«La reunión de hoy ha sido un avance importante ya que hemos participado los tres poderes del Estado«, resaltó el mandatario.

En este sentido dijo que buscan «un mejor servicio de justicia para los tucumanos y tucumanas» y citó el ejemplo de la modificación del Código Procesal Penal el cual «está dando muy buenos resultados en Concepción, Monteros y San Miguel de Tucumán«.

Con respecto a la promulgación de la Legislatura, expresó que «eso lo va a definir Sergio Mansilla (Presidente) con los diferentes espacios políticos«.

Jaldo sostuvo que vienen participando los tres poderes con todas las facultades para llevar a cabo la aplicación del código, el cual «es exclusivo del Poder Judicial, que tendrá que ver cómo se lo va a aplicar«, dijo.

De esta manera, las principales autoridades de los tres poderes del Estado tucumano se reunieron este martes en la sede del Poder Judicial para concretar la reforma del Código Procesal Civil de Tucumán. Allí estuvieron el gobernador, Osvaldo Jaldo, y el presidente de la Comisión de Legislación General de la Legislatura, Raúl Ferrazano (en representación de Sergio Mansilla), que fueron recibidos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva.
En la mesa principal también estuvieron los Vocales de la Corte Suprema, Antonio Daniel Estofán, Daniel Oscar Posse, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos. Además, estuvo el secretario de la Legislatura, Claudio Perez.
«La reunión de hoy fue un avance importante ya que participamos los tres poderes para tratar este tema que tiene que ver con un mejor servicio de Justicia para los tucumanos y tucumanos», sostuvo el Primer Mandatario sobre «la modificación del código que tan buen resultado está dando y se lo vino aplicando parcialmente en los diferentes centros judiciales de la provincia como Concepción, Monteros, San Miguel de Tucumán y ya está prácticamente a pleno su aplicación».
«Al Código Procesal Civil se lo trabajó durante casi seis años, en el medio hubo pandemia y por eso no se pudo avanzar como se pretendía», explicó Jaldo y afirmó que, del mismo modo, «la Legislatura vino trabajando en las comisiones de legislación general, asuntos constitucionales donde prácticamente tiene en borrador los dictámenes y, por ello, hay que tener una próxima reunión para ver una revisión final».
En esa línea, el Gobernador ratificó que «si no hay nada que modificar, Tucumán ya estaría en condiciones de tener un nuevo Código Procesal Civil tras la decisión de Mansilla conjuntamente con los presidentes de los diferentes espacios políticos en labor parlamentaria».
«Venimos participando los tres poderes sabiendo que tenemos facultades y atribuciones que nos da la constitución. Una vez que lo sancione la Legislatura, lo promulga el Poder Ejecutivo y lo aplica el Poder Judicial», cerró.
Por su parte, Leiva dijo que «la modificación pasa por la oralidad, que, si bien en el fuero civil o penales vienen ampliándose su uso en los distintos procesos, hoy pasa a ser el denominador común en cada uno de los procesos previstos en el Código Procesal Civil».
«Esta reforma es abrir las puertas de la Justicia, generando una mayor cercanía con el ciudadano que puede estar en contacto directo con el juez y el juez puede apreciar que es lo que le pasa a ese ciudadano», agregó.
En lo que respecta a la implementación, Leiva afirmó que lo seguirán conversando dentro de la Corte y esperan que sea este año.
Por su parte, Ferrazano declaró “como presidente de la Comisión de Legislación general vine a traer el compromiso de trabajo por parte del parlamento tucumano”. Y agregó: “esto se trata de la decisión política de los tres Poderes para que en plazo breve Tucumán tenga un nuevo código procesal civil y comercial que rija las relaciones procesales en la provincia”.
“El objetivo es que ponga nuevamente a la provincia a la vanguardia del derecho procesal en la Argentina”, sostuvo.
“En los próximos días vamos a tener otra reunión de comisión conjunta con asuntos constitucionales que preside el legislador Javier Morof, donde seguramente van a estar presentes los miembros de la comisión redactora, y autoridades del Poder Judicial para analizar los últimos detalles para prever el tratamiento en el recinto y para que este código procesal entre en vigencia lo antes posible”, concluyó.