Los mandatarios están muy preocupados por el impacto de la baja en los impuestos coparticipables y la caída en las transferencias automáticas a las provincias, que entre el 2023 y el proyectado al 2025 significó una variación real en torno al -11,5%. Entre el 2024 y este año, la merma prevista en las transferencias automáticas a las provincias, que se componen del régimen de coparticipación general y los regímenes especiales, es del -4,2%, según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos.

“Representa una pérdida de casi $2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB. Si se compara con el 2023, la caída es aún superior, lo que equivale a decir que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima al 1% del PIB. Vale señalar que esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones”, sintetizó un documento plagado de gráficos que circuló en las últimas horas en el chat que comparten los jefes provinciales.

Según las proyecciones, para el 2025 la nación le girará a las provincias unos $56.466.157 millones.

Entre los gobernadores aparece, en ese contexto, otro dato igual o más inquietante: el mes pasado, los giros por coparticipación tuvieron un incremento nominal interanual de apenas el 10,6%, cayeron más de 50 puntos porcentuales respecto a abril. Fue el menor registro desde mayo del 2020, es decir, el punto más crítico de la pandemia de COVID-19, con una economía en franca recesión. Entre las principales causas se encuentran las modificaciones en la política tributaria por parte del gobierno y la lenta recuperación del consumo, incluso muy dispar según los sectores.

En las provincias, la preocupación va in crescendo, peor aún a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales: hay gobernadores a los que se les hace cada vez más cuesta arriba cubrir una masa salarial. Para colmo, el Ejecutivo retacea la adjudicación de Aportes del Tesoro -el stock acumulado a estos días ascendía a más de $1.000 millones-, sumado a las transferencias presupuestarias que son casi nulas. Las quejas por el mantenimiento de las rutas pertenecientes al Estado nacional, por ejemplo, ya escalaron a niveles récord por el pésimo estado de las mismas. También por las obras vinculadas con los planes de viviendas, y la infraestructura en general.

En ese sentido, este martes al menos quince de ellos estarán de forma presencial en el CFI, en la calle Azopardo de la Ciudad de Buenos Aires, en unas oficinas muleto por los trabajados de mantenimiento en la sede histórica de San Martín y el pasaje Tres Sargentos. Entre ellos, Axel Kicillof, que mantiene una abierta disputa con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y que busca una alternativa algo más aperturista en su proyección 2027. Algunos jefes provinciales del peronismo tenían previsto participar de manera virtual, y los de la ex coalición de Juntos por el Cambio, del PRO y la UCR, habían confirmado casi en su totalidad que viajaban a Buenos Aires.

Entre las novedades figuraba la presencia, hasta ayer confirmada, Jorge Macri, que, por su carácter de jefe de Gobierno porteño, no tiene representante ante el CFI y que desde hace tiempo arrastra una guerra pública con la Casa Rosada.

Formalmente, se trata de un encuentro convocado por Ignacio Lamothe, titular del CFI, un dirigente muy vinculado con las provincias que va a presentar opciones de financiamiento alternativo para obras de infraestructura, uno de los déficits más notorios desde que asumió Javier Milei y consolidó su política de ajuste fiscal. Hace quince días ya había habido una cumbre en Paraná, con Lamothe como organizador y Rogelio Frigerio como anfitrión, pero fue mucho menos convocante que esta reunión de hoy.

Es que hace rato que un buen grupo de gobernadores del PJ y de la oposición aliada de la UCR y el PRO no se convocaban en una misma mesa. La convocatoria al fallido pacto de mayo, rubricado meses después, fue solo una puesta en escena en la medianoche helada de Tucumán tras la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal que no tuvo ningún resultado práctico. Nadie esperaba otra cosa.

Después, hubo encuentros por separado, y la mayoría adoptó una posición muy condescendiente con la Casa Rosada, con apenas un puñado de excepciones. Afloraron con el tiempo quejas solapadas, siempre en privado, por la escasez de recursos y la compleja relación con el Ejecutivo, pero se impuso el silencio público como normal general. En buena medida, por el nivel de aceptación de Milei en la opinión pública y la falta de consenso político entre las diferentes tribus de los jefes provinciales.

Ayer, Ignacio Torres, de Chubut, que suele ser algo más audaz que el resto -en los primeros meses de gestión se enfrentó duramente al Gobierno y amenazó con cortar las entregas de gas y petróleo si Nación no enviaba recursos-, pidió un nuevo pacto fiscal y que las provincias puedan afrontar la obra pública que el gobierno dejó de financiar. “Hay un gris en un montón de impuestos que se están recaudando con asignaciones específicas, por ejemplo para el mantenimiento de rutas, puertos y demás, que tenemos que discutir qué hacemos con eso. O se eliminan esos impuestos que son nacionales, o se descentralizan y las provincias nos hacemos cargo de esas obras”, dijo en el foro Energía Chubut 2050.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que después lo recibió en Casa Rosada junto a Frigerio para la firma de un convenio de intercambio de información fiscal, respondió con una negativa.

En simultáneo, y más allá de las quejas por los recursos, hay gobernadores que mantienen negociaciones abiertas con los hermanos Milei y el consultor Santiago Caputo por el cronograma electoral. Es el caso de Gustavo Valdés, de Corrientes. También de Frigerio. Algo más tensa está la relación entre la Casa Rosada y Alfredo Cornejo, de Mendoza. En Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO, que tiene trece intendencias y dirigentes reconocidos en ese distrito, se encaminan a una alianza para las elecciones provinciales de septiembre. Ayer, Cristina Kirchner confirmó que será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Todo un desafío para el gobierno, pero más aún para Kicillof, que llega a la cumbre de hoy en la sede transitoria del CFI con la billetera ajustada y el dilema de la disputa o la unidad del peronismo.