El Gobierno nacional proyecta avanzar durante el próximo año con la privatización de más de una decena de empresas estatales, en una estrategia orientada a modificar la impronta del sector público y a obtener fondos que permitan robustecer las reservas internacionales.
El plan incluye la venta o apertura al capital privado de compañías vinculadas a la infraestructura, los medios públicos, el transporte y la energía, áreas que el Ejecutivo considera centrales para atraer inversiones y reducir la participación directa del Estado.
Empresas alcanzadas por el proceso
En ese marco, el Gobierno avanza con la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), como paso previo a su privatización.
También forman parte del listado Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam, empresas que el oficialismo considera susceptibles de ser transferidas total o parcialmente al sector privado.
A ese universo se suman otras compañías de peso estratégico, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, la empresa que provee agua potable y servicios cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires.
El paso previo: de Sociedades del Estado a Sociedades Anónimas
Con el objetivo de facilitar estos procesos, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA). Este viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas conversiones, correspondiente a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
La medida se enmarca en lo dispuesto por el presidente Javier Milei a través del artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que estableció que todas las sociedades o empresas con participación estatal, independientemente de su forma jurídica, debían transformarse en Sociedades Anónimas.
De este modo, las compañías quedan sujetas a la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las empresas privadas, sin prerrogativas públicas ni regímenes especiales.
Energía y transporte, en el centro del plan
La estrategia oficial tiene como foco principal los sectores de energía y transporte, considerados claves tanto por su peso económico como por su potencial de atracción de capitales privados.
En ese esquema aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; la empresa energética Enarsa; Intercargo, que ya despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, uno de los activos logísticos más relevantes del país.
Desde la Casa Rosada sostienen que el proceso apunta a reducir el déficit, mejorar la eficiencia operativa y enviar una señal clara a los mercados sobre el rumbo económico, en un contexto en el que la acumulación de reservas sigue siendo uno de los principales desafíos del programa económico.
El riesgo país supera los 700 puntos y el dólar alcanza nuevos máximos
El indicador de JP Morgan volvió a trepar en medio de un escenario internacional adverso y la caída de los bonos, mientras el dólar oficial registró un récord nominal en el mercado local.
El riesgo país argentino retomó su tendencia alcista y superó la barrera de los 700 puntos. El indicador elaborado por JP Morgan saltó a 702 unidades en una de las jornadas tras una nueva caída de los bonos argentinos. El índice llegó a situarse en los 703 puntos, posicionándose en máximos de un año. En tanto, las mediciones posteriores reflejadas señalaron que el indicador continuó trepando hasta ubicarse en los 717 puntos.
En cuanto a los factores que explican este comportamiento, analistas coincidieron en señalar un contexto internacional adverso marcado por el encarecimiento del petróleo, que superó los 113 y 115 dólares el barril respectivamente, impulsado por el conflicto en Medio Oriente.El rendimiento de los bonos estadounidenses subió y elevó la base de cálculo. A esto se sumó, según Noticias Argentinas, la preocupación de los inversores globales ante una posible suba de tasas por parte de la Reserva Federal y las dudas del mercado respecto al plan financiero del Gobierno para afrontar los vencimientos de 2027.
En el plano local, la debilidad de la economía influye en el ánimo de los inversores, tras conocerse que la actividad ingresó en un ciclo recesivo con una caída interanual del 1,7% en agosto informada por el INDEC. El estancamiento de la actividad hace cada vez más probable una recesión técnica por dos trimestres consecutivos. Las dudas sobre los pagos futuros generan ventas de bonos soberanos, lo cual reduce su precio e incrementa sus rendimientos.
Ante este escenario, el presidente Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio del país. Según consignó Noticias Argentinas, el mandatario sostuvo que la Argentina es el mayor defaulteador serial de la historia moderna y afirmó que el indicador había bajado previamente con esfuerzo desde los 3.000 puntos iniciales.
En el mercado cambiario, las fuentes reportaron movimientos al alza.El dólar oficial o minorista en las pantallas del Banco Nación se vende a $1.550, marcando un nuevo récord nominal en el año. El dólar blue subió a $1.570 en la city porteña, mientras que Noticias Argentinas detalló los incrementos en el tipo de cambio mayorista, el dólar MEP y el Contado con Liquidación. En el ámbito bursátil, Noticias Argentinas reportó bajas en los ADRs y en el índice Merval durante las primeras ruedas, los resultados dispares para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.
