En Tucumán, los empleados estatales trabajarán normalmente este viernes
El Gobierno de la Provincia emitió un comunicado tras el anunció del fallo dispuesto por la Justicia, señalando que es de difícil la aplicación inmediata sobre el feriado por el Día del Trabajador Estatal, por lo que la Administración Pública local trabajará normalmente.
La Provincia emitió un comunicado para echar luz ante un fallo de la Justicia. Mediante un comunicado oficial, el Gobierno de Tucumán ratificó esta tarde que mañana habrá actividad normal para los trabajadores del estado.
«El Gobierno de la Provincia de Tucumán informa que la actividad para los trabajadores del estado en la Provincia se desarrollará con normalidad el día viernes 27 de junio».
El secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, había afirmado que “Lo que existía, más que asueto, era un feriado porque había una ley nacional, la número 26.876, que declaraba el día 27 de junio como Día del Trabajador del Estado e indicaba que ese día era de descanso y que se iba a tener como feriado a todos los efectos legales”, informó Nazur.
Asimismo, explicó que esa ley invitaba a las provincias y a las municipalidades a adherir a sus disposiciones. “Es una ley del año 2013. En el año 2017, la provincia de Tucumán adhirió a las disposiciones por Ley Provincial 9020”.
Sin embargo, aclaró, ayer el vocero presidencial (Manuel Adorni) anunció que dicha ley quedaba sin efecto y que se oficializaría en las próximas horas. “Efectivamente, ya está publicado en el Boletín Oficial de la Nación del día de la fecha el decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 430, por el cual se deja sin efecto el día de descanso y el feriado, manteniéndose, sí, el 27 de junio como Día del Trabajador del Estado. Pero se trabaja normalmente”, indicó el secretario de la Gobernación.
Por último, Nazur remarcó que “al caer la disposición nacional a la cual Tucumán se encontraba adherida, el día viernes es un día de trabajo normal en la provincia”.
Las dudas se habían generado a partir del fallo judicial de esta tarde, a partir de una medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con la intención de que se suspendiera la aplicación del decreto del presidente Javier Milei que elimina el asueto administrativo por el Día del Empleado Público, que se conmemora cada 27 de junio.
A partir de esa presentación, el Juzgado Nacional Nº 3 de primera instancia del Trabajo, a cargo de la jueza Moira Fullana, resolvió hoy “hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la Asociación Trabajadores del Estado y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva».
La clave del decreto es que sólo tiene alcance para los trabajadores nucleados en ATE, porque es el gremio que interpuso la acción, lo que complicaría su aplicación. Frente a esa disyuntiva, el propio gobernador ratificó que mañana los trabajadores públicos tucumanos deben concurrir a sus lugares de trabajo. «En Tucumán todos los empleados públicos deben trabajar mañana; es un fallo de difícil aplicación porque sólo contempla la situación de un gremio. Por lo expuesto, este viernes en la provincias todos los estatales deben ir a trabajar y se dictarán clases de manera normal», expuso el mandatario.
La polémica
El miércoles, el Gobierno nacional había anunciado la eliminación del asueto del 27 de junio, fecha en la que se conmemora el «Día del Empleado Público», una jornada tradicionalmente no laborable para los trabajadores estatales. La decisión, presentada como un esfuerzo por equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado, generó controversia.
En ese marco, ATE acudió a la Justicia con una medida cautelar y una acción de inconstitucionalidad. La Justicia porteña hizo lugar a la cautelar pedida por el sindicato, especificando que tiene alcance sólo para sus afiliados.
La Dirección Provincial de Vialidad, informó que realizaron un corte en la Ruta 307. Será Tafí del Valle km 62 hasta Amaicha del Valle km 115 por presencia de hielo sobre calzada.
Las bajas temperaturas sorprendieron en Tucumán y provocaron nevadas en las zonas más elevadas de Tafí del Valle, donde los cerros comenzaron a cubrirse de blanco en pleno octubre. El fenómeno dejó imágenes poco habituales para esta época del año y transformó parte del paisaje de los Valles Calchaquíes en una postal invernal.
Mientras en gran parte de la provincia transcurren jornadas con características propias de la primavera, en los sectores de mayor altitud el descenso térmico generó condiciones favorables para la caída de nieve.
