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Economía

El empleo informal llegó al 43% en Argentina

La tasa de informalidad en la Argentina fue del 43,2% durante el segundo trimestre del 2025 y alcanzó a 4 de cada 10 trabajadores.

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La tasa de informalidad en la Argentina fue del 43,2% durante el segundo trimestre (abril-junio) del 2025 y alcanzó a 4 de cada 10 trabajadores, según detalló el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) pertenenciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.

En el informe «Panorama del empleo informal y la pobreza laboral», se detalló que 4 de cada 10 trabajadores informales se encuentran ene empleos que no están cubiertos «por la legislación relevante, sea laboral, impositiva o de la seguridad social».

Comparado con el mismo trimestre del 2024, este número registró un aumento de 1,6 puntos porcentuales (p.p.), obteniendo ese trimestre un 41,6% de informalidad.

Empleo informal por categoría ocupacional

Durante el segundo trimestre del 2025, la tasa de informalidad entre asalariados fue del 37,7%, la de los trabajadores por cuenta propia del 62,5% y la de los patrones del 22,2%.

En el mismo período, dentro del 100% del empleo informal, el 63% correspondió a asalariados, el 34% a trabajadores por cuenta propia, el 2% a patrones y el 1% restante a trabajadores familiares sin remuneración.

El mayor peso del empleo asalariado dentro de la informalidad se explica por su mayor participación en el empleo total, que fue del 72%.

Evolución de la tasa de informalidad entre los asalariados

Comparado con el mismo trimestre del 2024, la tasa de informalidad aumentó 1,4 p.p. (36,3%) y 4 de cada 1o trabajadores en relación de dependencia no estaban registrados en la seguridad social, es decir, no estaban cubiertos por la legislación y las instituciones laborales.

Desde 2003, la tasa de informalidad asalariada se ubica en un valor idéntico al observado en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2008.

Asimismo, es el valor más alto desde ese momento, con la única excepción del segundo trimestre de 2022 (37,8%).

«Más allá de las fluctuaciones (y excluyendo el período de la pandemia), la tasa de informalidad asalariada se ha mantenido en valores muy elevados desde hace 17 años», señaló el informe.

Empleo informal por género

Durante el primer trimestre (enero-marzo) del 2025, la tasa de informalidad fue mayor en las mujeres: del total del 42,1%, el 43,2% fue de la mujeres mientras que el 41,1% fue de los hombres.

En promedio, la tasa de informalidad femenina fue, aproximadamente, 2 p.p. mayor que la masculina.

Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo (56%), éstos dan cuenta del 55% de la informalidad total.

Empleo informal por edad

Los jóvenes experimentan una tasa de informalidad significativamente más elevada que otros grupos etarios: en el primer trimestre de este año alcanzó al 63%, 21 p.p. más elevados que la tasa global.

Es decir, 6 de cada 10 trabajadores con edad entre 16 y 24 años son informales. «Esta elevada proporción es una de las variadas manifestaciones de las dificultades que este grupo etario experimenta en el mercado de trabajo argentino», sostuvo el informe.

En segundo lugar se ubicaron las personas entre 25 y 44 años (41,4%) y cerró el podio el rango de entre 45 y 64 años (34,5%). Las personas con 65 años o más alcanzaron el 51%.

«Sin embargo, no se observa una correlación lineal entre la edad y la incidencia de la informalidad, sino cierto comportamiento en forma de U. Por lo tanto, la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo de la vida laboral como en su etapa final».

Si se combinan estos dos factores, la tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años.

A su vez, se observa que son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada (64,1%). En el otro extremo, los hombres de 45 a 65 años registran la tasa de informalidad más baja de todos estos grupos (33,6%).

Empleo informal por aglomerado y región

De las 6 regiones consideradas en la Encuesta Permanente de Hogares (Gran Buenos Aires, Noroeste, Nordeste, Cuyo, Pampeana y Patagonia) solamente tres registraron tasas de informalidad más bajas que el promedio: GBA, región Pampeana y la región Patagónica.

