Hoy será una mega sesión en la Cámara de Diputados, donde una vez más la oposición buscará avanzar con una batería de proyectos incómodos para la Casa Rosada, varios incluso con alto impacto fiscal.

Los últimos dos días estuvieron marcados por tensas negociaciones, principalmente con los gobernadores, que vienen reclamándole a la Nación más fondos y se han convertido en el fiel de la balanza que activa o desactiva sesiones según la ocasión. “La lealtad tiene que ver con la reciprocidad”, dijo ayer el salteño Gustavo Sáenz, en la II Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025 en San Juan, junto a otros mandatarios provinciales.

Hasta temprano esta mañana, el espacio opositor conformado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda sumaba al menos 131 voluntades, más que suficiente para alcanzar el quórum (129) y dar inicio al debate parlamentario.

En la Casa Rosada hubo reuniones para analizar la situación y contactos con algunos mandatarios provinciales, por ejemplo el cordobés Martín Llaryora, para intentar sabotear el quórum. Saben que una vez iniciada la sesión los resultados pueden ser impredecibles, especialmente con proyectos de alto impacto social en el inicio de la campaña electoral.

En la oficina del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunieron el martes por la tarde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, su primo Lule, y el estratega libertario Santiago Caputo.

La mesa política suele mantener conversaciones semanales y en esta oportunidad lo hizo con la discusión en el Congreso como uno de los principales temas en agenda.

Los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo coincidieron en que los proyectos que se van a tratar a lo largo de esta jornada tienen apoyos disímiles, por lo que hablan de conseguir “mayorías circunstanciales” para evitar que se aprueben.

En Balcarce 50 consideran que hay sectores que podrían apoyar algunas de las iniciativas en debate, pero que no lo harán con otras, por lo que planean dialogar con el resto de los bloques antes de la sesión para analizar con ellos ley por ley.

“Metieron tantos proyectos en una sola sesión, justamente, porque era la única forma de conseguir las voluntades necesarias como para alcanzar el quórum”, indicó a este medio una fuente oficial.

Así, La Libertad Avanza buscará conseguir el respaldo de determinados partidos para rechazar, por ejemplo, el financiamiento universitario, y de otros para impedir que se insista con la ayuda monetaria a Bahía Blanca.

El oficialismo alertó que la sesión podría durar 38 horas y la oposición ya anticipa que el clima será tenso de principio a fin. Justamente para evitar cualquier desmadre, algo que podría ser aprovechado por los libertarios para terminar con el debate, acordaron llevar a la reunión de Labor Parlamentaria un plan de sesión acotado, donde por ejemplo los emplazamientos se voten sin debate previo para acortar los tiempos.

Los dos principales puntos del temario serán el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, a raíz de la crisis del hospital Garrahan.

El primer proyecto, impulsado por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone actualizar por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, ordena la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.

En tanto, la iniciativa que declara la emergencia en pediatría por dos años contempla “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios” al sector, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad” y dispone que se garantice “su funcionamiento pleno y sostenido”.

También establece la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país. Asimismo, impulsa una recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. Por último, propone la exención en Ganancias para todo el personal, cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida, en caso de aprobarse en ambas Cámaras, implicaría un gasto anualizado de más de $133 mil millones.

Por otro lado, también se pondrán en discusión las dos iniciativas patrocinadas por los gobernadores que ya vienen con media sanción del Senado: por un lado, el reparto automático de los ATN a las provincias; por otro, la coparticipación de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Pero como no tienen dictamen de comisión, la oposición debería reunir una mayoría especial de dos tercios de los presentes para poder debatir ambos proyectos “sobre tablas”, tal como ocurrió en la Cámara alta. Ese número es virtualmente imposible de alcanzar en Diputados, por lo que la oposición deberá conformarse con aprobar un emplazamiento que le ponga un plazo a las comisiones de Presupuesto y Energía para dictaminar. Luego, en una nueva sesión -prevista para el 20 de agosto- podrán ser aprobados definitivamente.

En la Casa Rosada argumentan que la norma en cuestión perjudica a las provincias, ya que implicaría una distribución que beneficiaría a algunos distritos, como Buenos Aires, en desmedro de otros, como Tierra del Fuego.

La intención de parte de la oposición es tratar en una misma sesión -prevista para el 20 de agosto- los proyectos que impulsan los gobernadores y el rechazo a los vetos de Milei al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. Calculan que así será más fácil reunir el quórum al mismo tiempo que dejarían en evidencia a los mandatarios provinciales si estos decidieran votar a favor de los vetos.

El temario de la mega sesión también incluirá una serie de decretos delegados firmados por el presidente Milei en el marco de las facultades delegadas que le otorgó la Ley de Bases que la oposición busca derogar. Por ejemplo, el DNU que desregula la Marina Mercante (Decreto 340/25), el que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Decreto 345/25), el que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete (Decreto 351/25), el que modifica organismos como el INTI y el INTA, y la eliminación de Vialidad Nacional.

La oposición también buscará declarar en emergencia el sistema nacional de Ciencia y aprobar otro emplazamiento para sacar de la parálisis a la comisión especial investigadora del caso $Libra. Este proyecto modifica las mayorías, redefine el mecanismo de quórum y habilitar que el presidente dirima futuras votaciones empatadas.

Según la visión del oficialismo, el plazo de 90 días previsto para la labor de la comisión se cumplió la semana pasada, por lo que ya no podría volver a reunirse. La Libertad Avanza y sus aliados sostienen que el tiempo de funcionamiento empezó a correr desde la primera reunión, celebrada el 30 de abril, cuando no se logró elegir autoridades. La oposición, en cambio, argumenta que ese período debe comenzar una vez que la comisión esté formalmente constituida y cuente con autoridades, condición que nunca se alcanzó por la paridad en las votaciones.

Por último, la oposición insistirá con la declaración de emergencia en Bahía Blanca, que fue vetada por Milei. El proyecto original creaba un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. También otorgaba plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizaba la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecía líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación.

Al momento de la votación todas las miradas apuntarán al PRO, que votó el proyecto original, pero tras el acuerdo electoral con LLA en PBA dijo que ayudará al oficialismo, y a la UCR, que reclamó un gesto del oficialismo.