Javier Milei descarta declarar asueto administrativo por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que no planean admitir la solicitud de ATE, que pidió un cese de tareas desde las 12 para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado.

Sostienen que el pedido “no está previsto” dentro de la agenda oficial y que no habrá una disposición general para interrumpir la actividad estatal. En despachos oficiales remarcan que cada área podrá organizarse según sus necesidades, pero sin una decisión nacional que suspenda la prestación de servicios administrativos.

La Casa Rosada recibió el planteo formal de ATE, dirigido a Javier Milei y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero. El gremio argumentó que el partido “supera el marco estrictamente deportivo” y pidió mantener guardias mínimas en sectores críticos para cubrir urgencias y emergencias.

En Balcarce 50 toman distancia del reclamo sindical y remarcan que los ministros verán el partido por su cuenta. Buscan evitar que la semifinal altere el funcionamiento administrativo del Estado, aunque reconocen que atravesará la jornada política por su carga simbólica y deportiva.

El Presidente seguirá el partido desde la Quinta de Olivos acompañado por Karina Milei. En su entorno insisten en que el jefe de Estado mantendrá el perfil bajo que viene sosteniendo durante el Mundial para evitar una lectura de utilización política de la Selección.

El Ejecutivo tendrá, sin embargo, parte de la mesa chica en la Casa Rosada. Santiago Caputo verá la semifinal en Balcarce 50 junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su mano derecha, Macarena Alifraco. No está confirmado si Diego Santilli también seguirá el partido desde la sede de Gobierno.

La Casa Rosada combina ese perfil bajo con un fuerte despliegue preventivo. El Ministerio de Seguridad reforzó el operativo en la zona de la embajada británica, con unos 300 efectivos de la Policía Federal, vallados, anillos de seguridad y custodia sobre tres objetivos sensibles: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el propio Ministerio de Seguridad.

En Balcarce 50 explican que la decisión responde al componente simbólico del cruce con Inglaterra, la memoria de Malvinas y la posibilidad de concentraciones espontáneas antes o después del partido. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación.

El Gobierno también monitoreará los eventuales festejos en el Obelisco y en otros puntos de alta circulación de la Ciudad. La coordinación será entre fuerzas porteñas y federales, con el objetivo de evitar incidentes, daños contra edificios públicos o situaciones de tensión frente a representaciones diplomáticas.

El Ejecutivo sigue además el operativo en Atlanta, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que habrá 1600 agentes policiales y que la coordinación incluyó a la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.

La Casa Rosada también tomó nota de las restricciones para el ingreso al estadio. Las autoridades del evento no permitirán banderas, carteles, camisetas u otros elementos con mensajes políticos, raciales o provocativos, una categoría en la que Monteoliva incluyó las referencias a Malvinas. En Balcarce 50 reconocen que esas declaraciones no cayeron bien internamente. “Tenemos un problema”, admiten en despachos oficiales.

El Gobierno busca ahora evitar que la discusión por las banderas de Malvinas opaque el operativo de seguridad. Remarcan que la Argentina participa del esquema como delegación de coordinación y recomendación, pero que las reglas de ingreso al estadio son aplicadas por la organización y las autoridades locales.

En Balcarce 50 sostienen que todavía no hay avances en contactos concretos para un eventual recibimiento de la Selección si Argentina llega a la final o gana el Mundial. La definición, remarcan, quedará para después de que se resuelva lo deportivo, más allá de que Milei ya puso a disposición la Casa Rosada.

El Gobierno busca separar ese ofrecimiento de cualquier gesto de apropiación política. Milei dijo que, si el plantel acepta ir a la Casa Rosada, él no estará en la foto y hasta prometió vaciar la sede de funcionarios para que el festejo no tenga interferencia oficial.

El Ejecutivo entiende que el partido excede lo deportivo, pero eligió administrar el clima con cautela: sin asueto, sin actos oficiales vinculados al encuentro y con un operativo reforzado por la sensibilidad del cruce. La prioridad pública será la seguridad; la política, por ahora, quedará repartida entre Olivos, Balcarce 50 y los despachos de cada ministro. /TN

La defensa de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, rechazó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito formuladas por el legislador Manuel Courel y otros dirigentes opositores, y aseguró que la vivienda ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, no pertenece a la jefa municipal. La abogada Paula Morales Soria sostuvo que la denuncia carece de sustento legal, afirmó que la funcionaria no se encuentra imputada y remarcó que desde el inicio de la investigación se puso a disposición de la Justicia.

