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Economía

El Gobierno anunció la privatización de Belgrano Cargas

El vocero presidencial Manuel Adorni, lo comunicó en una conferencia de prensa que se realizó en Casa Rosada.

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El vocero Presidencial Manuel Adorni anunció hoy la privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, que durante el año pasado fue financiada por el Estado nacional con 112 millones de dólares “que salieron de todos los argentinos” pese a que, por su estado deficitario, “la distancia media transportada hoy es de 500 km, exactamente la misma que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”.

Tras señalar que “será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei”, Adorni apuntó que mientras “el límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009”, durante las últimas cinco décadas “la producción agrícola -que representa el 60 por ciento de la carga transportada- se multiplicó por cinco” veces.

De esta manera, durante su habitual conferencia de prensa sostuvo que “sin la intromisión inútil del Estado la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia”, y recordó que “como señaló el Presidente Milei desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”.

También participó de la conferencia el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, quien anticipó que “todas las empresas del Estado se van a abrir a capitales privados y se someterán a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación estatal en las mismas”.

En esa línea, indicó que por cada una de las tres líneas ferroviarias que opera la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A “vamos a instrumentar siete procesos de concesión diferenciados: una concesión por la vía con derecho a cobro de peaje que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma; dos concesiones de locomotoras que permitirá incentivar la competencia que incluya a sus respectivos conductores; dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados”.

Por último, precisó que el esquema propuesto “es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, evitando conductas monopólicas”. Y agregó que “las tierras y las vías continúan siendo de propiedad del Estado nacional”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

“Producto de la Ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del Presidente Milei”.

”El año pasado el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa, dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos”.

”Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 km y es exactamente la misma distancia media que se transportaba hace 50 años”.

“El límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009. En medio siglo no hemos avanzado absolutamente nada”.

“En contraposición, en este mismo medio siglo la producción agrícola, que representa el 60% de la carga transportada, se multiplicó por 5”.

“Sin la intromisión inútil del Estado, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia”.

“Como señaló el Presidente desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar, y todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará”.

Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas

“El mandato del Presidente es muy claro: el Estado no es empresario, por eso todas las empresas estatales se van a abrir a capitales privados y se someterán a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación estatal en las mismas.”

“Iniciamos hoy el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A, un proceso que implica la concesión al sector privado. La empresa opera tres líneas ferroviarias que cubren un total de 7.600 kilómetros”.

”Para cada una de las tres líneas, vamos a instrumentar siete procesos de concesión diferenciados, una concesión por la vía con derecho a cobro de peaje y que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma; dos concesiones de locomotoras que permitirá incentivar la competencia que incluya a sus respectivos conductores, dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados”.

”De esta manera, todas las vías quedarán concesionadas en el sector privado, permitiendo con este modelo triplicar el volumen de carga transportada, ya que se incrementará la cantidad de trenes y sus frecuencias”.

”El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario de la misma tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, evitando con esto conductas monopólicas.”

“Las tierras y las vías continúan siendo de propiedad del Estado nacional. La empresa Belgrano Cargas tal como funcionaba hasta ahora, deja de existir.”

Economía

Beneplácito del gobierno provincial por la media sanción a la Ley de Biocombustibles

El Senado de la Nación dio media sanción al nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, una iniciativa que establece nuevas condiciones para el sector y otorga previsibilidad a futuras inversiones.

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El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el gerente general del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy, destacaron el alcance de la iniciativa para Tucumán y las provincias productoras. También estuvo presente el secretario de Producción, Eduardo Castro. 

El proyecto obtuvo ayer 41 votos positivos y 25 negativos y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La iniciativa reemplazará el régimen establecido por la Ley 27.640 y tendrá una vigencia de 15 años, con la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

El nuevo esquema fija un corte obligatorio mínimo de biodiesel del 7,5% del volumen final del gasoil o diésel oil comercializado en el país, porcentaje que aumentará al 10% a los 12 meses de la sanción de la ley.

Para el bioetanol, establece un corte mínimo del 12% de las naftas, que se elevará al 15% a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen, se reservará un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz.

Además, incorpora un sistema de subastas en un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y establece la publicación de precios de referencia para biodiesel y bioetanol.