Las precipitaciones comenzaron a teñir de blanco las cumbres que rodean Tafí del Valle, ofreciendo un marcado contraste con el paisaje primaveral de las zonas más bajas.
Aunque las nevadas son habituales durante el invierno en las montañas tucumanas, su aparición en octubre resulta llamativa y demuestra las diferencias climáticas que pueden registrarse entre distintas regiones de la provincia.
El fenómeno volvió a poner de manifiesto las particularidades del clima de altura, donde las temperaturas pueden descender considerablemente incluso cuando en el resto del territorio provincial predominan condiciones más templadas.
Así, Tafí del Valle ofreció una postal inesperada en plena primavera, con sus cumbres cubiertas de nieve y el frío nuevamente como protagonista del paisaje.
En San Miguel de Tucumán hay 253 edificios sin certificado de final de obra y más de seis de cada 10 están terminados y habitados. Los datos fueron revelados por la directora de Catastro municipal, Nora Belloni, durante una reunión en el Concejo Deliberante, donde también quedó expuesto que todavía no se determinó cuántos de esos inmuebles presentan problemas que puedan comprometer la seguridad de sus ocupantes.
La convocatoria, que responde a la Resolución N° 5.067/26, aprobada en agosto, se produjo después de la explosión y el incendio registrados en el edificio de Monteagudo 120. El inmueble, ubicado frente al Concejo, nunca había obtenido el certificado de final de obra y acumulaba intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades. A causa de este episodio, los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada propusieron realizar una auditoría. Para alcanzar un acuerdo entre los bloques, la iniciativa fue reemplazada por una reunión con las áreas municipales involucradas.
Belloni precisó que el relevamiento comprende alrededor de 1.400 construcciones y que otro 8,7% de los que carecen de certificación figura como terminado, pero desocupado. También aclaró que los datos no están discriminados por zonas de la ciudad. “Mucha gente está afectada porque no puede tener sus escrituras”, señaló.
El encuentro se desarrolló en el quinto piso del Concejo Deliberante y fue abierto por su presidente, Fernando Juri. La convocatoria reunió a las comisiones de Obras Públicas y Estética, encabezada por Federico Romano Norri, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, presidida por Facundo Vargas Aignasse. Por el Municipio asistieron Belloni, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano.
Uno de los principales interrogantes surgió cuando ante la insistente consulta de diferentes concejales de si existían edificios en los que estuviera en riesgo la vida de las personas. Fernández respondió que las distintas áreas municipales están cruzando información para establecer esa situación. El funcionario informó que se inspeccionaron 112 unidades y aseguró que en ninguno se detectó peligro para los habitantes. No quedó precisado si esas construcciones integran el grupo de 253 inmuebles sin final de obra. “Según fuentes extraoficiales, lo que pasó en Monteagudo al 120 no está relacionado con la seguridad del edificio”, dijo.
Ernesto Nagle reclamó que el trabajo se concentre en identificar las unidades que presentan riesgos y advirtió sobre las responsabilidades políticas que pueden derivarse de los incumplimientos privados. “Cuando sucedió lo del frente, la ciudadanía dijo que la culpa era de los funcionarios del Municipio y de los concejales”, recordó. “No hay diferencia de bancada política en esto. Si la gestión privada no cumple con las cosas, dejamos en manos que pueda haber una tragedia. Nosotros y ustedes quedamos muy expuestos”, afirmó.
La discusión avanzó sobre las herramientas disponibles para actuar frente a las irregularidades. Cobos advirtió que existen construcciones que continúan avanzando pese a las notificaciones y multas. Por eso, propuso estudiar mecanismos de intervención más efectivos para impedir que los incumplimientos se prolonguen hasta que las empresas soliciten excepciones. José María Franco, en tanto, sugirió priorizar el área central para agilizar las tareas de relevamiento.
Lobo Chaklián atribuyó parte de las irregularidades a prácticas de administraciones anteriores. “Las herencias de gestiones anteriores hay que transparentarlas y normalizarlas”, expresó. El arquitecto también indicó que se habían identificado alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete. Además, sostuvo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano debería contribuir a corregir las deficiencias existentes. / La Gaceta
