Un fuerte operativo de seguridad recibe a las organizaciones sociales que vuelven a las calles de las inmediaciones del Congreso contra la ley ómnibus de Javier Milei pero también contra los operativos de seguridad que se organizaron desde el Ministerio de Seguridad en las últimas horas. Un gran dispositivo de Gendarmería llegó alrededor de las 19 y empezó a tirar gases lacrimógenos sobre los manifestantes, además hubo avances y agresiones sobre las personas que estaban en la zona incluso contra Diputados Nacionales que salieron del recinto para recorrer la plaza de los dos Congresos ante el avanza de las fuerzas federales.
Política
Diputados salieron del Congreso a intentar frenar la represión
Entre los diputados que estaban en la manifestación estaban los de Unión por la Patria, socialistas y del Frente de Izquierda.
Política
Tucumán oficializó el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
Con la promulgación y publicación de la Ley 10011, Tucumán incorporó una regulación específica para organizar la ejecución de medidas y penas juveniles, en un contexto de transformación del sistema penal adolescente a escala nacional.
Tucumán avanzó en la implementación del nuevo régimen penal juvenil, luego de que el Poder Ejecutivo provincial promulgara la Ley N.º 10011, que fue publicada oficialmente este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial N.º 31305. La normativa, sancionada por la Legislatura el pasado 30 de septiembre, establece un marco provincial para la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes en conflicto con la ley penal, en consonancia con la reforma aprobada este año por el Congreso de la Nación.
La decisión se produjo después de la sanción de la Ley Nacional N.º 27801, aprobada definitivamente por el Senado el 27 de febrero y promulgada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 138/2026. Tendencia de Noticias tuvo acceso al texto de promulgación de la normativa, que introduce importantes modificaciones en el sistema de justicia juvenil argentino. Entre los principales cambios, se destaca la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima de imputabilidad penal, una de las reformas más significativas en esta materia durante las últimas décadas.
Con la promulgación de la nueva ley provincial por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán formalizó su adecuación institucional a ese esquema nacional, que contempla la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 17 años y establece procedimientos, garantías y mecanismos especializados para el tratamiento de los delitos cometidos por personas menores de edad.
La legislación nacional reemplazó el régimen establecido por la Ley 22278, vigente desde 1980, y dispuso que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuaran sus normas procesales y administrativas a los nuevos principios y garantías.
En ese contexto, la sanción de la Ley 10011 representa un paso para organizar la aplicación del régimen en la Justicia provincial, particularmente en lo referido al cumplimiento de las decisiones judiciales, la supervisión de las medidas impuestas y el acompañamiento de los adolescentes alcanzados por el sistema penal.
Un cuerpo de supervisores y un instituto especializado
Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación tucumana es la creación de un Cuerpo de Supervisores, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, destinado a intervenir en el seguimiento y control de las medidas judiciales dispuestas en el marco del régimen penal juvenil.
La incorporación de esta estructura apunta a fortalecer el control de las disposiciones judiciales y el acompañamiento de los adolescentes, mediante mecanismos de supervisión especializados.
La norma también contempla el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, como parte de la organización provincial destinada al abordaje de adolescentes sometidos a medidas y penas previstas en la legislación.
El nuevo esquema incorpora criterios de intervención interdisciplinaria, con especial atención a la educación, la salud, la contención y los procesos de reinserción social.
De esta manera, la reforma no se limita a establecer mecanismos para el cumplimiento de sanciones, sino que también contempla herramientas orientadas a reducir la reincidencia y favorecer la integración social de los adolescentes.
La aplicación efectiva de estas disposiciones requerirá la organización de los equipos especializados, la adecuación de las instituciones involucradas y la articulación entre el Poder Judicial y los organismos provinciales competentes.
La reforma nacional que bajó la edad de imputabilidad
El nuevo régimen provincial se inscribe en una reforma de alcance nacional impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso después de un intenso debate político y jurídico.
La Ley 27801, publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 9 de marzo de 2026, estableció que los adolescentes podrán ser sometidos al régimen de responsabilidad penal a partir de los 14 años, siempre que se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito.
Hasta la modificación legislativa, la edad mínima de punibilidad se encontraba fijada en los 16 años, conforme al régimen anterior.
Además de modificar ese límite, la normativa nacional incorporó principios específicos para el juzgamiento de adolescentes, con garantías procesales, intervención de operadores especializados, medidas alternativas y disposiciones orientadas a la educación, la responsabilización y la reinserción social.
La reforma también contempló mecanismos de asistencia a las víctimas y estableció criterios diferenciados respecto del sistema penal aplicable a las personas adultas.
