Tiempos curiosos. Sacarse una foto hoy es más sencillo que hace 30 años. No hay que acordarse de cargar el rollo antes de disparar ni esperar el resultado del laboratorio fotográfico. Con un simple celular es posible capturar un instante. Sin embargo, en el agro hay fotos que molestan.

Le ocurrió hace unas semanas al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, que fue invitado como integrante del Grupo de los Seis por el presidente Alberto Fernández al acto del 9 de Julio en la residencia de Olivos. Recibió críticas de quienes creen que nadie del campo puede estar allí. Curiosamente también las recibió el propio Fernández, pero del otro lado del arco ideológico, porque se sacó una foto con el presidente de la SRA y otros empresarios.

Hace diez días, la foto que molestó fue la que se sacaron los referentes del naciente Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Justamente con ella, que días antes había hecho un mal chiste con los ataques a silobolsas…y del resto ya se conoce.

El álbum fotográfico se completó esta semana otra vez con los integrantes del CAA, pero con el presidente Fernández y parte de su gabinete, a quienes le presentaron la propuesta para promover una ley agroindustrial.

Antes de indignarse, que es la reacción más veloz de expresar y más aún si se canaliza en las redes sociales, la pregunta por responder es si esas imágenes servirán para eliminar los obstáculos que tiene el agro argentino para lograr su potencial o quedarán en un álbum de recuerdos.

La respuesta a ese interrogante va a estar en la dinámica de los acontecimientos y cómo los protagonistas sean capaces de influir en ellos. Nada está cerrado. Para esto hay algunos elementos a tener en cuenta.

La economía argentina atraviesa una de sus más graves crisis de la historia, con una caída del PBI entre 10 y 15 puntos. Se calcula que la pobreza alcanza ya al 50% de la población. Hay sectores enteros, como el de los servicios, que están paralizados. Déficit fiscal e inflación crecientes completan el escenario.

Entre los pocos sectores, por no decir el único, que están en condiciones de aportar divisas genuinas por exportaciones, se destaca el agro. Ir en contra de él sería como pegarse un tiro en el pie. Por supuesto, la política argentina lo ha hecho en varios momentos de la historia. Este gobierno, sin ir más lejos, demostró que es capaz de marchar a contramano de la realidad. Hace menos de dos meses promovió la intervención y expropiación de Vicentin, que estaba atravesando un proceso judicial en el marco de un concurso de acreedores, con el argumento de que había que defender la «soberanía alimentaria» y crear una «empresa testigo» en el mercado de granos.

Tras las protestas y reacciones de rechazo, Fernández dio marcha atrás hace poco más de una semana y derogó el decreto que promovía esas medidas. ¿Es un baño de realidad o un retroceso táctico hasta que las condiciones cambien? Es difícil responder eso por ahora, pero lo cierto es que la coalición oficialista pasó en sesenta días de abrazar las antiguas consignas del setentismo a sentarse en una mesa con dirigentes de la agroindustria para absorber una idea que puede ayudar al país a salir de la crisis. Claramente esta es una foto que pocos pensaban ver.

Ahora el agro tiene cartas para mostrar. La iniciativa de unas 45 entidades de la agroindustria para elaborar una ley que otorgue estabilidad fiscal y financiera por diez o quince años y pasar de exportar por US$ 65.000 millones a US$ 100.000 atendiendo también al mercado interno, movió el avispero. Guste o no.

A la propia actividad se le abre un enorme desafío para lograr mecanismos que permitan dirimir los conflictos intracadena de forma equitativa. La enseñanza del fracaso del Foro Agroindustrial de principios de la década del 2000 debería servir para encontrar otras formas de solucionar las diferencias y alcanzar soluciones superadoras. Se necesitará mucho trabajo de debate y análisis desapasionado para conseguir los objetivos.

Al mismo tiempo, el programa quedará en la nada si solo sirve para lograr unas pocas medidas que favorezcan el avance de un eslabón de la cadena sobre otro. Diferencial arancelario para la soja, peso mínimo de faena o restricciones para exportar están en el ojo de la tormenta. La política del péndulo no es razonable.Tampoco servirá el esfuerzo por lograr un consenso amplio si persiste la elevada presión impositiva, un tipo de cambio diferenciado que castiga al que produce, y el deterioro de la moneda. Pero hay una idea en marcha y merece ser debatida.