Los gobernadores se reunirán este martes en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar las finanzas provinciales, la caída en los ingresos y el impacto en cada distrito, en pleno calendario electoral y en medio de las negociaciones cruzadas con el gobierno.
Política
Gobernadores se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones
Los mandatarios provinciales se reunirán para plantear la baja de la coparticipación y la obra pública, convocados por el CFI.
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Los mandatarios están muy preocupados por el impacto de la baja en los impuestos coparticipables y la caída en las transferencias automáticas a las provincias, que entre el 2023 y el proyectado al 2025 significó una variación real en torno al -11,5%. Entre el 2024 y este año, la merma prevista en las transferencias automáticas a las provincias, que se componen del régimen de coparticipación general y los regímenes especiales, es del -4,2%, según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos.
“Representa una pérdida de casi $2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB. Si se compara con el 2023, la caída es aún superior, lo que equivale a decir que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima al 1% del PIB. Vale señalar que esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones”, sintetizó un documento plagado de gráficos que circuló en las últimas horas en el chat que comparten los jefes provinciales.
Según las proyecciones, para el 2025 la nación le girará a las provincias unos $56.466.157 millones.
Entre los gobernadores aparece, en ese contexto, otro dato igual o más inquietante: el mes pasado, los giros por coparticipación tuvieron un incremento nominal interanual de apenas el 10,6%, cayeron más de 50 puntos porcentuales respecto a abril. Fue el menor registro desde mayo del 2020, es decir, el punto más crítico de la pandemia de COVID-19, con una economía en franca recesión. Entre las principales causas se encuentran las modificaciones en la política tributaria por parte del gobierno y la lenta recuperación del consumo, incluso muy dispar según los sectores.
En las provincias, la preocupación va in crescendo, peor aún a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales: hay gobernadores a los que se les hace cada vez más cuesta arriba cubrir una masa salarial. Para colmo, el Ejecutivo retacea la adjudicación de Aportes del Tesoro -el stock acumulado a estos días ascendía a más de $1.000 millones-, sumado a las transferencias presupuestarias que son casi nulas. Las quejas por el mantenimiento de las rutas pertenecientes al Estado nacional, por ejemplo, ya escalaron a niveles récord por el pésimo estado de las mismas. También por las obras vinculadas con los planes de viviendas, y la infraestructura en general.
En ese sentido, este martes al menos quince de ellos estarán de forma presencial en el CFI, en la calle Azopardo de la Ciudad de Buenos Aires, en unas oficinas muleto por los trabajados de mantenimiento en la sede histórica de San Martín y el pasaje Tres Sargentos. Entre ellos, Axel Kicillof, que mantiene una abierta disputa con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y que busca una alternativa algo más aperturista en su proyección 2027. Algunos jefes provinciales del peronismo tenían previsto participar de manera virtual, y los de la ex coalición de Juntos por el Cambio, del PRO y la UCR, habían confirmado casi en su totalidad que viajaban a Buenos Aires.
Entre las novedades figuraba la presencia, hasta ayer confirmada, Jorge Macri, que, por su carácter de jefe de Gobierno porteño, no tiene representante ante el CFI y que desde hace tiempo arrastra una guerra pública con la Casa Rosada.
Formalmente, se trata de un encuentro convocado por Ignacio Lamothe, titular del CFI, un dirigente muy vinculado con las provincias que va a presentar opciones de financiamiento alternativo para obras de infraestructura, uno de los déficits más notorios desde que asumió Javier Milei y consolidó su política de ajuste fiscal. Hace quince días ya había habido una cumbre en Paraná, con Lamothe como organizador y Rogelio Frigerio como anfitrión, pero fue mucho menos convocante que esta reunión de hoy.
Es que hace rato que un buen grupo de gobernadores del PJ y de la oposición aliada de la UCR y el PRO no se convocaban en una misma mesa. La convocatoria al fallido pacto de mayo, rubricado meses después, fue solo una puesta en escena en la medianoche helada de Tucumán tras la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal que no tuvo ningún resultado práctico. Nadie esperaba otra cosa.
Después, hubo encuentros por separado, y la mayoría adoptó una posición muy condescendiente con la Casa Rosada, con apenas un puñado de excepciones. Afloraron con el tiempo quejas solapadas, siempre en privado, por la escasez de recursos y la compleja relación con el Ejecutivo, pero se impuso el silencio público como normal general. En buena medida, por el nivel de aceptación de Milei en la opinión pública y la falta de consenso político entre las diferentes tribus de los jefes provinciales.
