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Política

El oficialismo presentó un proyecto para que solo paguen Ganancias los trabajadores que ganan más de $150.000 por mes

La iniciativa ingresó el viernes al Congreso y fue redactada por Sergio Massa. En el caso de los jubilados, quedarán alcanzados por el tributo quienes perciban más de ocho remuneraciones mínimas. De ser aprobada, beneficiará a 1.267.000 personas

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El oficialismo presentó un proyecto para que solo paguen Ganancias los trabajadores que ganan más de 0.000 por mes

A través del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias y establecer un nuevo piso: solo pagarían quienes perciben salarios brutos mayores a $150 mil mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280). De esta forma, el tributo solo alcanzaría al sector de mayores ingresos y beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país.

Fuentes oficiales aseguraron que la iniciativa, que ingresó el viernes pasado con la firma de Massa, busca beneficiar a una mayor cantidad de contribuyentes a nivel nacional y a la vez potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.

Hasta fines de 2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones de personas, el 25,6% del total de los contribuyentes en relación de dependencia. Con la actualización anual del impuesto, de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 mil trabajadores dejaron de ser alcanzados por el tributo, ya que el piso para los solteros pasó a ser de $ 74.810 y de $98.963 en el caso de los casados con dos hijos.

Con la propuesta del líder de Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000En consecuencia, si fuera aprobado, permitiría consolidar un esquema progresivo, en el que el Impuesto a las Ganancias solo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

La recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”, aseguró Massa ante la consulta de Infobae.

Y agregó: “Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”.

El esquema propuesto representa un esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos.

El texto incluye además un aumento en las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.

Alrededor de 730 mil trabajadores que perciben más de $173.000 continuarán pagando el impuesto sin cambios.

El proyecto oficialista está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar.

Según cada sector, la cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

Al desmenuzar los alcances del proyecto por región, en la provincia de Buenos Aires dejarían de pagar 569 mil empleados y jubilados; 157 mil en CABA; 103 mil en Córdoba, 98 mil en Santa Fe y 32 mil en Entre Ríos 

“El presente proyecto tiene como objetivo aliviar el peso fiscal de los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas en el marco de una política permanente de este Gobierno de instrumentar medidas contracíclicas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo de los y las contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”, plantea en sus fundamentos el texto del proyecto al que accedió este medio.

“De manera complementaria, 102.741 trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas con remuneraciones de entre PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) y PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($ 173.000) gozarán de un incremento adicional de sus deducciones para evitar saltos bruscos en la escala del impuesto. Adicionalmente, este promedio razonable de empleados y empleadas, jubilados y jubiladas que quedaría pagando el impuesto respeta el concepto de progresividad”, se especificó.

 

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Política

Facundo Moyano fue detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad de una joven

El ex diputado y dirigente sindical fue demorado este martes, luego de un procedimiento policial en el barrio porteño de Belgrano.

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El ex diputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyanoquedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras ser demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, en el marco de un operativo policial originado por un incidente en la vía pública.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando una joven salió corriendo desnuda de un edificio y pidió ayuda mientras era seguida por Moyano. La situación motivó la intervención de efectivos policiales, que interceptaron al dirigente sindical sobre la avenida del Libertador.

Según el parte de la fuerza, ambos involucrados presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes. Tras la intervención, personal del SAME también acudió al lugar para asistir a los protagonistas del episodio.

El operativo generó un importante despliegue policial en la zona y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Un vecino que presenció parte de la secuencia relató que observó a una mujer corriendo por la calle mientras solicitaba ayuda, lo que derivó en el llamado a las autoridades y en la rápida intervención de la Policía.

La joven fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente político fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado.

Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga.

https://twitter.com/i/status/2084607944549683275

Detalles del incidente en la vía pública

El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando vecinos del barrio de Belgrano alertaron a la Policía sobre un conflicto que se desarrollaba en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados era Facundo Moyano.

Durante el procedimiento posterior, los agentes habrían realizado una requisa en la que se encontraron sustancias que fueron identificadas de manera preliminar como estupefacientes.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el tipo ni la cantidad de sustancias que habrían sido secuestradas. La investigación continúa en curso y se aguarda información oficial sobre las actuaciones realizadas y la situación procesal del exdiputado.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte del entorno familiar de Moyano sobre el episodio. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre la causa, su eventual carátula y las medidas adoptadas por la Justicia.

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Política

Destacaron el alto acatamiento que tuvo el paro convocado por Ctera en Tucumán

La secretaria adjunta de ATEP, Nora Yenad, afirmó que la medida de fuerza convocada por CTERA fue «muy positiva» y cuestionó la declaración de la educación como servicio esencial.

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La secretaria adjunta de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Nora Yenad, realizó un balance del paro docente convocado por CTERA y aseguró que la medida de fuerza registró un alto nivel de adhesión en Tucumán.

«Realmente ha sido muy positiva. El paro fue de un alto acatamiento y ese era el propósito: que el Gobierno nacional tome conciencia de la necesidad de luchar contra el desfinanciamiento de la educación«, expresó la dirigente gremial.

