La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca eliminar 59 tasas municipales mediante un proyecto enviado al Concejo Deliberante. La propuesta apunta a reducir la burocracia, agilizar trámites y disminuir los costos para los contribuyentes.
Política
“Hermano, o mandás la renuncia o te echamos esta noche”, el mensaje al diputado del escándalo con el que lo obligaron a dar un paso al costado
Durante varias horas el Frente de Todos envió señales a Juan Ameri. Sergio Massa se enojó y el kirchnerismo se despegó rápido del legislador
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7COPVHARJJF6RFJOLC7DMCUHVA.jpg "“Hermano, o mandás la renuncia o te echamos esta noche”, el mensaje al diputado del escándalo con el que lo obligaron a dar un paso al costado")
Sergio Massa sumó varios récords en la madrugada de hoy. La sesión remota se extendió por doce horas y 45 minutos; arrancó con un escándalo y terminó con la obligada renuncia del diputado que lo protagonizó y además dio marcha atrás con una votación ante el reclamo opositor por una enmienda de último momento del kirchnerismo con la que se abortó imprevistamente el consenso logrado con la mayoría de los bloques. Las definiciones llegaron todas juntas después de las 3 de la madrugada.
Aunque fue conmocionante la escena casi sexual del salteño Luis Ameri, el hecho político fue lo que ocurrió con el proyecto de ley que prohíbe al Estado otorgar beneficios como los ATP a empresas con depósitos en paraísos fiscales o con probada evasión. La ley tenía consenso pero en el recinto Carlos Heller anunció un cambio a propuesta de la kirchnerista Fernanda Vallejos que generó malestar tanto en la bancada de Juntos por el Cambio como en el interbloque Federal. La oposición pasó de prometer el voto afirmativo a la abstención y hasta varios diputados pidieron reconsiderar su voto creyendo que habían votado la primera versión. El lavagnista Jorge Sarghini pronunció un angustiante y duro discurso. “En el día en que tenemos que hacer gestos, cometen este error», advirtió y rogó casi desesperadamente un cambio de actitud. Massa recogió el guante y propuso una reconsideración para mandar otra vez el proyecto a comisión. Logró los dos tercios de los votos para que la ley, que acababa de votarse, sea discutida más tranquilamente en el transcurso de la semana.
Cerca de las seis de la tarde había sido el propio Massa quien advirtió en las pantallas la imagen escandalosa de Ameri con su mujer. Cuando pidió aplicar el artículo 188 del reglamento que habilita la suspensión de un diputado todavía muchos de sus pares no habían visto el polémico video.
Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, se comunicó con el salteño Juan Ameri para informarle la decisión de penalizarlo que acababan de tomar el presidente del cuerpo; Máximo Kirchner como presidente del bloque; ella misma como vice y Cristina Álvarez Rodríguez como secretaria. Le advirtió que antes del fin de la sesión se firmaría la resolución para constituir la comisión de cinco legisladores que analizarían su cuestionado comportamiento y que podría derivar en su expulsión. “Bochornoso”, lo definieron varios legisladores a la hora de los discursos.
El presidente de la Nación ya estaba enterado cuando llamó a Massa por otro motivo. Lo sabía como rápidamente lo supieron cientos de miles de argentinos.
Después de que se votara la suspensión sin goce de haberes el diputado Ameri ensayó un pedido de disculpas y se justificó en una entrevista radial. Dijo que creyó que se había caído internet, que no sabía que estaba a la vista de todos, que con su pareja estaban angustiados, que no podía tomar una decisión todavía y que solo le besó una teta a su mujer.
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El efecto negativo de la escena que el diputado minimizó derramó rápidamente sobre todo el cuerpo legislativo y principalmente sobre el Frente de Todos, fuerza de la que es parte el legislador nacional, un porteño mudado a Salta siete años atrás. “Ojalá renuncie”, dijo alguien cercano a Máximo Kirchner mientras desde el oficialismo empezaba un operativo ‘presión’.
Ameri asumió en el Congreso en diciembre pasado cuando el kirchnerista Sergio ‘el Oso’ Leavy renunció a su banca para asumir como senador nacional. Ayer a la tarde fue Leavy uno de los que expresó su malestar y repudio “a la reprochable actitud” del diputado que “ofendió el trabajo legislativo”. También apuró un pedido de renuncia el partido IgualAR que lideran radicales del Frente de Todos como Leopoldo Moreau y su hija Carmela Moreau. Lucas Godoy, diputado de igualAR por el Frente de Todos salteño, emitió un duro comunicado. «Ameri cometió un acto que es una vergüenza y una falta de respeto absoluta, tanto al Congreso de la Nación como a la sociedad argentina”, remarcó y anunció que el legislador había sido separado del Frente de Todos Salta. Además reclamó que diera un paso al costado: “Creo que debe presentar su renuncia, en forma inmediata”. Carmela Moreau hizo replicar rápidamente el pedido de Godoy.