Las persistentes lluvias y la saturación de los suelos condicionaron las tareas de cosecha en Tucumán, obligando a replantear el calendario. No obstante, el sector industrial prevé extender la molienda hasta diciembre gracias a los buenos rendimientos productivos.
La campaña azucarera 2026 atraviesa un escenario desafiante debido a las constantes precipitaciones registradas desde comienzos de año en la región, las cuales generaron una marcada saturación en los suelos y retrasos operativos significativos en los lotes de Tucumán.
A pesar de esta disparidad operativa entre zonas cercanas, el sector industrial confirmó su decisión de extender las operaciones de molienda durante noviembre y diciembre, siempre que el clima acompañe. Por su parte, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) indicó que los niveles de maduración y los rendimientos de la caña continúan arrojando indicadores favorables.
Números clave de la zafra en Tucumán
Con 170 días de desarrollo, los datos informados al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) al 22 de octubre detallan el estado de situación en la provincia:
Avance general: 79% de avance sobre una estimación total de 19.650.000 toneladas de caña.
Molienda: Se procesaron 15.570.820 toneladas de caña bruta. Actualmente, 13 ingenios se encuentran activos y solo 1 permanece temporalmente detenido por las lluvias.
Producción de azúcar físico (total de 1.216.127 toneladas):
Azúcar blanco común tipo A: 804.428 toneladas.
Azúcar crudo: 240.936 toneladas.
Azúcar refinado: 131.339 toneladas.
Azúcar orgánico: 39.424 toneladas.
Producción de alcohol (9 destilerías activas): 251.421.930 litros de alcohol hidratado y 157.039.761 litros de alcohol anhidro / bioetanol para naftas.
Panorama en Salta y Jujuy
En el NOA, la campaña conjunta de los 5 ingenios de Salta y Jujuy cumplió 163 días de actividad, mostrando un ritmo sostenido:
Avance general: 88% de avance con 6.618.397 toneladas de caña bruta molida.
Producción azucarera: Se acumulan 394.690 toneladas de azúcar físico.
Producción de alcohol (5 destilerías activas): Se elaboraron 158.498.783 litros de alcohol hidratado y 114.921.282 litros de alcohol deshidratado o anhidro.
Consolidado nacional
Con los aportes integrados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra un total acumulado de 22.189.217 toneladas de caña molida bruta, alcanzando una producción total de 1.610.817 toneladas de azúcar físico, 409.920.713 litros de alcohol hidratado y 271.961.043 litros de alcohol anhidro.
La primera reunión en Diputados confirmó el consenso del bioetanol y las diferencias del biodiésel
Durante casi tres horas, los expositores presentaron sus posiciones ante Energía y Combustibles. El bioetanol respaldó la media sanción, mientras que las pymes de biodiésel reclamaron revisar las condiciones de competencia.
El debate por el nuevo régimen de biocombustibles comenzó a transitar su camino en la Cámara de Diputados y dejó una escena conocida: amplio consenso entre los actores del bioetanol y diferencias que siguen abiertas en el biodiésel. La primera reunión informativa se realizó este martes por la tarde en la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Facundo Correa Llano (LLA). Comenzó a las 16, se extendió durante casi tres horas y contó con 20 oradores. Las exposiciones reeditaron buena parte de las posiciones que habían atravesado las comisiones del Senado y el recinto antes de la media sanción.
El proyecto llega a la Cámara baja después de haber sido aprobado por el Senado. Propone reemplazar la Ley 27.640 y modificar las condiciones de producción y comercialización de los biocombustibles. Entre sus principales cambios, prevé elevar, al año de sancionada la norma, la mezcla obligatoria de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con seis puntos porcentuales reservados para la caña de azúcar, seis para el maíz y tres abiertos a la competencia. Para el biodiésel en el gasoil, establece un incremento del 7,5% al 10%, acompañado por una transición que reduce gradualmente el segmento reservado a las empresas no integradas. También introduce un mercado electrónico y precios de referencia vinculados con la paridad de importación.