El proyecto también habilita la incorporación de biocombustibles por encima de los mínimos establecidos y regula la producción y comercialización de biometano y del combustible sostenible de aviación, SAF o Biojet.

Asimismo, contempla la posibilidad de importar biocombustibles ante situaciones de escasez de abastecimiento y establece un período de transición para el mercado de biodiesel hasta el 1° de enero de 2036. La iniciativa también deroga la Ley 27.640 y su normativa reglamentaria y complementaria.

Abad destacó el trabajo conjunto desarrollado por las provincias productoras a través de la Liga de Biocombustibles y señaló que la media sanción abre una nueva etapa para el sector y para la generación de inversiones.

“La media sanción es una muy buena noticia porque lo que veníamos trabajando a partir de la Liga de Biocombustibles de las provincias, que son las provincias del norte, Salta, Tucumán y Jujuy, y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras, también por el tema de biodiesel. La discusión estuvo un poco trabada por algunas discusiones que tenían que ver con el biodiesel, pero salió la media sanción. Hay inversiones en puerta para ampliar destilerías en Tucumán, Salta y Jujuy, que con esta ley les da previsibilidad jurídica para poder hacerlo”.

En ese marco, el ministro vinculó el nuevo régimen con las políticas impulsadas por el Gobierno de Tucumán para ampliar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico provincial.

“El gobernador nos pide buscar formas de ampliar la matriz productiva. Estamos trabajando incansablemente en todo lo que tiene que ver con los parques industriales, con un proyecto de ley; con préstamos para las empresas, para las pymes, para los empresarios, para las empresas unipersonales con otra iniciativa que también hemos mandado a la Legislatura. Además, estamos impulsando a la economía del conocimiento y al turismo. Tucumán necesita ampliar la matriz productiva porque no tenemos recursos extraíbles. Esta es una forma de ampliar esa matriz productiva, porque le da un horizonte al complejo azucarero para seguir creciendo con las energías renovables”.

Por su parte, Etchandy valoró el acompañamiento del Gobierno de Tucumán a las distintas iniciativas vinculadas con el sector y consideró que la media sanción representa un avance para la actividad sucroalcoholera y las energías renovables.

“Estamos muy contentos y agradecidos con el Gobierno de Tucumán por todo el apoyo a lo largo de todos estos años a los distintos proyectos de ley que llegaron al recinto y ayer se aprobaron por media sanción. Es una gran noticia para todo el sector sucroalcoholero y para todas las energías renovables de la Argentina”.

El titular del IPAAT remarcó el impacto que tendrá la reserva del 6% para el bioetanol de caña de azúcar, principalmente por las posibilidades de planificación e inversión que genera para el sector.

“Específicamente para lo que es el sector de caña de azúcar, tener garantizado un corte del 6% es una gran noticia, que permite que con una mirada de mediano y largo plazo se puedan garantizar las inversiones, no solo las que ya se han hecho, sino las que se están pensando y gestionando ahora en el corto plazo”.

Etchandy también destacó el cambio en el esquema de determinación de precios, que permitirá al sector competir dentro de un mercado con mayor libertad de negociación.

“En segundo término, lo que también garantiza es el tema de los precios. El sector venía teniendo problemas muy serios porque el precio se establecía de manera unilateral con la Secretaría de Energía de la Nación, y hoy podemos competir libremente con los precios, es decir, que los precios sean rentables para el sector”.

El proyecto contempla, además, un 3% adicional de libre disputa para alcanzar el corte del 15% de bioetanol, lo que permitirá la participación de la producción de maíz junto con la de caña de azúcar.

“Después, se hace un 3% adicional para llegar al 15% de libre disputa con el maíz, que también es una muy buena noticia, porque Tucumán y el norte argentino tienen capacidades para poder competir”.

Finalmente, Etchandy puso en valor el plazo de vigencia previsto por la iniciativa y su incidencia en las decisiones de inversión del sector privado.

“Estamos hablando de una ley de más de 15 años. Hablar de 15 años hoy en Argentina es muy importante. Son políticas de Estado que trascienden a los gobiernos de turno, lo cual es muy importante y, como bien dijo el ministro, le da previsibilidad y certeza jurídica al sector privado para seguir invirtiendo, no solo en Tucumán, sino junto con Salta y Jujuy en las economías regionales”, cerró.

