La normativa ratifica las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para adoptar todas las medidas necesarias que permitan prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

En ese marco, se dispone que las autoridades y directivos de instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada, serán responsables de la preservación y el cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, podrán perder los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas, que incluyen la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el presente ciclo lectivo para aquellos alumnos que incurran en conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de las clases.

Por otra parte, se establece que los padres, tutores y responsables legales de los menores serán responsables en sede administrativa y/o judicial por las conductas de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.

Además, se prevé que los menores involucrados en hechos de gravedad podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial.

El decreto entró en vigencia a partir de la fecha de su firma y será refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

El Decreto

decreto gobernador