La decisión se implementó a través del Decreto 270/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El monto se suma a los u$s12.000 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en un nuevo programa con Argentina. El financiamiento tiene como propósito reforzar la sostenibilidad fiscal, impulsar la competitividad comercial y proteger a los sectores más vulnerables.

Según detalla la norma, los fondos están destinados al programa «Financiamiento de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Competitividad», que se enmarca dentro de la estrategia general del Gobierno para estabilizar la economía, reducir distorsiones y reactivar la inversión productiva.

«Desde el inicio de su gestión, la administración nacional ha centrado su política económica en dos ejes fundamentales: la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones estructurales que impiden el normal funcionamiento de los mercados. En ese contexto, el Gobierno avanzó con un severo ajuste fiscal que logró una reducción significativa del gasto público y una desaceleración de la inflación«, consigna el texto.

Condiciones del préstamo y respaldo institucional

El acuerdo con el BIRF fue evaluado favorablemente por la Oficina Nacional de Crédito Público, que destacó el bajo costo financiero del crédito frente a otras alternativas de financiamiento externo. Asimismo, el Banco Central de la República Argentina estimó que el impacto sobre la balanza de pagos será limitado y consistente con las proyecciones macroeconómicas actuales.

Para el desembolso de los fondos, el Banco Mundial exigió el cumplimiento de una matriz de acciones previas vinculadas al ordenamiento macroeconómico y a la implementación de políticas estructurales. El mantenimiento de una política económica adecuada será, además, condición esencial para liberar los recursos.

La ejecución del préstamo estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, que fue autorizada a suscribir la documentación contractual y realizar modificaciones menores, siempre que no alteren el objeto, el monto ni las condiciones sustanciales del contrato.