Gobernadores sostuvieron la hegemonía en sus distritos y LLA, obligada a revisar estrategias
Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco y Claudio Poggi de San Luis, los vencedores en comicios de baja participación. Los libertarios, socios minoritarios de la victoria en Chaco, asociados a la UCR. Derrotas violetas en los otros distritos, aunque responden a lógicas provinciales. El PJ no hizo pie y sufrió las divisiones.
El test electoral de este domingo, con cuatro provincias votando en simultáneo para renovar cargos legislativos locales, dejó a los gobernadores con el brazo en alto al final de la jornada. Los jefes provinciales revalidaron sus gestiones y consolidaron su dominio en el pago chico, en un llamado a las urnas que tenía la novedad de la participación libertaria, con listas oficiales del sello La Libertad Avanza (LLA) en tres de los cuatro distritos.
Con apatía del electorado, reflejada en bajos porcentajes de participación, Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Leandro Zdero de Chaco y Claudio Poggi de San Luis, cuatro mandatarios dialoguistas, de los que colaboraron con la gobernabilidad de Javier Milei, blindaron sus distritos y se oxigenan de cara a la segunda parte de la gestión, con legislaturas en las que seguirán teniendo mayorías. El peronismo, por su parte, pago caro las divisiones al tiempo que LLA tuvo las previsibles derrotas en los distritos en los que se presentó su boleta violeta sin aliados.
Claro, los libertarios, acostumbrados a forzar los hechos, buscaron viralizar lecturas con poco apego a la realidad. La primera, una victoria en Salta, visión amparada en haber sido la fuerza más votada en la capital salteña. Sin embargo, el provincialismo de Sáenz se quedó con el 70% de los cargos en disputa. LLA alcanzó una senaduría de las 12 en disputa, y 9 bancas de diputados de las 30 que se renovaban. La segunda: apropiarse del triunfo en Chaco, donde fueron un socio minoritario del frente de Zdero, donde también estaba incluido el PRO.
No obstante, tampoco corresponde una lectura nacional de la jornada. Es igual de caprichoso señalar que las derrotas de los libertarios en las provincias, a las que se suma la de Santa Fe en abril, se deben a que la sociedad dejó de respaldar a Javier Milei. El Presidente sigue siendo el dirigente con mejor valoración a nivel nacional y LLA decidió, además, no jugar a fondo en el terreno de gobernadores siempre dispuestos a dar una mano en el Congreso. Tampoco le sobran candidatos potentes en el territorio, y en general echa mano a lo que tiene. Más lo posible que lo deseable.
En 2023 ocurrió un fenómeno similar: los candidatos referenciados en Milei perdieron por paliza en las provincias, y luego el libertario triunfó a nivel nacional. Es un antecedente. Suponer que ahora es distinto puede corresponder más a deseos de la oposición que a un mapa de situación de la política federal.
Como ya se analizó, en Salta y San Luis los oficialismos son sellos estrictamente provinciales, heterogéneos, y es probable que tanto Sáenz como Poggi se declaren prescindentes para octubre, y le den libertad de acción a sus dirigentes para que participen en el frente que deseen. Es decir, el escenario de mayo no se repetirá. En San Luis, LLA no participó oficialmente y Karina Milei no avaló al diputado nacional de su fuerza Carlos D´Alessando a que utilizara el sello. Así, éste optó por presentarse con otro partido, aunque con estética mileísta, y obtuvo casi un 8%. Otra fuerza similar, denominada Viva La Libertad Carajo, sacó un guarismo similar. Poggi, que reeditó una alianza con el PRO, la UCR y el peronismo disidente, batalló contra el PJ de Alberto Rodríguez Saá, quien volvió a quedar lejos y enfrentado a su hermano Adolfo (abrazado al gobernador, como en 2023). Dato: por primera vez, los puntanos votaron con boleta única impresa.
En Salta, las fuerzas del cielo hicieron un papel decoroso, y si bien es falso aseverar que ganar la capital provincial le dé la victoria (como insisten los libertarios), imponerse en ese departamento no es un hecho menor. Representa la mitad del padrón salteño y es una luz de alarma para Sáenz con vistas al 2027.
En tanto, en Jujuy LLA hizo un buen score, alcanzando el segundo lugar, y el jujeño Sadir, sostuvo la hegemonía UCR en la provincia, aun cuando la gestión empieza a mostrar signos de desgaste. Aprovechó una oposición fragmentada, con un peronismo partido entre el PJ oficial intervenido por Cristina Kirchner y dos listas que se oponen a la conducción de la expresidenta. Sadir, además, se benefició de la aparición de dos listas “liberblue” que le hicieron perder adhesiones a LLA.