Noroeste, Cuyo y Nordeste son, por el contrario, son las que exhiben mayor incidencia de este fenómeno, con tasas superiores al 48%.

«Cuando se desagrega esta información a nivel de aglomerado se observa, en efecto, que todos loscorrespondientes a la región patagónica están entre los de menores tasas de informalidad: desde Ushuaia – Rio Grande con 18% hasta Viedma – Carmen de Patagones con 32%».

Empleo informal por rama de actividad

En el sector público, que incluye a la administración, servicios de educación y salud públicos, la incidencia fue del 9%. Mientra que los servicios financieros tuvieron una incidencia del 20,9%.

En el servicio doméstico, al igual que el de la construcción, la incidencia fue del 75,4%.

«Estos valores son particularmente críticos ya que concentran la mayor proporción de hombres y mujeres de menor nivel educativo, respectivamente. Alrededor de 25,5% de los hombres de hasta secundaria incompleta trabajan en la construcción, mientras que casi 32% de mujeres de ese nivel educativo lo hacen en casas particulares», detalló el informe del EDIL.

Informalidad y pobreza laboral

En el primer trimestre del 2025, el 24% de los trabajadores vivían en un hogar pobre. Este valor ascendía a 42% entre los informales. Es decir, 4 de cada 10 ocupados en condición de informalidad vivía en un hogar pobre.

Cuando se hace la comparación entre el ingreso laboral mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos (línea de pobreza individual) también se observa una gran discrepancia entre ambos grupos de trabajadores. Mientras que el 40% de los ocupados informales recibía un ingreso laboral mensual inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 5% de los formales.

«Estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza».

Tasas de informalidad entre países de Latinoamérica

Argentina se ubica en una situación intermedia (considerando áreas urbanas de 8 países de la región): Chile, Costa Rica y Brasil registran tasas de informalidad de entre 24% y 32%. En el otro extremo, Ecuador y Paraguay tienen tasas cercanas al 60%.

El informe «Panorama del empleo informal y la pobreza laboral» toma como fuente de infromación la utilizada en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) llevada a cabo por el INDEC.

Es una publicación de EDIL sobre la evolución reciente del empleo informal, las remuneraciones y su asociación con la pobreza laboral en Argentina.

Contiene un análisis detallado del empleo informal, donde se examina su incidencia y composición según categoría ocupacional, género, edad, nivel educativo, sector de actividad, tamaño de empresa, aglomerado y región, como así también un análisis de las brechas salariales entre trabajadores formales e informales. Además, brinda un panorama comparativo con otros países de América Latina

FUENTE: Noticias Argentinas

Economía

Más de 3,5 millones de personas llevan más de un año de atraso en el pago de sus deudas

Así lo estimó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en base a los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA).

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El problema de la morosidad se viene profundizando y cada vez más personas acumulan atrasos en el pago de sus deudas. En el sistema financiero, los deudores son clasificados en distintas categorías de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos y la situación 5 o “irrecuperable” es la de mayor riesgo: son quienes llevan más de un año sin pagar. Ese universo ya alcanza a más de 3,5 millones de personas y creció por encima de 60% en los últimos 12 meses.

La información incluye a bancos, Fintech, tarjetas de consumo y fideicomisos financieros y surge de distintos relevamientos privados que fueron consultados por TN.

En concreto, de las 20,6 millones de personas que tienen algún tipo de deuda, 5,6 millones se encuentran en situación irregular —en la jerga financiera, catalogados desde la situación 3 en adelante o con un atraso de más de 90 días—.

Dentro de ese grupo, en junio, más de 3,5 millones de personas quedaron clasificadas en situación 5, mientras que hace un año esa cifra era de 2,1 millones. El número representa un salto de 63,5% o de 1,3 millones de personas más que un año atrás. Así lo estimó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en base a los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA).

El dato adquiere mayor relevancia porque el universo total de personas con saldo de deuda no mostró un crecimiento tan exponencial, sino que pasó de 19,7 millones en junio de 2025 a 20,7 millones en junio de este año, un incremento de apenas 5%. Así, los deudores clasificados como irrecuperables pasaron de representar el 11% del total de personas con alguna deuda al 17% en doce meses.

