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Detuvieron al marido de Carolina Píparo por tentativa de homicidio

Juan Ignacio Buzali fue detenido la tarde del viernes, imputado por la fiscal de la causa de intentar matar en la madrugada del 1 de enero a dos motociclistas a los que atropelló y abandonó, creyendo que se trataba de delicuentes que habían robado a su mujer.

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Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, fue detenido la tarde del viernes como acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló al creer que eran delincuentes que acababan de robarle a su mujer durante la madrugada del 1 de enero último en La Plata, informaron fuentes judiciales y policiales.

A su vez, en la mañana del vierness comenzó el peritaje toxicológico que determinará si el ahora imputado consumió alcohol o drogas al momento del hecho, al tiempo que se realizaron allanamientos en busca de seis sospechosos del asalto, aunque sólo fue identificado uno, que tiene 14 años y es inimputable.

La aprehensión de Buzali (47) fue dispuesta por la fiscal de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputó el delito de «doble homicidio en grado de tentativa» en base a elementos surgidos, entre otras medidas de prueba, de material fílmico, testimonios y peritajes a los vehículos involucrados.

Juan Buzalli detenido, acusado de homicidio en grado de tentativa contra dos jóvenes.

Juan Buzalli detenido, acusado de homicidio en grado de tentativa contra dos jóvenes.

Según las fuentes, la detención fue llevada a cabo por personal de la Policía bonaerense en el domicilio particular de Buzali, en el country Grand Bell de la localidad platense de City Bell, tras lo cual, el sospechoso fue trasladado a la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.

Indagatoria

Los mismos voceros añadieron que el acusado fue revisado la noche del viernes en el Cuerpo Médico policial y será llevado el sábado a las 10 ante la fiscal Di Lorenzo para ser indagado.

Una fuente cercana a la investigación precisó a Télam que «fue clave la pericia planimétrica accidentológica y un video que demuestran que Buzali embistió a los motociclistas desde atrás de lleno».

«Fue una embestida adrede, dolosa, de lleno, en la mitad del auto a la moto», remarcó la fuente.

Si bien la fiscal valoró una serie de videos, hay uno que la fuente reconoció que fue contundente sobre la mecánica empleada por Buzali para embestir a los motociclistas.

Por su parte, Rodolfo Baqué, uno de los abogados del menor embestido, dijo a Télam que se siente «satisfecho» con la detención de Buzali ya que consideró que «tiene que estar en la cárcel donde están los homicidas en grado de tentativa».

El letrado también apuntó contra Píparo al sostener que la legisladora cometió «falso testimonio» al declarar anteayer como testigo ante la fiscal Di Lorenzo y que montó una «campaña de encubrimiento mediática» para cubrir a su marido.

«Mientras ella acusaba a dos inocentes por televisión, nosotros estábamos buscando las pruebas», indicó Baqué, quien recordó que él presentó ayer en fiscalía un video «esclarecedor» y que también había pedido el cambio de carátula.

"Fue una embestida adrede, dolosa, de lleno, en la mitad del auto a la moto", señaló una fuente judicial.

«Fue una embestida adrede, dolosa, de lleno, en la mitad del auto a la moto», señaló una fuente judicial.

En tanto, los voceros adelantaron a Télam que los resultados del peritaje toxicológico a Buzali estarán listos la semana que viene y serán entregados a la fiscal Di Lorenzo.

De acuerdo a las fuentes, también se hará una espectrofotometría gaseosa para determinar la existencia de químicos como drogas o psicoactivos.

La extracción de sangre a Buzali se realizó el 1 de enero a las 19, casi 16 horas después de embestir a los dos motociclistas en La Plata.

En ese sentido, Martín De Vargas, abogado de Lavalle, explicó a Télam que «desde el momento del hecho, a las 3 de la mañana, hasta la extracción, a las 19 horas, Buzali puede haber tomado litros de agua, haber corrido para eliminar alcohol mediante transpiración o puede haber ingerido un laxante».

