraoficiales, sólo la ejecución del Centro Multimodal de Cargas implicaría una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

Por lo tanto, y en un escenario de caída de ingresos coparticipables, el PE resolvió poner un freno a esos procesos judiciales e incluso buscar el recupero de los montos depositados al inicio de cada trámite, una suma que rondaría los $2.500 millones.

Ahora, la Casa de Gobierno desactivó una cuarta expropiación. En este caso, la herramienta fue el veto a una ley sancionada en la Legislatura en el inicio de este año.

Sin embargo, la cuestión se origina a 2022, cuando la anterior composición de la Cámara provincial aprobó un proyecto elevado por el entonces legislador peronista Jorge Delgadino para expropiar las tierras y cederlas al club de rugby de Lules.

El texto fue puesto en vigencia a través de la ley 9.656, pero al momento de su efectivización, se formularon una serie de observaciones desde la Dirección de Catastro de la Provincia por datos consignados erróneamente, con lo cual no se pudo avanzar con la expropiación.

La actual integración de Legislatura intentó subsanar esta cuestión mediante los proyectos elevados por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Mario Leito (PJ), que tuvieron el apoyo del cuerpo colegiado en la sesión del 26 de marzo pasado.

Pero el decreto 734/3 (MEyP), firmado el lunes pasado por Jaldo y refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, dispuso el veto total sobre el texto remitido desde calle Muñecas al 900.

En los considerando, se analizó que el proyecto disponía el destino del inmueble para «el funcionamiento del San Isidro Rugby Club, teniendo como único fin la continuidad e incremento de las actividades deportivas y sociales». Además, se consignó que la institución «deberá ofrecer el uso de este espacio para las entidades de bien público y educativas de la zona»; y se aclaró que distintas eventualidades (como la disolución de la entidad o la desafectación del uso original) podrían dar lugar a la revocación de la medida.

Según los informes oficiales, el dominio se encuentra inscripto en la mayor extensión en el Registro Inmobiliario Provincial a nombre de Finar SA, agrega el decreto.

Pese a que se había corregido lo administrativo, surgió sin embargo un nuevo obstáculo para la transferencia del inmueble al club. «El contexto económico actual no tornarla viable el proyecto de ley en cuestión», indica el instrumento dictado por el Poder Ejecutivo. Y añade que «analizada la presente cuestión desde el punto de vista de la situación económica actual que atraviesa la Provincia, surge de la misma la necesidad de oponer el veto al proyecto de ley sancionado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71º de la Constitución provincial».

Con «250 chicos» y el temor de un desalojo

Recordó que el club funciona hace 24 años, y añadió que en el último tiempo se hicieron importantes inversiones para mejorar las instalaciones, desde vestuarios nuevos hasta un quincho.

«Entendemos la situación económica que atravesamos, pero también se debe ver la parte social, por todo lo que significa el club», explicó Manzano, en relación al argumento para la segunda transferencia frustrada de las tierras donde funciona San Isidro Rugby Club.