En relación con la ley que declara a la educación como servicio esencial, Yenad sostuvo que no alcanza a los docentes de la administración pública provincial. En ese sentido, explicó que la normativa establece que sus disposiciones no son aplicables a los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales y remarcó que cada provincia conserva la autonomía para definir su política educativa.

Además, citó los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al señalar que la educación no está considerada un servicio esencial, ya que la interrupción de la actividad no pone en riesgo de manera inmediata la vida, la salud o la seguridad de la población. Según afirmó, la declaración de esencialidad busca «debilitar a los sindicatos y limitar el derecho de huelga».

Respecto de los reclamos, la dirigente recordó que el paro tuvo alcance nacional y que uno de los principales objetivos es recuperar la paritaria nacional docente, ámbito donde se fijaba un salario mínimo de referencia para todas las provincias. También insistió en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los recursos destinados a conectividad.

Finalmente, Yenad indicó que un docente que recién se inicia en Tucumán percibe actualmente alrededor de 1.020.000 pesos, aunque consideró que ese ingreso resulta insuficiente frente al costo de vida. En ese marco, sostuvo que el salario debe permitir cubrir todas las necesidades básicas de un trabajador y su familia, tal como establece la legislación laboral. /LV12/

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CTERA reportó un acatamiento “altísimo” al paro docente nacional

Capital Humano anunció sanciones por el incumplimiento del servicio mínimo en las escuelas, mientras los gremios reclaman la reapertura de paritarias y mayor inversión en educación.

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En un clima de creciente confrontación entre los gremios y el Ejecutivo, la CTERA llevó adelante un paro docente en todo el país que coincidió con la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos AiresChaco y Santiago del Estero, afectando a la mayoría de las escuelas públicas.

 

Motivos y alcance de la medida

El sindicato centralizó su medida en la denuncia de la “permanente negativa” del Gobierno a convocar a una mesa paritaria nacional. Desde la organización informaron que el paro tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”, con masiva participación en movilizaciones y acciones provinciales. Según el comunicado, la huelga busca visibilizar el malestar por el ajuste sobre la educación pública, la falta de diálogo y la urgencia de recomponer salarios.

Reclamos principales

Los ejes planteados por los dirigentes sindicales fueron diversos y abarcaron:

  • Reapertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal.
  • Mejoras en el financiamiento educativo y la restitución del FONID.
  • Pago de los fondos nacionales destinados a educación y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, en rechazo al proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.
  • Inversión en infraestructura escolar y construcción de escuelas nuevas.

En su discurso durante la movilización porteña, la titular de la CTERA, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y afirmó que los docentes cobran “salarios de hambre”, con ingresos congelados que no alcanzan para llegar a fin de mes.

 

Voces sindicales: críticas y advertencias

Tras la jornada de protesta, dirigentes de distintas centrales y gremios coincidieron en un diagnóstico crítico. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, señaló que “la República Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo” y reclamó políticas que valoricen el trabajo docente.

La secretaria general de SADOPMarina Jaureguiberry, puso el acento en las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores, aludiendo a la alta presencia de mujeres cabezas de familia que cobran salarios por debajo de la pobreza. Desde la CGT, Cristian Jerónimo fustigó al Gobierno por su “insensibilidad” ante los reclamos mayoritarios y adelantó la posibilidad de otras medidas de fuerza conjuntas.

 

Impacto en las aulas

La huelga afectó la presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario del sector público. Algunas instituciones privadas funcionaron con normalidad, aunque los gremios reportaron amplia adhesión en todo el sistema educativo.

Fiscalización y respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desplegó agencias territoriales para fiscalizar el cumplimiento de la cobertura mínima durante la huelga y advirtió que, de comprobarse incumplimientos, se activarían protocolos para aplicar “las sanciones que correspondan”. La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

 

La fiscalización se apoya en la Ley 27.802, que declara al cuidado de menores y a la educación como servicio esencial y establece que durante una medida de fuerza la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual. Desde el Gobierno aclararon que la aplicación de sanciones no sería automática: primero debe constatarse el incumplimiento, individualizar responsabilidades y tramitar el correspondiente procedimiento administrativo con posibilidad de defensa y revisión judicial.

Balance y perspectivas

La jornada dejó en evidencia la polarización entre el movimiento sindical docente y el Ejecutivo: por un lado, reclamos salariales, presupuestarios y de políticas públicas; por el otro, un Estado dispuesto a fiscalizar y sancionar en el marco de una normativa que redefine ciertos servicios como esenciales. Los dirigentes insistieron en la necesidad de combinar acciones en la calle, la vía judicial y la legislativa, y anticiparon que la pelea por la recomposición y por las condiciones de la educación pública continuará en distintos planos.

La evolución del conflicto dependerá de la apertura o no de una instancia paritaria nacional y de la capacidad de ambas partes para negociar medidas concretas que permitan retomar la normalidad escolar y atender los reclamos estructurales del sistema educativo.

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