El Senado rechazó el DNU de Milei que disolvía Vialidad Nacional, el INTA y otros

Con amplio apoyo opositor, el Senado rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA. De esta manera, la oposición desactivó los decretos delegados por la ley Bases y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La semana pasada habían sido rechazados por Diputados y las normativas están relacionadas con diferentes organismos, en una sesión que será extensa y que continuará con las sanciones de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

El DNU cuestionado es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial.

En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del -reconocido y respetado- Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.

La última votación del bloque era sobre la disolución y transformación de los organismos como Vialidad Nacional que estaban bajo la órbita del Ministerio de Transporte. Finalmente, con 60 negativos, 10 afirmativos y una abstención, el Senado rechazó el decreto del Gobierno.

Votaciones

-INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.
-Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.

-Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.

-Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.

-Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención. /A24

Así fue acordado este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria en la que participaron representantes de las bancadas, y que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel, relegada y de bajo perfil tras ser calificada como “traidora” por el presidente Javier Milei.

La Cámara de Diputados rechazó hoy por amplia mayoría el veto de la ley que declara la emergencia en Discapacidad, y quedó listo su envío a la Cámara alta, aunque primero debe ser comunicado por la Presidencia de Diputados, lo que impedirá un eventual tratamiento mañana en el recinto senatorial.

Entre los decretos delegados destacan aquellos que transforman al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.

El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura: el Gobierno argumentó que en el funcionamiento de ese organismo hubo un “notorio sobredimensionamiento de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, y citó informes de la SIGEN que advertían sobre “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento.

Mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Uno de los puntos más controvertidos de los decretos delegados fue la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia.

La Casa Rosada sostuvo que la estructura de Vialidad “no se ajusta a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad.

Mencionó una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo, y afirmó que había mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

El decreto reasignaba a su vez tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión a unidades dentro del Ministerio de Economía.

También disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público”, y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

Las competencias de la ANSV se transferían a la Secretaría de Transporte, con la excepción del control y la constatación de infracciones en rutas nacionales, que quedaban a cargo exclusivamente de la Gendarmería.

En la misma línea, se reorganiza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo sucedería con la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia exclusivamente al transporte aéreo. Sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo eran suprimidas o reasignadas a otros organismos.