Ayer, Ignacio Torres, de Chubut, que suele ser algo más audaz que el resto -en los primeros meses de gestión se enfrentó duramente al Gobierno y amenazó con cortar las entregas de gas y petróleo si Nación no enviaba recursos-, pidió un nuevo pacto fiscal y que las provincias puedan afrontar la obra pública que el gobierno dejó de financiar. “Hay un gris en un montón de impuestos que se están recaudando con asignaciones específicas, por ejemplo para el mantenimiento de rutas, puertos y demás, que tenemos que discutir qué hacemos con eso. O se eliminan esos impuestos que son nacionales, o se descentralizan y las provincias nos hacemos cargo de esas obras”, dijo en el foro Energía Chubut 2050.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que después lo recibió en Casa Rosada junto a Frigerio para la firma de un convenio de intercambio de información fiscal, respondió con una negativa.
En simultáneo, y más allá de las quejas por los recursos, hay gobernadores que mantienen negociaciones abiertas con los hermanos Milei y el consultor Santiago Caputo por el cronograma electoral. Es el caso de Gustavo Valdés, de Corrientes. También de Frigerio. Algo más tensa está la relación entre la Casa Rosada y Alfredo Cornejo, de Mendoza. En Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO, que tiene trece intendencias y dirigentes reconocidos en ese distrito, se encaminan a una alianza para las elecciones provinciales de septiembre. Ayer, Cristina Kirchner confirmó que será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Todo un desafío para el gobierno, pero más aún para Kicillof, que llega a la cumbre de hoy en la sede transitoria del CFI con la billetera ajustada y el dilema de la disputa o la unidad del peronismo.
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Política
Toto Caputo le otorgó a Cerimedo un negocio millonario en la Hidrovía
El libertario desembarcó en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario gracias a una habilitación del ministro de Economía.
Publicado
2 horas atrásel
25 agosto, 2026
Fernando Cerimedo, el consultor de Milei preso en Bolivia y acusado de haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada, ingresó al millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario.
La firma funcionaba originalmente como guardería náutica, pero se reconvirtió para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador. Uno de sus principales negocios es la provisión de diésel para los remolcadores de barcazas, una actividad estratégica que se cobra en dólares y está concentrada en un puñado de operadores.
El expediente para que Sanabria pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector agroexportador saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
Milei mintió: dijo que desde 2023 no ve a Cerimedo y le enrostraron 12 visitas a la Rosada en 2024
El tramite express para la reconversión de Sanabria, acorde a lo que pretendía Cerimedo, es casi imposible de conseguir, según confirmaron a LPO fuentes del sector.
El expediente para que la empresa Sanabria que compró Cerimedo pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
Según los registros del Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de julio de 2024 Surlibre Inversiones ingresó como socia de Sanabria SRL y se quedó con el 30% de la compañía luego de que Sergio Ezequiel Amarilla cediera 100 cuotas sociales e Iván Alberto Sanabria otras 50, sobre un capital compuesto por 500 cuotas.
La financiera Surlibre está vinculada a Cerimedo y pasó a controlar 150 cuotas, mientras Sanabria conservó 200 y Amarilla, las 150 restantes, detallaron a LPO las fuentes consultadas.
Tras esa operación, Amarilla y Sanabria fueron designados gerentes conjuntos de la sociedad. Fuentes del negocio portuario señalaron a LPO que, desde el ingreso de Surlibre Inversiones, Sanabria SRL consiguió las autorizaciones necesarias en tiempo récord.
Según empresarios que prestan servicios en la Hidrovía, dijeron a LPO que es un mercado al que resulta prácticamente imposible acceder sin contactos con las máximas autoridades.
El movimiento societario se produjo dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Arreseygor reemplazó en mayo de 2024 a Pablo Piccirilli y quedó al frente del área encargada de conducir el proceso de privatización de la principal vía navegable del país.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada», contó un empresario con décadas de experiencia en el sector.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada»
En el ambiente portuario llamó la atención la velocidad con la que la empresa consiguió los permisos nacionales cuando desde la Municipalidad de Puerto General San Martín dijeron a LPO que la sociedad todavía tiene pendiente parte de la documentación para completar su habilitación local. También afirmaron desconocer la presencia de Cerimedo y el vínculo del libertario con Surlibre Inversiones.
