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Imputaron a la madre que atacó a sus hijos con un machete por haber comprado golosinas

La mujer agredió a sus hijos por haber gastado 20 pesos en golosinas en el barrio Villa Güemes de Tartagal, provincia de Salta.

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Una mujer de 24 años fue imputada por el delito de lesiones graves agravadas en perjuicio de dos de sus hijos, de 5 y 7 años, a los que atacó a machetazos por haber gastado 20 pesos en golosinas, en el barrio Villa Güemes, de Tartagal.

La madre fue detenida este viernes por pedido del fiscal penal 1 de Tartagal, Rafael Medina y hoy la acusaron formalmente del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, en perjuicio de dos de sus hijos.

Durante la audiencia de imputación, la mujer estuvo acompañada por un defensor oficial y se abstuvo de declarar, tras lo que el fiscal solicitó que se mantenga su detención hasta que se cumplan distintas medidas destinadas a esclarecer lo sucedido y en protección de las víctimas.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Juanita, de Tartagal, a 365 kilómetros al norte de Salta Capital, el pasado 22 de diciembre.

Ese día, los pequeños, de 5 y 7 años, fueron a comprar pan y se gastaron los $20 de vuelto en golosinas, lo que despertó la furia de la madre, que golpeó a uno de ellos en la cabeza y al otro con un machete, lo que le provocó una grave herida en uno de sus codos.

Los niños fueron asistidos en el hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal, ubicada 365 kilómetros al norte de Salta Capital, donde el mayor debió ser intervenido quirúrgicamente.

Los voceros explicaron que, acreditadas las lesiones en ambos menores por el médico legal, el fiscal interino solicitó al Juzgado de Garantías 1 de Tartagal la orden de detención para la mujer, que se concretó el pasado viernes, por la tarde.

En la casa familiar, los investigadores encontraron -además- a una beba de cinco meses que fue examinada por un médico legal que determinó que presentaba lesiones anteriores en el cuerpo.

Tras ser asistidos, se puso en resguardo a los menores y se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces, al Juzgado de Familia correspondiente y a los organismos específicos del estado provincial para que brinden atención, contención y asesoramiento.

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Delegación de Niñez y Familia de Tartagal y en red con el Juzgado de Violencia, la Asesoría de Menores y la Fiscalía Penal, son los que resguardan la salud e integridad de los hermanitos, asegurando su cuidado afectivo junto a familiares paternos, explicaron los voceros.

La medida de protección integral de los derechos del niño se estableció en conjunto entre la Delegada Regional de Niñez y Familia, Graciela Gómez; el asesor de Menores, Juan José Andreu; la autoridad del Juzgado de Violencia, Susana Menéndez y el fiscal, tras asegurar el interés afectivo de las familias paternas en el cuidado y atención de los niños.

«Del caso nos estamos ocupando una red de trabajo de manera coordinada e interministerial. Junto a Seguridad se establecieron rondas policiales periódicas para mayor resguardo de la familia protectora», expresó Gómez, quien aseguró que está garantizado el acompañamiento psicológico y social de los menores.

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Detuvieron a dos nuevos sospechosos por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Río Seco

La detención de Enrique Santos Catulo, vinculado con el Clan Ale, derivó en el allanamiento y la clausura de la agencia de venta de automotores ubicada en la calle San Martín al 1.000.

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La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico tucumano, sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos y amplió el entramado de vínculos que analiza la Justicia Federal. Los arrestos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional durante una serie de allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de una causa que ya cuenta con varios imputados y que apunta a desentrañar una posible estructura dedicada al tráfico y eventual lavado de activos.

Uno de los nuevos detenidos es Enrique Santos Catulo, quien había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. También fue arrestado su hijo, Ernesto Catulo Chamas, cuyo nombre ya había surgido durante aquel proceso judicial aunque nunca llegó a ser imputado.