También Máximo Kirchner puso a su equipo a trabajar para frenar el impacto. Hubo una contundente gacetilla de prensa para apoyar públicamente el trabajo de una comisión que determinaría «la sanción definitiva del diputado en el menor tiempo posible”. “No podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos”, concluyó el frente oficialista.
A las 20 los distintos bloques completaron la lista de diputados y diputadas que dictaminarán sobre la inconducta de Ameri: Moreau y Alvarez Rodríguez por el Frente de Todos; Miguel Ángel Bazze y Silvia Lospennato por Juntos por el Cambio y Graciela Camaño por el interbloque Federal. Cuatro mujeres y un varón.
Massa mandó un mensaje a Salta por televisión. Dio una entrevista a Animales Sueltos y dijo: “Yo no puedo permitir, de ninguna manera, que haya un tipo que siga manchando la institución Congreso con un video que se viraliza y que todos sabemos que lo único que hace es seguir destruyendo la credibilidad. La gente se enoja con razón frente a estas cosas”. Pero también pasó un aviso a otros diputados que protagonizaron hechos menores aunque llamativos. “El momento de la sesión o la comisión no es ni para poner un cartel, ni para cambiarse, ni para estar tomando un whisky ni para estar en la cama tapados”, alertó sobre algunas situaciones. La última fue esta semana cuando se vio en un zoom a Luciano Laspina con el torso desnudo mientras se cambiaba de ropa.
Aproximadamente a las 23.40 otra vez Massa y Máximo Kirchner se retiraron detrás de la presidencia del recinto. Una diputada llamó al salteño y puso el altavoz. Ya impacientes Massa y Kirchner hablaron para que los oyera el diputado que todavía se resistía a dar un paso al costado. “Hermano, o mandás la renuncia o te echamos esta noche”, alzó la voz uno de los dos.
Massa volvió al recinto para el debate por el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Después de la votación Massa le dio la palabra a Carlos Heller para anunciar el siguiente tema a debatir mientras miraba su celular. Lo interrumpió sin dejarlo terminar. Pidió un breve cuarto intermedio, sin dejar las bancas, e invitó a los jefes de todos los bloques a acompañarlo detrás de la presidencia. En privado les mostró que acababa de recibir un mail con firma digital con el pedido de disculpas y la carta de renuncia de Ameri. Ya eran las 0.35.
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La aceptación de la renuncia se demoró. En Juntos por el Cambio arrancó un debate interno porque en lugar de aceptar la renuncia algunos reclamaron seguir con el trámite y echarlo del Congreso. Lo explicitó en el recinto Fernando Iglesias: “No queremos enjuagues ni renuncias. Corresponde que se reúna la comisión y que lo expulsen”. Más tarde lo anunció Lospennato que pidió “decoro” y sentar un precedente con la comisión respectiva “como una señal de que esta cámara no va a aceptar estas inconductas”.
El kirchnerismo en cambio ya tenía definido que anoche mismo debía cerrarse el tema y no dilatar una sanción. “Por supuesto tenemos que ir por la renuncia de algún integrante de este cuerpo pero también tenemos que ir por la reivindicación de la política”, recalcó Claudia Bernazza, diputada nacional encolumnada con el Instituto Patria de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que puso de ejemplo a la joven diputada Daniela Vilar y a los militantes de organizaciones y asociaciones que habían visto desde los palcos el debate por Escazú.
Después de la sanción de esa ley, a las 3.10, Massa leyó la constitución de la comisión que evaluará el caso Ameri y la renuncia enviada por mail.
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Camaño dijo: “Es el escándalo más bochornoso que me ha tocado vivir y coincido con la diputada Lospennato que no podemos solo aceptar una renuncia”. Reivindicó la rápida reacción de Massa, recordó que en las mismas bancas se sentó una larga lista de históricos diputados nacionales como Bernardo de Yrigoyen o Luis Sáenz Peña y aseguró que lo que “haga un diputado forma un prejuicio que tenemos que aceptar y corregir”. El radical Mario Negri admitió que no fue fácil la decisión y coincidió en aceptar la renuncia y también pidió que la comisión emita una contundente declaración “de cara a la sociedad para que no quede la sensación de que alivianamos la carga sino que resolvemos rápidamente un problema de inconducta de un colega dentro del recinto”.
A las 3.38 se completó la votación. El secretario parlamentario leyó: 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones. “Ha sido aceptada la renuncia, el diputado acaba de dejar de pertenecer a este cuerpo”, se oyó satisfecho, por fin, a Massa.
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Ley de Tierras: los puntos clave del fallo de la Corte Suprema y cómo sigue la causa
Por mayoría, el máximo tribunal dictó una medida provisoria que suspendió la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 que había derogado la norma. Qué reclaman los demandantes, qué establece la ley y por qué Rosenkrantz votó en disidencia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales. La medida del máximo tribunal del país permanecerá vigente hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche defina la legitimación de quienes promovieron el amparo y trate su pedido de cautelar.