«Las drogas permanecen más tiempo en el organismo que el alcohol. El proceso de eliminación de cocaína, algún ácido o psicofármaco es más lento que el del alcohol, que es el más fácil de eliminar», añadió.

Allanamientos

Por otro lado, personal de la DDI La Plata realizó siete allanamientos simultáneos para dar con seis sospechosos del robo cometido contra Píparo, aunque sólo se pudo localizar a un adolescente de 14 años ya que los cinco restantes, mayores y menores, no estaban en sus domicilios de Berisso y la capital bonaerense.

Píparo montó una "campaña de encubrimiento mediática" para cubrir a su marido, según el abogado de los jóvenes.

Píparo montó una «campaña de encubrimiento mediática» para cubrir a su marido, según el abogado de los jóvenes.

En el procedimiento realizado en su vivienda, los efectivos de la DDI le incautaron una moto Honda Twister robada la noche del 31 de diciembre, prendas de vestir y dos cargadores de arma, por lo que la policía cree que el joven forma parte de una banda que se dedica a cometer robos.

Esos procedimientos se realizaron en el marco de la causa en la que se investiga puntualmente el robo de 6.000 pesos y el celular de Píparo, cometido por «motochorros» durante la madrugada de Año Nuevo cuando, junto a su marido, se disponía a llevar a su suegro a su casa tras los festejos de Fin de Año.

Pero, en paralelo, la fiscal Di Lorenzo abrió otra causa por la secuencia posterior a ese hecho, que es cuando Buzali, a bordo de un Fiat 500L y junto a Píparo, embistió a dos motociclistas a los que creyó delincuentes y les produjo lesiones.

Esos jóvenes, Lavalle y el adolescente de 17 años, resultaron ajenos al hecho de robo y se convirtieron en particulares damnificados en ese expediente.

Píparo denunció haber sido asaltada por «motochorros» la madrugada del 1 de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora de Juntos por el Cambio, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos «motochorros» que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes que tripulaban la moto y que quedaron heridos.

Al respecto, De Vargas reiteró hoy a esta agencia que los videos incorporados a la causa tomados en la cuadra del choque demuestran que «hubo una intención dolosa y manifiesta de embestir y cazar» a los motociclistas.

«Ella declaró haber sido perseguida y encerrada por las motos. En los videos, se ve que pasa un grupo de dos motos que no estaban con el grupo de mi cliente, y luego el grupo de siete motos que eran los chicos. Luego, se ve el auto que va a altísima velocidad detrás de los chicos y acelera a fondo para impactarlos», añadió.

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Tras un tiroteo entre dos familias, hubo allanamientos y secuestros de armas de fuego

Hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

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Personal de la Comisaría Alderetes avanza en la investigación de un violento episodio y desde la mañana de este sábado ejecutó una serie de allanamientos e incautó evidencia material.

“La causa parte el día 30 de septiembre donde, en horas de la tarde, dos familias conflictivas de esta ciudad se enfrentaron, realizando disparos de armas de fuego. Este hecho se produjo en plena vía pública” fueron las palabras del oficial principal Hasan Ale, responsable del caso en la mencionada dependencia policial.

Tras recabar información valiosa, recolectar testimonios vecinales y analizar registros fílmicos provenientes de distintas cámaras, los uniformados solicitaron una orden judicial para intervenir en diversos domicilios vinculados al caso donde confiscaron las prendas de vestir que los implicados habían usado al momento del delito y armamento. “Ahora estamos trabajando en este domicilio, donde luego del registro se han secuestrado múltiples armas de fuego, entre ellas, tenemos dos pistolas nueve milímetros, rifles de aire comprimido y gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres” mencionó el oficial principal.

En el marco de esa causa, hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por su parte, Hasan Ale también dijo: “Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Alderetes y los resultados están a la vista” remarcando, de esa manera, el firme compromiso que la Fuerza de Seguridad mantiene diriamente con la ciudadanía.

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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