La letrada se expresó por primera vez públicamente sobre la causa penal iniciada hace un mes a partir de una presentación realizada por Courel y el concejal Luis Escobar, con el patrocinio del ex edil de Alberdi Luis Díaz Augier. Explicó que hasta ahora había optado por guardar silencio para no interferir en el trámite judicial, aunque calificó la denuncia como «una vergüenza sin sustento legal» y denunció que la intendenta está siendo sometida a un proceso de «violencia» pese a no haber sido imputada.

Morales Soria cuestionó especialmente las declaraciones del legislador opositor, quien sostuvo que Graneros habría adquirido una propiedad valuada en aproximadamente 1,2 millones de dólares y reclamó mayor celeridad en la investigación. «El legislador no respeta la división de poderes. Es la Justicia la que tiene que expedirse. Invito al legislador a que deje trabajar a la Justicia, que avance con la investigación. Que deje de ensuciar a la Justicia y que deje de perseguir a la intendenta como si fuera fiscal», manifestó.

La defensora también puso en duda la solidez de la presentación judicial impulsada por la oposición y aseguró que no se aportó ninguna prueba que demuestre la comisión de un delito. A su criterio, la denuncia responde a intereses políticos vinculados con el calendario electoral. «Lo que están haciendo es utilizar mentiras y montar un festín mediático para obtener rédito político. No existe ningún hecho de corrupción ni delito», afirmó. Además, anticipó que, si la investigación confirma la inocencia de Graneros, promoverá acciones legales contra quienes, según dijo, la hostigan.

En ese sentido, indicó que ya fueron incorporadas pruebas al expediente, aunque evitó brindar detalles por tratarse de una causa en trámite. Señaló que todos los informes solicitados por la Justicia favorecen la posición de la intendenta y sostuvo que el único elemento presentado por los denunciantes es una copia de una liquidación de expensas que, según afirmó, no se encuentra autenticada. «Ellos nos denunciaron judicialmente y nosotros responderemos judicialmente», expresó. También precisó que la investigación está a cargo del fiscal Diego Sebastián Hevia.

Morales Soria insistió en que la propiedad ubicada en los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas no pertenece a Graneros. «Si eso fuera verdad, ¿por qué no presentan los documentos que dicen que tienen? No han presentado nada, solo una copia de las expensas, que no sabemos si es real o no. La intendenta no compró esa casa. Su domicilio está en Graneros», sostuvo.

La abogada añadió que tanto la intendenta como su familia vienen siendo objeto de hostigamiento en redes sociales, donde incluso se difundieron fotografías personales. En ese marco, volvió a atribuir la denuncia a una estrategia política y recordó el proceso judicial que involucró a diez mujeres acusadas de amenazar a Graneros y a su madre, la legisladora Alejandra Cejas. «Hay un aprovechamiento político de la oposición, de gente que antes formaba parte del Gobierno y ahora está en contra», concluyó.

Las declaraciones de la defensa se produjeron luego de que Courel cuestionara públicamente la falta de avances en la investigación iniciada ante la Fiscalía de Concepción. El legislador afirmó que, tras un mes de trámite, solo se libraron oficios al country Las Yungas y que la respuesta recibida fue «muy vaga», por lo que incluso se habría solicitado un allanamiento en caso de no obtener información suficiente. También indicó que se requirieron informes a la SAT, EDET y Naturgy para establecer la titularidad de los servicios vinculados a la propiedad investigada.

El parlamentario sostuvo además que le llama la atención la lentitud del expediente, al compararla con la rapidez con la que avanzó otra causa iniciada por la intendenta contra un grupo de vecinas de Graneros que la increparon tras sufrir inundaciones. Según expresó, aquellas mujeres fueron procesadas por amenazas en pocas semanas.

Courel hizo referencia a versiones sobre una supuesta adquisición de otro inmueble en Tafí del Valle por un valor cercano a los 600.000 dólares, aunque reconoció que esa información todavía no pudo ser corroborada. Aseguró que continuará impulsando la investigación «hasta las últimas consecuencias» y reclamó que se determine con qué fondos se habría adquirido la presunta propiedad en Yerba Buena.

La denuncia presentada por la oposición sostiene que Raquel Graneros habría comprado los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas por una suma superior al millón de dólares, abonada en efectivo, y considera sospechosa la operación debido a que, según los denunciantes, la única actividad laboral registrada de la funcionaria era el ejercicio del cargo de intendenta.