En la misma línea, en la consultora Analytica calcularon que las personas en situación irrecuperable pasaron de casi 2 millones a 3,8 millones en un año.

“Observamos que, respecto a un año atrás, en junio de este año la situación que más creció, medida en cantidad de personas, es la de deudores irrecuperables. Hay varios factores que ayudan a entender esta dinámica, pero el más relevante es sin dudas la pérdida de poder adquisitivo de las familias, sobre todo porque son deudas en promedio de $400.000″, puntualizó el director de Analytica, Claudio Caprarulo.

La clasificación del BCRA divide a los deudores en categorías de acuerdo con el nivel de atraso. La situación 1 corresponde a quienes mantienen un cumplimiento normal, que no supera los 31 días, y la 2, a quienes presentan un riesgo bajo, de hasta 90 días. A partir de la situación 3 —atrasos entre 90 y hasta 180 días— ya empieza a considerarse irregular para el sistema financiero. La situación 4 contabiliza incumplimientos de más de 180 días y la 5, atrasos superiores a un año.

Ahora, ¿qué implica estar catalogado como “deudor irrecuperable”? Formar parte de esa clasificación principalmente complica la posibilidad de acceder a nuevos mecanismos de crédito, ya que las entidades del sistema financiero tienen en cuenta el historial crediticio antes de otorgar préstamos.

“Estar en una situación de irregularidad hace más difícil acceder a préstamos, por ejemplo, para acceder a una tarjeta de crédito o una garantía de alquiler. El reflejo de esto es que la tasa de interés de los adelantos está en niveles muy altos en comparación con la inflación mensual. Es más bien una tasa que lo que busca es disuadir la toma de préstamos. Y es preocupante básicamente porque es algo inédito. Nunca hubo tanto porcentaje de la población adulta en situación de irregularidad crediticia y es un reflejo de la caída de los ingresos y puede tener impacto hacia adelante”, resumió Matías Rajnerman, jefe del Departamento de Macroeconomía del Banco Provincia.

El trasfondo troncal que explica el incremento hacia niveles más agravados de morosidad responde al deterioro del poder de compra de los ingresos. Más allá de eso, en la consultora EPyCA también enumeraron diversos efectos que motorizaron el crecimiento de las irregularidades en el pago de las deudas.

En primer lugar, mencionaron el endurecimiento de los encajes bancarios dispuesto por el Banco Central desde mediados de 2025, que frenó el crédito en pesos al sector privado. Por el costado productivo, indicaron, la falta de un crecimiento sectorial sostenido “impide recomponer las ganancias empresarias y los ingresos de los hogares al ritmo necesario para afrontar las deudas contraídas durante el impulso crediticio de 2024 y 2025″.

Por último, consideraron que la menor capacidad de compra de las familias y el mayor peso de las tarifas y el transporte sobre sus ingresos llevaron incluso a muchos hogares a financiar con tarjeta de crédito consumos de primera necesidad.

“La intervención sobre las paritarias privadas y la definición a la baja de las paritarias del sector público operan en el mismo sentido. En general, las familias tienen menores ingresos en términos reales y una mayor proporción de esos ingresos se destina al pago de servicios públicos y transporte público. Por eso también muchas familias debieron comenzar a pagar consumos de primera necesidad (alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, etc.) con la tarjeta de crédito, incluso si ese endeudamiento no podría ser repagado”, puntualizaron. / TN

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Economía

El Gobierno inició formalmente el proceso de privatización del Belgrano Cargas

La letra chica revela una concesión por 50 años, una inversión comprometida de US$1.000 millones y una cláusula explícita que busca limitar la participación china.

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Con más de un año de demora, el Gobierno pondrá formalmente en marcha la privatización del Belgrano Cargas. El ministro de  EconomíaLuis Caputo, firmó la resolución que habilita el llamado a licitación de las vías de las tres líneas que opera la compañía estatal; la norma será publicada en el Boletín Oficial. El proceso contempla concesiones por 50 años, una inversión objetivo cercana a US$1000 millones, la posibilidad de acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una cláusula que impide la participación de empresas controladas por Estados extranjeros.