En ese sentido, el PJ intervenido en Salta y Jujuy, con venia de Cristina Kirchner, tuvo rotundos fracasos. En el primer caso, no logró ninguna banca ni de senadores ni de diputados. En el segundo, marchaba en tercer lugar, detrás de LLA.
Alianza que podrá ser replicada
El ensayo más atractivo a los ojos nacionales fue el de Chaco, donde el gobernador Leandro Zdero, también radical, impulsó una sociedad con La Libertad Avanza; un hecho que hasta ahora no intentó ninguno de sus pares dialoguistas. Venció a un rival de peso, como Jorge Capitanich, quien logró unir detrás de su candidatura al grueso del peronismo.
Por un lado, el PJ parece avanzar a unidades dificultosa en las provincias que renovarán senadores en octubre. Chaco y CABA, con Leandro Santoro al frente de la lista, son ejemplos. Por otro, el éxito de Zdero con LLA y el PRO alentará a otros mandatarios amarillos y del radicalismo a buscar alianzas similares. Es que muchos de ellos comparten electorado, y abundan los casos de votantes que apoyan al gobernador en su distrito pero a Milei en Nación. Dividirse entre ellos le abriría la puerta al PJ si lograra abroquelarse.
Las alianzas también serán una carta para Mauricio Macri, que busca negociar partido a partido en la provincia de Buenos Aires. En línea con la tesis de Santiago Caputo, mostrará que LLA suelto, en distritos donde no tiene referentes, no logra capitalizar la imagen de Milei, quien para colmo no tiene margen para ponerse al hombro 24 campañas, una por distrito. Una cosa es Milei, otra LLA y otra sus candidatos territoriales. Se va diluyendo la espuma en cada eslabón de la cadena.
Vale resaltar que Salta, el único de los cuatro distritos en que se usó boleta única electrónica, tuvo un ágil conteo de votos, y a las 20 ya estaba escrutada cerca del 100% de las mesas. Para comparar, en Jujuy, con papeleta tradicional, recién 21.30 se contó con los primeros resultados. /Ámbito/
Tucumán adherirá a bajar la imputabilidad de menores y prepara cambios para poder aplicarla desde septiembre
El vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que la provincia adecuará su legislación penal juvenil a la nueva normativa nacional. Anticipó que habrá una reunión con la Corte, el Poder Ejecutivo y legisladores para definir cómo se implementará el régimen en Tucumán.
Tucumán adherirá a la ley nacional que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad, según confirmó el vicegobernador Miguel Acevedo durante el desarrollo de su agenda de actividades realizada en Casa de Gobierno.
El titular del Poder Legislativo explicó que la provincia deberá realizar las modificaciones necesarias para adaptar la normativa nacional a su propia realidad y anticipó que la aplicación podría comenzar este mismo año, teniendo en cuenta que la ley nacional entrará en vigencia a partir de septiembre.
“Vamos a adherir y vamos a tener que hacer las adecuaciones necesarias para que se pueda implementar aquí en Tucumán”, afirmó Acevedo al ser consultado sobre la posición de la provincia frente al nuevo régimen.
La implementación, según explicó, requerirá un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. “Tenemos que articular el accionar, no tan sólo legislativo con el Poder Judicial sino también con el Poder Ejecutivo”, señaló.
En ese sentido, adelantó que el próximo martes se realizará una reunión en la Corte con representantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y la Legislatura, además de integrantes de la comisión que trabaja sobre la adecuación normativa. El objetivo será avanzar en una legislación que pueda aplicarse efectivamente en la provincia, contemplando las particularidades locales.
Acevedo remarcó además que el nuevo esquema no debería limitarse a una respuesta punitiva, sino que debe contemplar la posibilidad de recuperación y reinserción de los jóvenes que sean alcanzados por la normativa.
“Aunque hayan delincuencias, serán condenados, pero queremos que esos que condenemos se puedan recuperar. Son jóvenes, no estamos hablando de adultos”, sostuvo.
Una implementación que demandará recursos
El vicegobernador también advirtió que adaptar la legislación no será suficiente. La aplicación del nuevo régimen requerirá estructura, recursos y previsiones presupuestarias, por lo que el Poder Ejecutivo deberá contemplar las erogaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
“Implementar y llevar a cabo la medida que se tome implica una erogación, implica tener una estructura, implica que el presupuesto del Poder Ejecutivo contemple las acciones que vayamos a desarrollar”, explicó.
Acevedo señaló que el gobernador Osvaldo Jaldo está siguiendo el proceso y destacó que Tucumán ya cuenta con antecedentes y herramientas vinculadas al abordaje de menores en conflicto con la ley.
La confirmación se produjo durante el homenaje a Juan Bautista Alberdi, realizado en Casa de Gobierno en el marco de las actividades organizadas junto al Colegio de Abogados, que celebra sus 100 años. Durante el acto también se destacó la realización de una nueva edición de la Bienal Argentina de Fotografía, prevista para octubre en distintos espacios de la provincia.