La causa se inició el viernes 5 de junio cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El conductor, Marcos Nacif, mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al revisar la carga, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en el rodado, dando origen a una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz encabezó una pesquisa que rápidamente derivó en nuevas detenciones. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería de esa ciudad. Posteriormente, el empresario famaillense Pablo Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia al tomar conocimiento de que existía una orden de captura en su contra.

Durante las indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado, aunque aseguró desconocer qué transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente detenido en otra causa donde está imputado por presuntamente abastecer de drogas a puntos de venta ubicados en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Chávez rechazó cualquier vinculación con la operación investigada. Según explicó su abogado defensor, Benito Allende, reconoció que la camioneta utilizada para trasladar la droga había sido de su propiedad, pero afirmó que la había entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo similar y que nunca completó los trámites de transferencia.

Abraham, asistido legalmente por Ernesto García Biagosch, optó por abstenerse de declarar hasta conocer el contenido de las pruebas reunidas en su contra.

Mientras avanzaba la investigación, el fiscal Vehils Ruiz ordenó una serie de procedimientos simultáneos. El domingo por la noche se realizaron dos allanamientos en Famaillá: uno en un local gastronómico y boliche vinculado a Abraham y otro en un galpón perteneciente a su empresa de transporte. En ambos lugares se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron armas ni sustancias prohibidas.

Las medidas continuaron al día siguiente con nuevos operativos. Uno de ellos se desarrolló en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los investigadores secuestraron un teléfono celular, un vehículo y realizaron un inventario de los 15 automóviles existentes en el predio. Además, la concesionaria quedó clausurada por disposición judicial.

Durante ese procedimiento fue detenido Enrique Santos Catulo. Según surge de la sentencia dictada en 2017 contra el clan Ale, Catulo utilizaba esa concesionaria para canalizar y justificar ingresos provenientes de la organización liderada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En paralelo, Gendarmería allanó un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte. En ese lugar se secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación considerada de interés para la investigación. Allí fue detenido Ernesto Catulo Chamas.

Fuentes judiciales también confirmaron la realización de otros dos procedimientos: uno en un inmueble ubicado sobre calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local emplazado sobre la ruta 301, en Famaillá, que estaría relacionado con Abraham. Ambos operativos finalizaron sin resultados relevantes para la causa.

A menos de dos semanas del inicio de la investigación, los interrogantes siguen siendo numerosos. Los investigadores intentan determinar si la droga llegó efectivamente por vía aérea y cuál era el destino final del cargamento. También buscan establecer quiénes eran los verdaderos propietarios de la cocaína y cuál era el rol específico de cada uno de los involucrados.

Uno de los elementos que más llama la atención de los pesquisas es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones vinculadas a la compraventa de vehículos. Jorge “Pelaín” Nassif había manifestado durante un juicio realizado años atrás que se dedicaba a esa actividad. Chávez sostuvo que Abraham también operaba en ese rubro. Ahora, padre e hijo Catulo aparecen igualmente relacionados con el negocio automotor.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre la posible utilización de concesionarias, empresas y emprendimientos comerciales como mecanismos para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Por el momento, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis. Lo que comenzó con un procedimiento rutinario sobre una ruta del este tucumano se transformó en una compleja investigación que cada día incorpora nuevos protagonistas, amplía la red de relaciones bajo sospecha y expone posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.

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Femicidio de Cynthia Lazarte: el acusado había salido de la cárcel hace 40 días tras cumplir una condena por abuso

Roberto Fuentes, de 39 años, había estado preso seis años por ese delito. La víctima era conocida en el barrio como “La Piba”: vivía en situación de calle, se movilizaba con muletas y el viernes la esperaban para festejarle el cumpleaños a su madre.

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Roberto Fuentes tenía apenas 40 días de libertad cuando fue detenido acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte. El hombre de 39 años había cumplido una condena de seis años por abuso sexual y su regreso a las calles terminó con el cuarto femicidio registrado en Tucumán en lo que va del año.

 

La víctima, de 41 años y conocida en el barrio como «La Piba», vivía en situación de calle desde hacía años. Madre de cuatro hijos, arrastraba problemas de adicción desde los 15 y se desplazaba con muletas tras perder el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente. Habitualmente recorría el este de la capital pidiendo ayuda o limosna.

