El Tribunal Constitucional (TC) de Perú devolvió este jueves la vigencia al indulto de 2017 en favor del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos masacres bajo su gestión, por lo que ex mandatario debería quedar libre.

El Tribunal declaró “fundado” el recurso de la defensa de Fujimori contra la sentencia que anuló el indulto el indulto humanitario que en diciembre de 2017 le concedió el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, como parte de un acuerdo legislativo para evitar ser destituido del cargo.

Según la estatal agencia Andina y el sitio del diario La República, los seis integrantes del TC votaron divididos en 3, y el magistrado Augusto Ferrero –titular del cuerpo- usó su voto de desempate a favor del expresidente, de 83 años y cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.

El hábeas corpus había sido interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio de la Navidad de 2017, que, según la prensa, fue producto de un acuerdo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, uno de los hijos del encarcelado exmandatario.

El indulto había sido anulado en octubre del 2018, por decisión de la Corte que, además, pidió su captura inmediata y posterior encarcelamiento.

La Corte argumentó entonces que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta tenían resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no se adecuaban a las condiciones de un indulto humanitario porque se trataba de crímenes de lesa humanidad.

Familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta habían presentado una solicitud para que la Corte IDH adoptara “medidas provisionales” para que el TC no validara el indulto.

El documento fue enviado en la noche del miercoles por las varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que los representan, entre ellos CEJIL, la Coordinadora de Derechos Humanos Aprodeh, IDL, Comisedh y Fedepaz.

Antes de que se conociera la decisión del Tribunal, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, había revelado que el Gobierno no había analizado la cuestión.

“Para nada. Nosotros no hemos discutido para nada este tema; vamos a esperar los resultados del Tribunal Constitucional y a partir de eso podremos reunirnos y tomar una posición frente a esto. Es un tema que está en proceso y no hemos tocado el tema para nada”, sostuvo Gavidia.

Y el abogado César Nakazaki, también defensor de Fujimori, consideró que estaban dadas las condiciones para reponer los efectos del beneficio.

“La Corte IDH fue muy clara: hay que revisar si existe la enfermedad, hay que revisar en la vía del amparo. Si no hay enfermedad no debe haber indulto; si hay, tiene que haber indulto”, manifestó en declaraciones a RPP.

Fujimori sufre reiteradas dolencias que motivaron ya varias internaciones. Recurrentemente padece problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.

Su última internación fue el 3 de este mes, en coincidencia con el inicio de un nuevo juicio en su contra, esta vez por las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres entre 1996 y 2001.

En esa causa, Fujimori y sus exministros Eduardo Young, Marino Costa y Alejandro Aguinaga están imputados como presuntos autores de «la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos”.