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Economía

Milei enviará este martes a Diputados el proyecto del Presupuesto 2027

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027

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El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown -un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.

 

 

La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

 

 

A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

 

 

Inflación en 20%

Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).

 

 

La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.

 

 

El futuro del dólar

El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.

El ministro de  Economía, Luis Caputo, sostuvo que 2027 no tendrá una dinámica propia de un año electoral en materia cambiaria o al menos no será lo mismo que en los comicios legislativos del 2025 por los respaldos con lo que van a contar entre ellos, el swap Estados Unidos y China además de una mayor compra de reservas del BCRA. Pese a ello, en el mercado esperan con ansias saber cuál es la proyección oficial respecto al tipo de cambio.

Mayor crecimiento del PBI

En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la  economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.

C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.

El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.

¿Incluye shutdown?

El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.

La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.

Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.

Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.

El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.

En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales./ Infobae

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Casi la mitad de los trabajadores argentinos no tiene aportes jubilatorios

Un informe nacional del Instituto Argentina Grande reveló que el 45,2% de los ocupados carece de estabilidad, aportes o estructura propia, con jóvenes, mujeres y adultos mayores como los más afectados.

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Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG) sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y registros del SIPA, más de cuatro de cada diez trabajadores en todo el país desarrollan sus tareas sin aportes jubilatorios ni estabilidad laboral. Sobre una población económicamente activa estimada en 22,5 millones de personas, el estudio identificó 5,7 millones de asalariados informales, 5,6 millones de cuentapropistas —3,4 millones de ellos sin facturar— y 9,6 millones de asalariados registrados, divididos entre 6,6 millones del sector privado y 3 millones del Estado. A partir de un índice propio que combina estabilidad, aportes, antigüedad y capital, el informe concluye que el 45,2% de los ocupados está en situación de desprotección, frente a un 39% en el empleo privado protegido y un 15,7% en el sector público.

Dos años de retroceso

El trabajo marca un cambio de tendencia desde 2024: en ese período se sumaron 626.000 puestos desprotegidos, mientras se perdieron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 empleos públicos. Según el informe, la totalidad de los 350.000 nuevos ocupados que se incorporaron al mercado desde entonces lo hicieron en condiciones precarias.

El «desempleo blue», otra forma de medir la crisis

El IAG incorporó además un indicador propio, el «desempleo blue», que suma a los desocupados oficiales aquellas personas que trabajan pocas horas semanales en changas o tareas precarias mientras buscan un empleo formal. Mientras la desocupación oficial se ubica en 7,8%, este indicador ampliado trepa al 15,5% en el primer trimestre del año, su nivel más alto desde el recambio de gestión y 1,5 puntos por encima del mismo período de 2024.

Los jóvenes, el sector más golpeado

El informe identificó a la franja de 18 a 26 años como la más perjudicada: su tasa de desprotección pasó del 53% al 61,6% en dos años, con 160.000 puestos perdidos en ese grupo etario. Los varones jóvenes concentraron buena parte del daño, con 126.000 empleos formales menos (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos), y un desempleo blue que en este segmento llega al 27,7%. Por rubro, el comercio perdió 88.525 puestos protegidos ocupados por jóvenes —una caída del 43%— y la construcción, 9.896 puestos (-30%).

Mujeres y jubilados, también bajo presión

La desprotección creció con más fuerza entre las mujeres, cuyo empleo privado precario aumentó 14,1% en dos años, contra un 9,3% en los varones, en parte por el recorte estatal: de los 212.000 puestos públicos eliminados, 132.000 eran ocupados por mujeres. A esto se suma el deterioro salarial en sectores feminizados como salud y educación, que llevó la brecha salarial de género a un 10%, un valor récord. Entre los mayores de 66 años, la cantidad de personas activas creció 14% por los bajos haberes jubilatorios, y su desempleo blue alcanzó un 12,6%, también un máximo histórico.

La educación, un factor de contención

El informe destaca que completar estudios universitarios reduce fuertemente el riesgo: la desprotección baja al 18% entre quienes tienen título universitario, mientras trepa al 45% con secundario completo y al 66% entre quienes no terminaron ese nivel educativo.

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