El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Jessica Corti en la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.

La representante del Ministerio Fiscal narró las circunstancias en que se produjo la aprehensión del imputado el domingo 23 de agosto de 2026. Luego de argumentar su pretensión, la investigadora fiscal solicitó que se declare legal y legítima la misma.
La Fiscalía formuló cargos en contra del acusado por los delitos calificados como robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en concurso real con robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en ambos casos en calidad de coautor.
Finalmente, el MPF solicitó que se ordene la prisión preventiva en contra del imputado por el término de 45 días, pedido que fue aceptado por el juez interviniente.

La acusación

Primer hecho
El 23 de agosto pasado, a las 23:20 horas, C.D.S., circulando como acompañante a bordo de una motocicleta Motomel Blitz roja, conducida por otro sujeto, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría, se acercaron a una joven que se encontraba caminando junto a su madre por el pasaje Santillán al 900 de la ciudad Capital.

Mientras su cómplice aguardaba en el rodado para asegurar un rápido escape, C.D.S., descendió de la moto, apuntó con un arma de fuego a las víctimas y les exigió la entrega de su teléfono celular diciendo: “Dame el celular o te mato”, al observar que una de ellas no tenía, le quitó de sus manos un anillo y le sacó del bolsillo de su pantalón $15.000; mientras que a su madre, la empujó y le quitó del bolsillo $5.000.

Luego, abordó nuevamente el rodado en el que circulaba y junto a su consorte se dieron rápidamente a la fuga con los objetos sustraídos por calle San Luis en contra del sentido vehicular.

Segundo hecho
Momentos después, antes de las 23:30, C.D.S. circulando como acompañante a bordo de una motocicleta Motomel Blitz roja, conducida por otro sujeto, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría, se acercaron a una adolescente de 14 años de edad, cuando regresaba del parque caminando junto a un amigo por calle San Luis al 1.100 de la ciudad Capital; fue que mientras su cómplice aguardaba en el rodado para asegurar un rápido escape, el sujeto descendió de la moto, tomó a la menor del cabello, la arrojó al suelo y le exigió la entrega de su teléfono celular, la amenazó con un arma de fuego diciéndole que si no le entregaba el teléfono le pegaría un “cuetazo”.

Al ver que la adolescente no entregaba su celular la golpeó en la boca. Por los gritos de auxilio, salió su primo, quien al observar la situación logró retener a C.D.S. hasta la llegada del personal policial que procedió a trasladarlo a la Comisaria Trece, junto con el anillo sustraído anteriormente. En tanto, el otro sujeto logró darse a la fuga a bordo de la motocicleta en la cual circulaba.

La obra pública fue una de las principales variables de ajuste del gasto público desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La decisión de reducir el financiamiento para infraestructura se tradujo en un cambio en la distribución de los recursos entre las provincias y en el avance de un nuevo esquema.

El gasto de capital pasó de representar el 7,5% del total del gasto primario -entre 2021 y 2023- al 2,5% en los últimos dos años. En términos del PBI, se redujo al 0,4%. Así lo indicó un trabajo de la consultora LCG.

La tendencia se profundizó en lo que va de 2026. El gasto de capital ya acumula una caída real del 10% entre enero y julio. De los 1241 proyectos activos, solo el 35% registró pagos durante los primeros siete meses del año. En ese período, el monto devengado alcanzó los $0,7 billones, apenas el 26% del crédito vigente. El área de Transporte concentra la mayor parte de los recursos.

El informe distinguió dos formas de financiamiento de la obra pública en las distintas provincias por parte del Gobierno: las transferencias de capital y los proyectos realizados de manera directa por Nación.

Con respecto a las transferencias de capital a las provincias, entre enero y julio, el Gobierno giró $0,5 billones para financiar obras, un 52% menos en términos reales frente al mismo período de 2025.

Sin embargo, la distribución fue desigual. Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos. Se trata de jurisdicciones con gobernadores dialoguistas.

Mientras Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía en lo que va del año.

En términos per cápita, la disparidad es aún mayor: Catamarca recibió montos que superan en más de 23 veces al promedio provincial, sostuvo el reporte.

Con respecto a los destinos de los fondos, Tucumán concentró recursos para obras de transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de calzada de la ruta nacional N°7 por unos $11.682 millones.

Catamarca y Salta, en tanto, recibieron recursos para infraestructura de agua potable y alcantarillado, mientras que San Luis lo hizo para proyectos de vivienda.

Transporte, el principal destino de la inversión nacional

El otro tema que analizó el informe de la consultora LCG es la caída de la obra pública ejecutada por Nación. Desde enero, la inversión acumula un recorte del 38% en términos reales.