En el bloque del bioetanol, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, planteó que el régimen vigente agotó sus posibilidades de acompañar el desarrollo de la actividad. Recordó que la primera ley permitió construir una industria y cuestionó que la normativa posterior no incorporara los avances tecnológicos ni las oportunidades de nuevos mercados. “Pasamos de ser pioneros en el mundo de los biocombustibles a ser rezagados”, sostuvo. Desde esa lectura, respaldó el texto aprobado por el Senado porque, según explicó, recupera una perspectiva de crecimiento e incorpora mecanismos de comercialización más competitivos y transparentes.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, puso ese debate en la escala del norte argentino. Habló de un entramado de 19 ingenios, 4.500 productores cañeros independientes y 45.000 trabajadores directos, distribuido entre Tucumán, Salta y Jujuy. Según detalló, desde el comienzo de la mezcla efectiva de etanol en las naftas, en 2010, la producción de alcohol pasó de unos 200.000 a 600.000 metros cúbicos anuales y hoy representa el 30% de los ingresos brutos de la actividad. “El bioetanol no es importante para el sector azucarero, es sustantivo, es decisivo a su sostenibilidad económica”, afirmó. Su respaldo al proyecto coincidió con el de Adam: los dos sectores que abastecen el corte de las naftas defendieron la necesidad de avanzar con el nuevo marco.
A ese consenso se sumó Federico Zerboni, presidente de MAIZAR, quien expresó el apoyo de la cadena del maíz y el sorgo y explicó por qué la transformación industrial resulta determinante para los productores alejados de los puertos. En esas zonas, señaló, el costo del transporte puede quitarle rentabilidad al cultivo, mientras que convertir el grano en energía o proteína animal permite agregar valor cerca del lugar donde se produce. “El etanol es una de las principales industrias que generan ese valor agregado”, sostuvo. Su intervención llevó la discusión hacia el trabajo en las localidades del interior y el arraigo: industrializar la producción, remarcó, también ofrece condiciones para que las familias puedan permanecer en sus comunidades.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando y única mujer entre los expositores, propuso ampliar la mirada más allá de las diferencias empresariales. “Este proyecto que llega del Senado no es solo una ley para la agroindustria”, señaló, antes de describir un recorrido que comienza con el maíz, la soja y la caña de azúcar y termina en el surtidor de cualquier ciudad. Defendió el aumento de las mezclas por su capacidad de generar demanda, industrialización y empleo en las provincias, y pidió considerar tanto al productor como al ciudadano que carga combustible y respira el aire urbano.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando.
Biodiésel: el desacuerdo está en las condiciones de la competencia
En el biodiésel, las coincidencias sobre la importancia de la actividad no alcanzaron para unificar posiciones sobre el proyecto. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), defendió la media sanción como resultado de una negociación federal entre empresas, provincias y legisladores. Reconoció que el texto no dejó plenamente satisfechos a los distintos sectores, pero lo definió como “el mejor acuerdo posible en la Argentina actual”. Para la industria aceitera, sostuvo, abrir la competencia en el mercado interno también es necesario para acompañar la búsqueda de destinos internacionales. Por eso pidió que Diputados avance con un dictamen que respete los acuerdos alcanzados en el Senado.
La respuesta de las pymes mostró la distancia entre ese respaldo y la situación que describen las empresas regionales. Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, afirmó que las firmas que representa en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran alrededor del 65% del biodiésel utilizado en el corte obligatorio. Desde esa representación, rechazó que pueda hablarse de consenso y advirtió que la apertura prevista, junto con la reducción progresiva del segmento reservado, amenaza la continuidad de numerosas plantas. “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, expresó. También cuestionó que la competencia entre empresas de escalas y condiciones diferentes vaya a traducirse necesariamente en menores precios para los consumidores.
Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, fue uno de los más duros y contundentes al momento de criticar el nuevo régimen. Pidió que Diputados ejerza su función revisora y corrija los puntos conflictivos. Reconoció el derecho de las grandes aceiteras a participar del mercado, pero reclamó condiciones que contemplen las diferencias entre los competidores. “No pongamos en la misma pista un Fórmula 1 con un Fórmula 4”, graficó. Entre sus objeciones, mencionó los límites de participación por empresa o grupo económico, la definición retroactiva de esos grupos y el desajuste que podría producirse entre un precio tope para el biodiésel y una materia prima negociada libremente. También pidió acotar las facultades para reducir las mezclas obligatorias y construir una regulación duradera.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Hacia el final, el diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, propuso aprovechar el recorrido pendiente para mejorar el texto. Planteó preservar los acuerdos alcanzados en bioetanol y concentrar el trabajo en acercar las posiciones del biodiésel, además de revisar los cuestionamientos jurídicos expuestos. “Estoy convencido de que lo podemos trabajar, que podemos trabajar un poquito más”, sostuvo.
La de este martes fue apenas la primera reunión informativa: el proyecto también debe ser tratado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Agricultura y Ganadería. La media sanción marcó un avance, pero en Diputados todavía queda por construir el acuerdo que permita llegar al recinto. Ese camino recién comienza.