El Gobierno nacional reglamentó posteriormente la ley mediante el Decreto 875/2026, del 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y creó mecanismos de coordinación con las jurisdicciones provinciales.
Entre ellos se encuentra la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un espacio de articulación para avanzar en la implementación de la nueva legislación.
Con la promulgación y publicación de la Ley 10011, Tucumán incorporó una regulación específica para organizar la ejecución de medidas y penas juveniles, en un contexto de transformación del sistema penal adolescente a escala nacional.
La nueva normativa provincial deberá articularse con las competencias de la Corte Suprema de Justicia, los órganos judiciales especializados y las dependencias estatales responsables de la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Su implementación también planteará desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos humanos especializados, la infraestructura institucional y la coordinación de políticas de educación, salud y acompañamiento social.
Política
El Gobierno declaró secreto militar la compra de equipos para las Fuerzas Armadas
El Gobierno nacional declaró secreto militar la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas mediante el Decreto 1205/2026. No se informaron detalles de la operación.
El Gobierno nacional declaró bajo secreto militar las operaciones contractuales vinculadas con la compra de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La normativa exceptúa estos procedimientos de las obligaciones de publicidad y difusión, por lo que no se precisaron los elementos que se adquirirán ni el monto de la operación.
La norma alcanza a las compras identificadas en un expediente del Ministerio de Defensa, aunque no detalla de qué material se trata ni cuál es el monto involucrado. Según los fundamentos, la cartera identificó un proceso de adquisición cuya “naturaleza, características y finalidad” exigen que su contenido sea conocido solamente por personas autorizadas, ya que su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”.
Milei declaró secreto militar la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas
Con esta declaración, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones sobre publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso de compra.
La medida se apoya en el Decreto 9390 de 1963, que considera “Secreto Militar” a los asuntos que resulten de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas, entre los que se incluyen expresamente las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como sus negociaciones y trámites.
El Gobierno invocó razones de seguridad nacional para mantener bajo reserva las operaciones contractuales destinadas a adquirir material de Defensa. La medida se apoya en la normativa que contempla el secreto militar para determinadas adquisiciones.
En los considerandos, el Gobierno también cita la Ley de Defensa Nacional 23.554, que define a la defensa como la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para enfrentar agresiones de origen externo, con la finalidad de garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país. Además, menciona la Ley 24.948, que establece que es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento de las fuerzas.
El decreto autoriza a la cartera a avanzar, por medio de su Subsecretaría de Gestión Administrativa, con los actos necesarios para concretar la medida. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa tomó intervención en el trámite.
Qué establece el decreto de Milei sobre la compra militar
El artículo 1° del decreto declara secreto militar, bajo los términos del Decreto 9390/1963, a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD.
El artículo 2° autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar las medidas necesarias para concretar la decisión a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. En tanto, el artículo 3° dispone la comunicación, publicación y archivo de la norma.
El decreto no precisa qué tipo de equipamiento se adquirirá, cuál será su costo, qué proveedor participará ni a qué fuerza estará destinado. Esos datos no aparecen detallados en el texto publicado, que identifica la operación únicamente mediante el número de expediente administrativo.
La principal consecuencia de la declaración es que los organismos contratantes quedan exceptuados de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del procedimiento de adquisición. De esta manera, el proceso contractual podrá tramitar bajo el régimen de secreto militar previsto en la normativa vigente.
Los argumentos del Gobierno para declarar secreto militar la operación
En los considerandos, el Poder Ejecutivo fundamentó la medida en las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.948, vinculada con la reorganización del sistema de Defensa y el equipamiento militar.
La primera establece como objetivos de la Defensa Nacional la protección de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de la Argentina. La segunda asigna al Ministerio de Defensa responsabilidades en la evaluación y decisión sobre los requerimientos de equipamiento de las Fuerzas Armadas.
El decreto también se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla como asuntos sujetos a secreto militar determinadas adquisiciones, fabricaciones, construcciones y cuestiones relacionadas con sus negociaciones y trámites cuando resultan fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
A partir de ese marco normativo, el Gobierno consideró que correspondía reservar las operaciones contractuales vinculadas con la adquisición identificada en el expediente.
La publicación de la medida se produce en el contexto del proceso de reequipamiento militar impulsado por el Gobierno, aunque el decreto no vincula expresamente esta operación con un sistema de armas específico ni permite determinar públicamente cuál es el material involucrado.
Por el momento, el documento oficial no aporta precisiones sobre el monto de la adquisición, los plazos de ejecución o las características técnicas del equipamiento. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó facultada para instrumentar los actos necesarios para llevar adelante la medida.
FUENTE: Ambito
Política
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