Policiales
Embargan bienes y cuentas a la madre y a la hermana de Nisman
La Justicia ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.
A pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a su madre y hermana, y ordenó una investigación patrimonial, en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.
La medida fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego de que la Cámara Federal porteña instó al magistrado a actuar con «celeridad» en la investigación por esa cuenta que tenía 633.000 dólares, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman y de Sandra Nisman, su hermana.
La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi
«Las medidas a decretar tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito», sostuvo el juez en la resolución.
Entre las medidas ordenadas figura un informe sobre el patrimonio de los imputados en la causa, la madre y hermana del extitular de la Unidad Fiscal AMIA, del técnico informático Diego Lagomarsino y un empresario, Claudio Picón.
El juez pidió a los peritos analizar los lazos «parentales, conyugales y societarios» además de «herencias recibidas» e historia laboral entre otros aspectos.
En esta pericia incluyó al fallecido Nisman, pidió tomar en cuenta las fechas en que ingresó a la Justicia y solicitó informes sobre la causa que tramita su sucesión en el fuero civil.
«Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002», consignó la resolución.
Además, dictó el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.
El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si «tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí», diligencia que encomendó a la «Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado» dependiente de la Corte Suprema.
El juez dispuso el embargo preventivo de cuentas bancarias, salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios
También intervino las empresas de Picón, imputado porque un vehículo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario.
El fiscal tenía un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa «Palermopack SA».
Para ello designó un «interventor veedor informante en las firmas Palermo Pack SA, Starpack SA e Easy Pack SA por doce meses y obligación de presentar informes cada 30 días.
En cuanto a cuentas bancarias, dispuso el embargo preventivo salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios.
Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso como juez subrogante del juzgado federal 11, luego del fallecimiento de su titular Claudio Bonadio.
Esta investigación se abrió tras la muerte de Nisman, quien fue hallado con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su domicilio de Puerto Madero, porque su exesposa y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reveló ante la Justicia la existencia de una cuenta en el banco Merril Lynch con 633.000 dólares, de la que dijo no haber estado enterada.
Con Nisman como apoderado, la cuenta estaba a nombre de su madre y su hermana y del técnico informático Diego Lagomarsino, procesado a su vez en la causa que investiga la muerte del fiscal.
La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Damián Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014.
Martínez De Giorgi pidió a la Justicia de San Isidro y San Martín informes sobre el financista.
En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza además la compra de departamentos y cocheras en un fideocomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.
La investigación estuvo en un primer momento a cargo del jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, pero el magistrado fue apartado del caso por los entonces camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes hicieron un planteo de las defensas por supuesta pérdida de imparcialidad.
Canicoba Corral había citado a declaración indagatoria a Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y Picón.
Todos están imputados por supuestas conductas realizadas «con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes» de Nisman, «permitiendo con su accionar que se introduzcan fondos de origen espurio en el circuito legal», según el dictamen fiscal que abrió la pesquisa.
El caso pasó por sorteo al juzgado de Bonadio, las indagatorias no se concretaron y el juez quedó a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a un recurso de la defensa de las familiares de Nisman, aún no resuelto.
El abogado de ambas, Pablo Lanusse, pidió la nulidad de la incorporación a la causa de un informe del «Fincen», un organismo que investiga maniobras de lavado de activos en Estados Unidos y en el que se detallaron los movimientos de la cuenta, que no estaba declarada en Argentina.
También está pendiente de resolución un planteo de incompetencia para que el caso pase al fuero penal económico.
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Policiales
Imputaron a cuatro policías por detener y esposar a una niña de 13 años que filmaba un desalojo
La menor, esposada por la espalda, fue trasladada y paseada por el Hospital Avellaneda sin que se le permitiera a su madre llegar a ella. Estaba transmitiendo un operativo en su barrio en vivo por redes sociales
Cuatro policías quedaron imputados por haber detenido, esposado y privado de la libertad durante seis horas a una niña de 13 años que filmaba un desalojo en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.
El hecho ocurrió el 22 de febrero de este año. El operativo que desarrollaba la Policía no era ordenado por un juez, por lo que los uniformados decidieron impedir que la pequeña continuara transmitiendo en vivo lo que ocurría. Optaron por reducirla y llevarla contra un patrullero. Allí, según se puede ver en un video que tomó el suceso, un uniformado la toca en sus partes íntimas en busca del teléfono, para quitárselo.
La pequeña fue subida a un patrullero sin avisarle a su familia y trasladada esposada por la espalda. La madre, al enterarse, alcanzó en moto al patrullero y exigió que le permitan acompañar a su hija, pero los policías le quitaron el teléfono con el que filmó la situación. Finalmente, la niña fue trasladada al hospital Padilla y paseada por las áreas comunes esposada por la espalda.
Seis meses después, los policías inervinientes fueron acusados por la Fiscalía. Este miércoles, quedaron imputados por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica (no asentaron la aprehensión) y privación ilegítima de la libertad. Los acusados son el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira, ambas personal transitorio policial.
La fiscalía a cargo de la causa es la de Delitos Complejos y fue representada por Federico Lizárraga. Ante la jueza Elizabeth Raddi no formuló cargos contra ninguno de los policías por el delito de abuso sexual y tampoco pidió prisión preventiva para los acusados. «A la magistrada le parecieron muy pocas las medidas de coerción que pidió el Ministerio Público Fiscal, porque tomaron medidas de menor intensidad. Sólo pidieron que los imputados no se acerquen a la niña a 300 metros y que fijen domicilio», explicó la abogada de la familia de la menor, Mariana Santillán.
«La madre de la niña me dijo que siente temor, ahora que los policías quedaron imputados, de que su hija sea perturbada por esta causa. Esto se agrava porque todavía no se realizó la Cámara Gesell para que declare la menor», completó. «Yo hubiera solicitado prisión preventiva, porque el conjunto de estos delitos no son excarcelables y la víctima debe estar tranquila hasta poder contar lo ocurrido», finalizó.
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