La discusión se iniciará, desde las 17, en las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que comandan la macrista y aliada oficialista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), y el jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), respectivamente. La ley propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El texto también incorpora una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que queda fuera de la actualización.

Así, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la misma -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasadas las subas, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Durante el debate en la Cámara baja, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios de reajustes de haberes y las deudas con las cajas previsionales provinciales con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA.

Un ítem rechazado en la votación en particular -111 contra 109- fue el artículo 11 del dictamen, que suprimía a partir de la entrada en vigencia de la ley las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.

Con la decisión de arrancar el debate, el oficialismo espera descomprimir la presión de gran parte de la oposición en relación con este tema, que ya tiene un pedido de sesión especial -sin fecha y con dictamen- realizado por el radicalismo. El objetivo de La Libertad Avanza es empujar la idea de una reforma previsional más amplia y evitar el análisis exclusivo de los haberes jubilatorios, aunque cuenta con un panorama adverso a la hora de potenciales votos.

El movimiento ayudaría así la una sesión sin estridencias convocada -esta tarde- para pasado mañana, a partir de las 11, donde se buscará aprobar los ascensos militares de los jefes de las Fuerzas Armadas y de diplomáticos de carrera.

Durante la sesión del jueves se sancionará la ley que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.

El texto establece que el 18 de julio, “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del proyecto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.

Otra ley a tratar es la que despachó días atrás la comisión de Justicia, de la radical Carolina Losada, y que está atada a la actualidad del caso Loan -el niño que desapareció en Corrientes-, que impone “prisión de cuatro (4) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.