Alcance de la primera etapa

La etapa inicial abarcará la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre y las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre a las 9.59, con apertura de sobres un minuto después. Las licitaciones de otras unidades de negocio, como los talleres, quedaron postergadas para comienzos del año próximo.

 

Belgrano Cargas y Logística opera actualmente una red de 15.822 kilómetros de vías, aunque solo una parte está en operación: el Belgrano (7.712 km), el San Martín (5.368 km) y el Urquiza (2.742 km). En conjunto, cerca de 7.600 kilómetros se encuentran hoy operativos, menos de la mitad de la red total.
Mecanismo de evaluación y parámetros de competencia

El procedimiento de selección no se centrará en quien pague más al Estado, sino en una fórmula que combina el peaje máximo propuesto y las inversiones comprometidas. En términos prácticos, obtendrá ventaja el oferente que proponga cobrar menos y comprometer mayores obras. La Comisión Evaluadora elaborará un orden de mérito que ponderará la relación entre el piso establecido para el peaje y la tarifa máxima ofrecida, junto con los puntos derivados de las obras obligatorias y optativas.

Los contratos durarán 50 años desde la toma de posesión, sin prórrogas en términos generales. El Gobierno estima inversiones por alrededor de US$1000 millones para las tres líneas, cifra que considera modesta frente a la magnitud de la red.

 

Obras, plazos y acceso al RIGI

Parte de las obras serán obligatorias y deberán ejecutarse durante los primeros cinco años; las obras optativas podrán extenderse hasta un máximo de 15 años. Para facilitar la financiación, los concesionarios podrán inscribir proyectos en el RIGI, siempre que alcancen una inversión mínima de US$200 millones. No obstante, los incentivos del RIGI se aplicarán únicamente a la actividad incremental resultante de las nuevas inversiones, medida por la carga adicional transportada por encima de una línea base fijada para cada ferrocarril. En ese cálculo se descontarán aportes del fideicomiso y las inversiones en activos no computables.

Tarifas, actualización y open access

Los pliegos fijan bandas para los peajes. En el Belgrano el peaje máximo deberá ubicarse entre US$0,00755 y US$0,02163 por tonelada-kilómetro; en el San Martín entre US$0,00708 y US$0,02034. La tarifa adjudicada operará como un techo, no como un precio obligatorio: los concesionarios podrán pactar valores inferiores con usuarios, pero no superar el máximo. Ese valor se actualizará anualmente y, una vez habilitadas las obras obligatorias, aumentará 15% por única vez.

El modelo preserva el “open access”, por lo que distintos operadores podrán ingresar a la red con sus propios trenes mediante el pago del peaje. El concesionario administrará y mantendrá las vías y gestionará el tráfico, pero deberá garantizar el acceso a terceros de forma “transparente, objetiva y no discriminatoria”.

Limitaciones para participar: exclusión de empresas estatales y controladas por gobiernos extranjeros

Los pliegos prohíben la participación de empresas estatales nacionales o provinciales y de sociedades controladas directa o indirectamente por “Estados soberanos”, sus subdivisiones, organismos públicos o empresas de titularidad estatal. Esa disposición deja fuera a compañías estatales chinas que participaron en financiamientos y provisión de material ferroviario, aunque la prohibición no está dirigida exclusivamente a China y alcanza a cualquier compañía bajo control de un gobierno extranjero.

En los activos incluidos en la privatización figura material rodante con garantía a favor de grupos chinos: 40 locomotoras y 1.180 vagones están prendados a China Machinery Engineering Corporation (CMEC) por un financiamiento recibido. Ese vínculo fue un aspecto a resolver durante la estructuración del proceso.