El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión empresarial que Cerimedo inició después del triunfo de Javier Milei. Además de sus firmas de comunicación y publicidad, el consultor incorporó sociedades de inversión, tecnología y energía.
El origen de los fondos de Cerimedo también forma parte de la investigación abierta en Bolivia. Durante distintos allanamientos, la fiscalía secuestró dinero en efectivo y reconstruyó movimientos por unos 400 mil dólares a través de una casa de cambios. Uno de sus abogados sostuvo que la CAF financiaba la consultoría que prestaba al gobierno de Rodrigo Paz, pero el banco regional negó que existiera una relación contractual, según publicó el DiarioAr.
En marzo de 2025, la CAF aprobó un crédito por 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente de fortalecimiento del sector portuario.
En el organismo negaron haber contratado al consultor detenido, pero ahora, su participación en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario dejó flotando en el sector la verdadera dimensión de la influencia de Cerimedo en el polo agroexportador.
Política
Nueva tensión diplomática: Chile protestará por los dichos de jefe de la Fuerza Aérea sobre el Estrecho de Magallanes
La Cancillería chilena cuestionó las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina y reivindicó la soberanía sobre el paso austral.
Publicado
3 horas atrásel
25 agosto, 2026
El gobierno de Chile enviará una nota de protesta a la Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes. La Cancillería chilena calificó de indiscutible su jurisdicción y recordó los tratados firmados entre ambos países.
Qué dijo el jefe de la Fuerza Aérea Argentina
La controversia comenzó después de que Valverde se refiriera a Magallanes, el sur y el Drake como zonas de soberanía durante una entrevista realizada el domingo en un programa de streaming.
Sus palabras generaron una rápida respuesta en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que la Cancillería enviará una nota formal a su par argentino y remarcó que las declaraciones deben ser consideradas por toda la región.

La Cancillería chilena reivindicó la soberanía sobre la totalidad del estrecho y recordó los tratados bilaterales de 1881 y 1984.
“La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo Pérez Mackenna.
El funcionario se encontraba en una gira oficial en Vietnam cuando se refirió a la polémica. Allí también lanzó un llamado a las autoridades extranjeras para que actúen con cautela al referirse a cuestiones territoriales.
“Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.
Qué establecen los tratados sobre Magallanes
La posición chilena se apoya principalmente en dos acuerdos bilaterales. El Tratado de 1881, conocido como Tratado de Límites, reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 ratificó los límites australes entre la Argentina y Chile y permitió cerrar las diferencias sobre la boca oriental del estrecho.
En tanto, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, ratificó los límites australes y reafirmó que las aguas del estrecho se encuentran bajo jurisdicción chilena. El acuerdo también permitió cerrar las diferencias existentes entre ambos países sobre su boca oriental.
El estrecho de Magallanes se encuentra entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y otras islas australes. Fue navegado por primera vez en 1520 por Fernando de Magallanes, explorador portugués al servicio de España, y mantiene una importancia estratégica por ser una vía comercial que evita el paso por el Cabo de Hornos.
Gustavo Javier Valverde fue designado a fines de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo. Este último había sido desplazado luego de detectarse el uso indebido de aeronaves militares para fines personales, además de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.
La polémica por las declaraciones sobre el estrecho también fue abordada por Claudio Alvarado, ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno de Chile.
“Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, afirmó el funcionario, en línea con la posición expresada por la Cancillería.

Las declaraciones de Gustavo Javier Valverde generaron críticas de funcionarios y legisladores chilenos, que defendieron la soberanía del país sobre la zona.
Las críticas que surgieron en Chile
Además de Pérez Mackenna, Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, cuestionó las declaraciones de Valverde a través de Facebook.
“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “la boca de Magallanes es argentina”. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, escribió.
También se sumó a las críticas Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, quien sostuvo en X: “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”.
El legislador agregó: “Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza”.
Política
Adorni pidió más tiempo a la Justicia para justificar su patrimonio
El plazo previsto originalmente vence este miércoles. El exjefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito.
Publicado
19 horas atrásel
24 agosto, 2026
El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.
La defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.
Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.

Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.
Las 20 inconsistencias
El requerimiento se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, el fiscal Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes de Adorni y Angeletti. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.
De acuerdo con la investigación, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.
Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— ascendieron a $272.820.832,20. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún no encuentra explicación.
Asimismo, el fiscal detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que, acorralado por el escándalo, reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.
También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.

El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.
Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina. /Infobae
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