Qué se cuestiona en esta demanda
Los demandantes solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y la “nulidad absoluta e insanable” del artículo 154 del decreto, además de la suspensión cautelar de sus efectos. Fundaron el planteo en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
El fallo mayoritario de la Corte reconstruyó el recorrido del expediente. El Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche lo remitió a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata al advertir la existencia del caso CECIM, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas, que también impugnaba el artículo 154, pero con eje en el peligro para la soberanía. La Corte rechazó su demanda por entender que carecen de legitimación para litigar.
Ante esto el 30 de septiembre los impulsores de la causa en Bariloche se presentaron ante el máximo tribunal y pidieron aclarar si esa decisión los alcanzó también a ellos. Solicitaron que siga su causa, se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos y se resuelva la medida cautelar porque su planteo era diferente al de los ex combatientes. En este punto la Corte les dio la razón: en aquel caso se aludía a la soberanía territorial, mientras que este amparo invoca la tutela específica del ambiente prevista en los artículos 41 y 43 de la Constitución.
Los tres jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no llegaron a un acuerdo y hubo que llamar conjueces (REUTERS)
Planteos sin respuesta
El voto mayoritario entendió que el modo en que actuaron los tribunales inferiores dejó sin respuesta los pedidos de la demanda. “El particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda”, sostuvo.
Sobre esa base, la Corte consideró necesario dictar una medida interina para resguardar el acceso a una decisión judicial en tiempo oportuno y la protección ambiental. Citó el artículo 32 de la Ley General del Ambiente y disposiciones de la ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado.
El máximo tribunal señaló que cuenta con facultades para preservar los bienes jurídicos invocados aun cuando el expediente haya sido remitido de modo defectuoso desde instancias inferiores. También vinculó la decisión con el Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino por la ley 27.566, que exige procedimientos ambientales “efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos”.
Así, en el punto 10, la mayoría resolvió suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los demandantes y examine la cautelar. La resolución no define la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras ni adelanta criterio sobre el fondo del amparo.
En el último tramo de los fundamentos, la mayoría recordó que el “primer deber” de los jueces es ser “celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”. Agregó que deben hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales de acuerdo con las circunstancias de cada expediente.
Postal de la marcha en contra de la Ley de Tierras en agosto de este año (AFP)Ese razonamiento llevó a adoptar una solución transitoria y ahora el juzgado de Bariloche deberá retomar el caso, determinar si los demandantes están habilitados para promover la acción colectiva y pronunciarse sobre la cautelar. Mientras tanto, queda sin efecto la disposición del decreto que había derogado el régimen de tierras rurales.
La disidencia de Rosenkrantz
El juez Rosenkrantz coincidió en que el expediente debía volver al juzgado federal de Bariloche, pero rechazó que la Corte dictara una cautelar o una medida interina. Según su voto, el tribunal “carece de competencia para ello” en esta etapa, ya que una decisión sin pronunciamiento previo de un tribunal inferior supondría ejercer competencia originaria fuera de los casos taxativamente previstos por el artículo 117 de la Constitución.
El juez sostuvo que los demandantes reclamaron la medida cautelar por el riesgo para “la integridad del territorio de las comunidades originarias” y no en condiciones que exige la ley 26.854 para conceder una medida contra el Estado. Por ello, consideró que no era posible otorgar ni una cautelar ni una tutela interina.
También cuestionó que se invocara la Ley General del Ambiente. Aunque esa norma habilita a los jueces a adoptar medidas precautorias sin petición de parte, afirmó que no elimina el deber de justificar los requisitos de toda cautelar. “En la demanda no hay una sola indicación que permita inferir, siquiera mínimamente, que habría un peligro ambiental grave o irreversible”, afirmó en su voto.
Para Rosenkrantz, los demandantes tampoco explicaron qué vínculo existiría entre la nacionalidad de un propietario rural y una afectación ambiental. “El simple cambio de titularidad de la tierra no es indicativo de peligro ambiental per se alguno”, expresó, y advirtió que una referencia genérica al ambiente no puede funcionar como “coartada” para disponer medidas excepcionales.
El magistrado cerró su disidencia al señalar que el malestar que pudo generar el fallo previo en la causa CECIM no habilita decisiones que la Constitución y las leyes no permiten.
Qué límites establece la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, establece restricciones para la adquisición y titularidad de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La norma fija un tope del 15 % para la titularidad extranjera de tierras rurales, calculado tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio. A su vez, las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30 % de ese cupo.
Qué dice la norma (Imagen Ilustrativa Infobae)También dispone que un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su equivalente según la ubicación y la productividad del suelo. Prohibe además que extranjeros sean propietarios de predios que contengan o linden con ríos, lagos o glaciares. Para las zonas de seguridad de frontera, impone controles y autorizaciones especiales.
A los efectos de la ley, se considera extranjera a la persona que no tenga diez años de residencia permanente en la Argentina. En el caso de las sociedades, la condición se aplica cuando más del 51 % del capital social o de los derechos de voto esté en manos extranjeras.
El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley. Sin embargo, la medida interina dictada por la Corte Suprema suspendió ahora de manera provisoria esa norma dictada en el gobierno de Javier Milei, devolvió la causa al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche y le ordenó pronunciarse. /Infobae/
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