La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al resto de los acusados del expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro, informaron a Télam fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces de la sala I del máximo tribunal penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es atípica, por lo que deben ser sobreseídos por «inexistencia de delito».

El fallo alcanza también al extitular del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros, que –de quedar firme- ya no deberán afrontar el juicio oral y público al cual había sido elevado el expediente que en su etapa de instrucción estuvo en manos del fallecido juez Claudio Bonadio.

El eje del fallo compuesto de dos votos (uno de los jueces Barroetaveña y Petrone y otro de Figueroa) pasa por el informe pericial contable realizado por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que determinó que en la operatoria de contratos de dólar futuro durante el final del gobierno de Fernández de Kirchner no hubo perjuicio a las arcas del Estado ni se violó ninguna norma.

Se trata de una medida de prueba que las defensas de los exfuncionarios habían reclamado, sin éxito, durante todo el trámite del expediente y que puso de relieve, además, que la operatoria con dólar futuro es una herramienta estratégica legítima cuya utilización estará seguramente ligada a la política monetaria de cada país.

“No es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado, ocasionado por un accionar legítimo y conforme a derecho. Tal valla, en el caso de autos, sella la suerte de la cuestión sometida a estudio por cuanto la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA aparecía dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad”, señalaron los jueces Barroetaveña y Petrone.

“En definitiva, al haberse realizado la operatoria cuestionada dentro del ámbito de las competencias del Banco Central, los hechos del presente proceso no cumplen con los requisitos de tipicidad correspondientes”, agregaron en el fallo de 100 páginas al que accedió esta agencia.

En su fallo, la jueza Figueroa hizo una línea temporal del desarrollo del expediente y la cantidad de veces que le fue negada a los imputados la realización de la prueba clave y luego repasó como fue la operatoria y que determinó el informe pericial contable.

“De las circunstancias expuestas surge que no se materializó un perjuicio patrimonial para las arcas del BCRA, como fruto de los contratos de dólar futuro dispuestos por sus autoridades en el periodo bajo estudio, sino redituaron ganancias a la autoridad monetaria nacional, coadyuvando a los resultados positivos de sus balances”, sostuvo la jueza.

“Conforme lo señalado en el informe pericial, el BCRA no fue obligado en forma abusiva o desmedida mediante los contratos de dólar futuro cuestionados, los créditos de allí emergentes erigidos en favor de terceros estaban justificados, resultando útiles y necesarios para la gestión encomendada a la autoridad monetaria, no verificándose menoscabo en los intereses administrados”, remarcó.

Los demás sobreseídos son Sebastián Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Guillermo Paván, David Jacoby, Cristian Girard, Germán Feldman, Alejandro Formento y Pedro Martín Biscay, exmiembros del directorio del BCRA.

A principios de marzo, los acusados habían solicitado su sobreseimiento en el marco de una audiencia virtual celebrada ante la Casación luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 les negara el sobreseimiento y decidiera, por mayoría, disponer que la causa avanzara a debate oral y público.

En aquella audiencia celebrada por Zoom, y transmitida en vivo por distintos canales de televisión, la vicepresidenta y titular del Senado aseguró que la causa se «manipuló al calor del proceso electoral» de 2015 -que concluyó con la elección de Mauricio Macri como presidente- y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que debían decidir si se hacía o no el juicio oral a que «apliquen la ley».

La exmandataria expuso durante cerca de 50 minutos en los que repasó algunos hitos del expediente judicial, cuestionó el papel de Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, concluyó: «Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley».

En aquella exposición, que realizó desde su despacho en el Senado, la exmandataria recordó que la denuncia que dio origen a la causa había sido presentada por los jefes de bloques legislativos de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), entre la primera vuelta electoral y el balotaje en el que la ciudadanía tuvo que decidir entre Macri y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

«El 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central. ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos», continuó la expresidenta, para luego hacer hincapié en que eso ocurrió cinco días antes de la segunda vuelta electoral.

Fernández de Kirchner dedicó otra parte de su exposición a señalar que no hubo entre los suscriptores de contratos de dólar futuro «ningún amigo» de su Gobierno, sino que los que se beneficiaron con esos convenios, y con la posterior devaluación provocada por la gestión de Macri, fueron amigos del exmandatario y exfuncionarios, como Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete de Marcos Peña.

La vicepresidenta, como los demás imputados que expusieron después, invocó también el peritaje que ordenó el TOF Nº 1 y que el juez Bonadio se había negado a hacer durante la causa, en el cual los peritos Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño constataron que en aquella operatoria no había existido un perjuicio para el Estado nacional.

Después de la primera y más acalorada exposición, llegó el turno de los demás imputados y finalmente el del fiscal Raúl Plee, el único que se opuso a la cancelación del juicio y que ahora podría apelar el fallo de Casación: para ese momento en la transmisión de YouTube que reproducía en vivo la audiencia virtual quedaban pocos de los más de 20 mil espectadores que habían visto y escuchado a la expresidenta.