Además, Courel afirmó en la presentación que el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría trasladado parte del dinero utilizado para la operación inmobiliaria hasta una sucursal del Banco Galicia. Como respaldo de sus sospechas, los denunciantes incorporaron la liquidación de expensas correspondiente al mes de junio del barrio privado, donde figura el nombre de Raquel Alejandra Graneros y se consignan montos mensuales de $570.090 y $566.690 por los lotes unificados. Hasta el momento, la investigación continúa en etapa preliminar y no se informó sobre imputaciones formales contra la intendenta. /Contexto/

Esta mañana, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en su despacho a la mesa directiva del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, encabezada por su presidente, Raúl Véliz, para dialogar sobre una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la actividad profesional y el acompañamiento institucional a distintas iniciativas del sector.

Durante la reunión se analizó el avance de un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables; la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y un acompañamiento institucional a la misma.

El encuentro, organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2026 en el Espacio Sociocultural del Colegio, bajo el lema “Construyendo un presente con profesionales capacitados aseguramos el futuro de la Administración Pública”. La actividad reunirá a más de 400 profesionales, funcionarios y equipos técnicos de distintas jurisdicciones del país, consolidando un espacio de intercambio de alcance nacional.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el trabajo conjunto que la Legislatura viene llevando adelante con las entidades profesionales de la provincia. “Recibimos a las autoridades del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en una visita protocolar que también nos permitió dialogar sobre temas vinculados a la economía de Tucumán. Nos presentaron un trabajo que vienen desarrollando sobre las retenciones y distintas propuestas que también analizan junto con la Dirección General de Rentas. Si hay iniciativas para avanzar, las trabajaremos de manera coordinada”, expresó.

Asimismo, Acevedo remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el vínculo institucional. “Tanto el Colegio de Graduados como la Legislatura compartimos el objetivo de seguir trabajando de manera coordinada en iniciativas que contribuyan a mejorar la legislación en materia impositiva, promover la generación de empleo e incentivar la radicación de empresas en Tucumán”, concluyó.

Por su parte, Véliz destacó la predisposición del vicegobernador Acevedo para avanzar en la iniciativa legislativa destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables: “El proyecto contempla no solamente la cuestión de los honorarios profesionales, que desde hace tiempo representa un problema para todos los peritos, sino también aspectos vinculados con la forma en que deben desarrollarse las pericias, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo”.

Al ser consultado sobre lo dificultoso que resulta conseguir un perito contable para un juicio, advirtió que la demora en el cobro de los honorarios y los bajos montos regulados provocaron una importante reducción en el número de profesionales inscriptos para actuar como peritos judiciales: “Los honorarios tardan mucho tiempo en cobrarse y los valores que se fijan son muy bajos. Eso hizo que el padrón pasara de más de 400 profesionales inscriptos a apenas unos 80. Muchos colegas ya no aceptan desempeñarse como peritos porque el trabajo demanda tiempo y responsabilidad, pero la retribución no acompaña ese esfuerzo”.

Asimismo, señaló que el proyecto es analizado por la comisión legislativa presidida por Carolina Vargas Aignasse y que en su elaboración participan el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional y la Federación Económica de Tucumán.

Otro de los temas tratados durante la reunión con el vicegobernador fue la elaboración de un convenio para facilitar la regularización administrativa de asociaciones civiles, fundaciones, clubes deportivos y centros de jubilados. “La Defensoría del Pueblo nos planteó la situación de numerosas instituciones que hoy tienen dificultades para funcionar normalmente porque no poseen sus balances al día y, por esa razón, no pueden regularizar su situación ante la Dirección de Personas Jurídicas”.

Según explicó Véliz, uno de los principales obstáculos son los costos que deben afrontar estas entidades para realizar las presentaciones contables. “Estamos trabajando en un acuerdo que ya fue presentado a la Defensoría del Pueblo para establecer un marco legal en el que participen el Gobierno provincial, la Dirección de Personas Jurídicas y el Colegio de Graduados. La idea es fijar honorarios mínimos que permitan facilitar la confección de los balances pendientes y contribuir a que estas instituciones puedan normalizar su situación”.

Finalmente, el presidente del Colegio se refirió a las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y destacó su importancia para la capacitación de los profesionales. “Las jornadas están destinadas a todos los contadores del sector público. Se abordarán temas relacionados con auditoría, contabilidad pública y las distintas áreas en las que se desempeñan nuestros profesionales. Contaremos con la participación de disertantes de Buenos Aires y de distintas provincias del país. También fueron invitados el contador general de la Nación y el síndico general de la Nación”, concluyó.

Véliz estuvo acompañado por sus pares Luis Pérez Vides y Jorge Miranda.