El Consejo del Salario no logró un acuerdo para establecer el nuevo mínimo en las remuneraciones y el nuevo mínimo será establecido por el Gobierno.
Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.
A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del Gobierno nacional.
El Consejo del Salario es una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar ese piso salarial.
Se viene realizando en el último tiempio de manera virtual, a través de Zoom, y la CGT había reclamado la semana pasada que en el encuentro de este viernes se regrese a la presencialidad, pero el Gobierno no accedió a la petición sindical.
De la reunión participaron por el sector empleador: Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez (UIA); Ricardo Diab y Juan Massi (CAC).
Por el sector trabajador: Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar (CGT); Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores).
También estuvieron los asesores técnicos de todas estas organizaciones.
Las críticas de ATE
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se quejó que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, y planteó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.
“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.
“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno”, finalizó Aguiar.
A pesar de que todavía no tiene garantizado el acompañamiento de los aliados, el Gobierno insiste con el proyecto para eliminar las PASO y anticipó que el tema va a ser el próximo objetivo que se pondrá el oficialismo en el Congreso, mientras sigue negociando los acuerdos electorales con el PRO para simplificar el escenario de cara al 2027.
Al salir del recinto luego de haber conseguido la aprobación de 67 pliegos judiciales y 5 tratados internacionales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma política es la siguiente medida que impulsará.
Aunque el punto más controversial de esta iniciativa es el de terminar con las primarias, el texto también incluye varios cambios en el sistema, como en el financiamiento de los partidos, entre otras cuestiones.
El costo y la utilidad que tienen las PASO viene siendo uno de los cuestionamientos principales de la administración libertaria en lo que respecta al proceso electoral, desde el inicio de la gestión.
Ya a comienzos del 2025 hubo intentos para eliminarlas pero, ante la falta de apoyo también en aquel momento, el presidente Javier Milei solamente consiguió que se suspendieran para los comicios de ese año, en el que además se implementó la boleta única en papel por primera vez en todo el país.
Meses más tarde, el Poder Ejecutivo envió otra propuesta al Congreso con la que volvió a plantear la eliminación definitiva de las primarias, lo cual nuevamente encontró la resistencia de algunos espacios.
En mayo último, una vez más ante un contexto complejo, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de una nueva suspensión, pero rápidamente se volvió a la idea original.
Ya en su nuevo rol de jefe de Gabinete, Diego Santilli consiguió el respaldo de algunas provincias que aceptaron quitarlas, a cambio de mantener mecanismos para solucionar las internas en sus respectivos territorios.
Un ejemplo es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.
De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.
Otros mandatarios, en cambio, ya le transmitieron al funcionario nacional, en conversaciones privadas, su deseo de acompañar la medida, aunque no lo expresaron públicamente.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó Bullrich este jueves, a la salida de la sesión.
El asunto, no obstante, continúa generando cierta tensión con el PRO, que no definió la posición que va a tomar al respecto, cuando todavía negocia con el oficialismo tener una alianza electoral en todo el país y la forma en la que se decidirán los candidatos en cada lugar.
En un principio, el partido fundado por Mauricio Macri, sin precisiones en aquel entonces sobre lo que haría La Libertad Avanza en el 2027, planteó, en lugar de quitar las primarias, convertirlas en optativas, para que solamente presenten listas los que tengan internas.
Todo cambió cuando, hace algunas semanas, de manera sorpresiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó por teléfono a Macri para plantearle crear una mesa de trabajo con el objetivo de afianzar la relación entre las dos fuerzas políticas y formalizar una alianza en todo el país.
Aunque comenzaron a planificar los acuerdos y avanza la sintonía, la reforma electoral todavía no fue uno de los puntos que trataron durante esos encuentros que se hacen cada 15 días.
En las dos primeras reuniones, los representantes de cada una de las dos partes acordaron las pautas generales de las negociaciones y empezaron a analizar la situación electoral en cada distrito.
“Nosotros siempre dijimos que las PASO no tienen ni todo en contra ni todo a favor. Milei y Macri han sido resultado de la PASO, pero también sabemos, por otro lado, que tiene un costo, que la población en un año como el que viene tiene que votar seis veces y eso es cansador, y que es un gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política”, comentó a la salida de uno de estos encuentros Cristian Ritondo, que junto a Fernando de Andreis son los enviados del PRO a la mesa con el Gobierno.
Por su parte, Bullrich advirtió que mantener las primarias implicaría también adelantar la campaña, lo que le quitaría al Ejecutivo “cuatro meses de gestión“ en un año que, a su entender, “va a estar prácticamente perdido”.
Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada. / Infobae
