Dictaron una triple pena para el policía acusado por tráfico de influencias

Héctor Javier Asín, perteneciente a la patrulla motorizada de Banda del Río Salí, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y una multa de $1.889.000. Investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal.

Mediante un juicio abreviado pleno, este viernes se desarrolló una audiencia contra Héctor Javier Asín, de 37 años, acusado por el delito de tráfico de influencias en concurso real y en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor.

En representación de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal estuvo presente la auxiliar de fiscal, Julieta Molé, quien expuso la teoría del caso, la calificación legal y la pena acordada, de tres años de prisión ejecución condicional, la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública y una multa de $1.889.000, más reglas de conductas (por igual plazo), entre ellas, fijar domicilio y firmar una vez al mes el libro de comparendo en la Comisaría VIII, además, de la prohibición de acercamiento a los domicilios de los denunciantes, a una distancia no menor a los 100 metros.

“Incurrió en una conducta típica, antijurídica y culpable que deberá responder penalmente. Asín mantenía conversación con todos los denunciantes y recibió dinero en efectivo de los mismos a cambio de promesas consistentes en hacer valer su influencia ante funcionarios públicos para hacerlos ingresar a las fuerzas policiales, de esta manera, montó toda una puesta en escena valiéndose de su cargo de empleado policial para que confiaran en él. En algún momento de la operatoria por él montada tuvo sus complicaciones y se produjeron las denuncias que desencadenaron en la investigación”, afirmó la Auxiliar de Fiscal. Finalmente, el juez actuante homologó el convenio de juicio abreviado.

La teoría del caso

Entre los meses de abril y diciembre de 2021, el empleado policial, que durante ese período se desempeñaba como cabo primero afectado a la patrulla motorizada de Banda del Río Salí, se contactó u ofreció para ser contactado con diversas personas, de las cuales solicitó y recibió dinero a cambio de hacer valer una supuesta influencia dentro del Gobierno de la provincia, más específicamente en el Ministerio de Seguridad y en la cúpula de la policía, con la promesa de que funcionarios de dichas dependencias hagan ingresar en las fuerzas de seguridad provincial a estas personas, sin pasar por los procedimientos y cumplimientos de requisitos previstos para ellos.

Desplegando ese accionar de manera personal y vía whatsapp, mantuvo conversaciones con las víctimas donde las citó en distintos lugares, entre ellos, su propio domicilio en La Florida, departamento Cruz Alta, en playas de estacionamiento (correspondientes a un supermercado y de dos estaciones de servicio en Banda del Río Salí), como así también, en cercanías de la comisaría de La Florida y del Hospital del Este.