Compra del material rodante y destino de los fondos

Los interesados podrán presentarse solo por la concesión de las vías o acompañarla con la compra del material rodante asignado a cada línea; sin embargo, la inclusión de locomotoras y vagones no otorgará preferencia en el orden de mérito. Los valores del material fueron tasados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación: para el Belgrano se valuó un lote en US$94,4 millones y para el San Martín en US$131,7 millones —un total de US$226,1 millones.

Los ingresos por la venta del material rodante no ingresarán al Tesoro para uso general. El producido se volcará a un fideicomiso creado especialmente para financiar y pagar las obras que deberán realizar los concesionarios, y para administrar los recursos provenientes de ventas y remates posteriores.

Actores con interés público

Hasta ahora, al menos dos grupos públicos manifestaron su interés: por un lado Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente; por otro, el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por empresas del complejo agroexportador como ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC), con posible adhesión del Grupo Roggio. Estas compañías concentran buena parte de la carga que circula por la red y mantienen intención de participar en el llamado.

Plazos y próximos pasos

Las consultas finalizan el 28 de octubre. El cierre de recepción de ofertas será el 11 de noviembre a las 9.59, con apertura al instante siguiente. Ese acto determinará la lista de competidores para administrar durante medio siglo las vías de una de las principales redes ferroviarias de cargas del país.

En resumen, la licitación combina requisitos técnicos, restricciones sobre el origen del control societario, incentivos fiscales condicionados y un modelo de evaluación que privilegia tarifas más bajas y mayores inversiones. El desenlace dependerá de la concurrencia efectuada y de las ofertas que presenten los grupos interesados en un activo clave para la logística agroexportadora y el transporte de cargas en Argentina.

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Economía

Histórico desplome del consumo de carne: cayó un 12% en lo que va del año

Según datos de CICCRA, el consumo interno de carne vacuna se redujo en 163.400 toneladas entre enero y julio. La baja del poder adquisitivo y el incremento del volumen de exportaciones profundizan el cambio en los hábitos de consumo.

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El consumo de carne vacuna en el mercado interno registró una fuerte contracción del 12% interanual durante los primeros siete meses del año, de acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados. En términos absolutos, el abastecimiento al mercado local cayó en 163.400 toneladas respecto del mismo período de 2025.

El indicador por habitante se posicionó en un promedio móvil de 46,3 kilos anuales en julio, lo que representa una baja interanual del 9,4% y ubica al consumo per cápita en niveles históricamente bajos, incluso por debajo de registros de crisis previas como la de 2001.

Menor producción y récord en el frente exportador

La contracción del mercado local responde a una menor faena sumada a un incremento en los despachos hacia el exterior. Durante el período enero-julio se produjeron 1,689 millones de toneladas de carne con hueso, marcando un retroceso del 6,8% frente al año anterior.

En contraposición a la caída del mercado interno, las exportaciones avanzaron un 8,8% en el acumulado de los primeros siete meses, alcanzando las 487.200 toneladas. El sector frigorífico canalizó cerca de 40.000 toneladas adicionales hacia el mercado internacional con respecto a 2025, generando ingresos récord por 2.167,75 millones de dólares en el primer semestre.

Precios por encima de los salarios y comportamiento por cortes

El encarecimiento de la carne vacuna frente a los ingresos y a otras proteínas animales explica la retracción de las ventas en carnicerías y supermercados. Mientras los salarios marcaron una suba interanual del 35,9% a mayo, los cortes vacunos aumentaron un 52% promedio, frente a un incremento del 22,9% en el pollo entero.

Entre los principales cortes, los incrementos interanuales fueron liderados por:

Las hamburguesas congeladas, con un aumento del 60,7%.

El cuadril, con una suba del 53,6%.

La carne picada común, con un alza del 53,5%.

El asado, que registró un incremento del 52,1%.

Durante el último mes, los relevamientos en el Área Metropolitana de Buenos AiresRosario y Córdoba mostraron ajustes moderados con una demanda volcada hacia los cortes más económicos como la falda, el osobuco y la paleta, mientras que cortes de mayor valor como el vacío, el matambre y la nalga registraron bajas de precio intermensuales.

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