Dentro del gasto, Transporte concentró la mayor parte de los recursos, con el 43% de la ejecución total (dos puntos por debajo del año pasado a la misma altura). El programa con mayor nivel de inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%. Aun así, registró una caída del 28% real interanual.

En el desglose por provincias, Buenos Aires recibió $29.693 millones o el 19% de los fondos destinados a Transporte, asignados a la construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9300 millones) y a las etapas III y IV del programa MAS ($10.300 millones).

Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos, que completaron el grupo de jurisdicciones con mayores asignaciones en el área.

Traspaso de rutas y concesiones: la nueva estrategia para reactivar la obra pública

El fuerte recorte de los recursos nacionales obligó a buscar alternativas para sostener la infraestructura. En ese contexto, el Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a las provincias con gobernadores dialoguistas, para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas.

Ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán lo rechazó.

El avance de este esquema responde al reclamo de las provincias por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos.

El primer acuerdo fue firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, el 22 de julio. El convenio contempla la gestión de la ruta nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años.

La firma de estos convenios representa el primer paso concreto del esquema que el Gobierno habilitó en abril con el decreto 253. Esa norma había autorizado a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones.

La delegación de facultades, sin embargo, no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado mantiene el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores, mientras que las provincias podrán asumir funciones vinculadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, siempre que previamente firmen convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y obtengan la aprobación de la Secretaría de Transporte.

“El segundo mecanismo es la concesión de infraestructura vial al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones, mediante la cual la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9000 kilómetros de rutas (de un total de 40.000 kilómetros en manos nacionales), bajo esquemas de concesión por peaje”, indicó LCG.

De esta manera, Milei busca reemplazar el modelo de obra pública financiada directamente por Nación por otro basado en concesiones, participación privada y una mayor intervención de las provincias.

La Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, investiga los presuntos femicidio seguido de suicidio ocurrido Burruyacú. Una familiar encontró los cuerpos en una zona de monte. Interviene la Unidad Fiscal de Homicidios II. Las tareas periciales en el lugar fueron coordinadas junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para el correspondiente levantamiento de muestras y peritajes de rigor.

Fuentes del Ministerio Fiscal señalaron que la nuera de la pareja, quien reside en una vivienda colindante, advirtió la ausencia de ambos en su casa y comenzó a buscarlos. Poco después, encontró los cuerpos en una zona de monte cercana.

La mujer víctima fue identificada como Yolanda Beatriz Amaya, de 53 años, mientras que la otra persona, que sería autor del hecho y que posteriormente se habría quitado la vida fue identificado como René Sierra, de 56 años.

Según los informes preliminares, ambos presentaban heridas por disparos de arma de fuego. El hecho habría ocurrido en un horario que aún se encuentra bajo determinación, mientras se esperan los resultados de las autopsias correspondientes en las próximas horas.

El fiscal Carlos Sale brindó detalles sobre la investigación por el presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido en 7 de Abril, donde una mujer fue encontrada muerta junto a su pareja en una zona rural y de difícil acceso.

Según explicó Sale, la pareja vivía y trabajaba en una zona rural alejada, vinculada a actividades de campo y a la cría y venta de animales. El fiscal identificó al hombre como René Sierra, de 56 años, y señaló que, de acuerdo con los primeros elementos incorporados a la investigación, tenía problemas con el consumo de alcohol y que, cuando ingería grandes cantidades, “se ponía violento”.

El hecho ocurrió mientras familiares se encontraban reunidos en una vivienda cercana por los festejos del Día del Niño. En determinado momento advirtieron que Yolanda Amaya no se encontraba en el lugar y comenzaron a buscarla. Finalmente, una de sus hijas encontró a la mujer en la parte posterior de la vivienda, en una zona de monte, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

A pocos metros del lugar también fue encontrado Sierra, quien presentaba una herida de arma de fuego en la boca. De acuerdo con la información brindada por el fiscal, ambos disparos habrían sido con la misma escopeta, por lo que la principal hipótesis que se investiga es la de un femicidio seguido de suicidio.

La pareja tenía ocho hijos y varios nietos, quienes se encontraban reunidos durante los festejos cuando ocurrió la tragedia. La escena fue particularmente impactante para la familia, ya que una de las hijas fue quien encontró los cuerpos. Ante la situación, desde la Fiscalía se dispuso también la intervención de un gabinete de psicólogos para brindar asistencia y contención a los familiares.

Mientras avanza la investigación, personal de la Fiscalía se trasladó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes y reconstruir las circunstancias del hecho. El fiscal Sale indicó que se encontraba preparando la audiencia judicial correspondiente, mientras se aguardan los resultados de las medidas investigativas que permitirán establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes.