La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca reducir el costo de escrituras y transferencias inmobiliarias, luego de las fuertes críticas generadas por el impacto de la aplicación del Observatorio Inmobiliario de Tucumán (Omituc). La iniciativa obtuvo respaldo mayoritario y quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión parlamentaria.
El expediente llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y apunta a modificar la base imponible del impuesto de sellos, uno de los tributos que más cuestionamientos despertó en los últimos meses por el aumento de los valores aplicados a las operaciones inmobiliarias.
Desde la comisión que conduce el legislador justicialista Carlos Gallia se dio luz verde al texto sin modificaciones. El oficialismo acompañó la propuesta con las firmas de Gallia, Hugo Ledesma, Sandra Figuera, Francisco Serra y Sara Lazarte.
Según explicó Gallia, el Omituc comenzó a establecer nuevos parámetros de valuación catastral desde el año pasado, lo que derivó en una mayor carga fiscal al momento de escriturar propiedades. El legislador reconoció que el esquema vigente había encarecido considerablemente este tipo de operaciones.
En ese sentido, remarcó que la reforma apunta a aliviar la presión tributaria sobre los contribuyentes y favorecer la normalización del mercado inmobiliario. También destacó que el proyecto contempla exenciones del impuesto de sellos para transferencias de dominio entre familiares mediante donaciones o sucesiones hereditarias.
Actualmente, para calcular el impuesto de sellos se toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado entre las partes. Con la modificación propuesta, el tributo pasará a liquidarse sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera superior.
El debate legislativo se produce luego de que el Colegio de Escribanos reconociera una marcada caída en la cantidad de escrituras desde fines de diciembre, cuando entró en vigencia la Ley N° 9.857. Notarios y entidades vinculadas al sector estimaron que la retracción ronda el 70%, como consecuencia de costos que calificaron como excesivos.
Desde la oposición también surgieron propuestas alternativas. El legislador Claudio Viña presentó un dictamen en minoría para que los contribuyentes que abonaron el impuesto desde la entrada en vigencia de la ley cuestionada puedan recuperar diferencias económicas cuando se apruebe la nueva norma.
Su planteo establece que quienes hayan pagado conceptos que luego resulten exentos o reducidos recibirían un crédito fiscal de libre disponibilidad, aplicable automáticamente al pago de cualquier tributo previsto en la Ley 5.121.
Viña sostuvo que la iniciativa oficial representa apenas una solución parcial frente a un revalúo que consideró abusivo. Cuestionó además los criterios utilizados para actualizar los valores inmobiliarios y señaló que se aplicaron parámetros poco claros, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
El dirigente de Nueva Fuerza afirmó que la fuerte suba de los costos desalentó las escrituras y empujó a muchos contribuyentes a postergar operaciones para evitar una carga tributaria que calificó como excesiva.
No obstante, admitió que la propuesta oficial implica una mejora frente al esquema actual, aunque insistió en que debió avanzarse con una corrección más profunda.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedó habilitado para ser incorporado al temario de la próxima sesión legislativa, donde se espera un nuevo debate sobre la política tributaria aplicada al mercado inmobiliario tucumano.