El último viernes de su vida

Quienes la conocían recuerdan que ese viernes estaba contenta. Había logrado bañarse y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche juntas. Pero algo ocurrió en el medio. Durante la tarde, Cynthia le mostró a una conocida la fotografía de un «hombre malo» que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.

 

Pasada la 1 del sábado, vecinos llamaron al 911 para reportar un auto en llamas en Francia al 1.100. Cuando los efectivos llegaron, encontraron un cuerpo en el interior. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes, quien fue detenido horas después en su vivienda de Lola Mora al 100.

Un crimen brutal

Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la brutalidad del ataque: Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue estrangulada con un cable negro. Tras asesinarla, el acusado roció el cuerpo con un líquido inflamable e intentó incendiarlo para eliminar evidencias. Los investigadores determinaron que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, dado que no se hallaron restos de hollín en sus vías respiratorias. Las muestras recolectadas también serán analizadas para determinar si fue víctima de un abuso sexual.

 

El acusado presentaba además lesiones y escoriaciones en el cuello y el tórax, marcas que los peritos atribuyen a un intento desesperado de Cynthia por defenderse.

La jueza María Alejandra Balcázar ordenó seis meses de prisión preventiva y advirtió que, de ser hallado culpable, Fuentes podría recibir prisión perpetua«Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar», fundamentó.

«Tuvo una vida muy difícil»

El femicidio generó una profunda conmoción en el barrio. Juan Carlos García, quien la conocía, trazó un retrato doloroso: «Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse».

Juana de Jiménez, vecina de la zona, también expresó su indignación al conocer el pasado del acusado: «Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido«.

La vecina María Victoria Reyna pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima: «Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños».

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Un hombre murió tras recibir un puñetazo en Villa Carmela: el agresor de 25 años quedó detenido

El hecho ocurrió este lunes feriado a la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

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Un hombre de 40 años falleció este lunes 15 de junio en Villa Carmela luego de una violenta discusión que terminó con una agresión física. El principal sospechoso, un joven de 25 años conocido como “Choclito”, fue aprehendido horas después y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas investigativas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, encabezada por el fiscal Carlos Sale, quien se trasladó personalmente al lugar para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos.

La víctima fue identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años y con domicilio en Tafí Viejo. Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, cerca del mediodía Romano Hardoy llegó a bordo de un automóvil al asentamiento El Triángulo I, ubicado en Villa Carmela, sobre la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Fiscalía, al descender del vehículo e ingresar por un pasillo desde la ruta, se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25 años. En ese contexto se habría originado una discusión entre ambos que derivó en una agresión física.

Los investigadores sostienen que Carrizo le habría propinado un puñetazo en el rostro a Romano Hardoy. Como consecuencia del golpe, la víctima cayó al suelo y quedó tendida en el lugar.

La secuencia fue observada por una testigo que alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias 107 acudieron al sector. Sin embargo, al arribar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Luego del episodio, el acusado se dio a la fuga, aunque fue localizado y aprehendido posteriormente por personal policial. Quedó bajo custodia mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la imputación correspondiente.

Por disposición del fiscal Sale, trabajaron en la escena especialistas de distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron un relevamiento integral del lugar, levantaron rastros y recolectaron evidencias que permitan reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.

En las primeras horas de la investigación se descartó la utilización de armas de fuego o armas blancas, por lo que toda la pesquisa se concentra en determinar si el golpe recibido por la víctima fue la causa directa del fallecimiento o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Las autoridades judiciales adelantaron que en las próximas horas se practicará la autopsia al cuerpo de Romano Hardoy, una medida considerada clave para establecer científicamente la causa de muerte y definir la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa tomando declaraciones testimoniales y analizando los distintos elementos incorporados al expediente para esclarecer completamente las circunstancias que derivaron en el trágico episodio ocurrido durante el feriado en Villa Carmela.

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