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Policiales

Detienen en Santiago del Estero a tres sujetos por enfrentamientos entre bandas en San Cayetano

Una comisión de personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Tucumán viajaron a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, a fin de tramitar un exhorto

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El enfrentamiento entre presuntas bandas, ocurrido hace un mes en el barrio San Cayetano, motivó que se realicen nuevas medidas, para tratar de esclarecer el hecho. Tras las primeras actuaciones fueron detenidos dos sujetos vinculados a la causa, además del secuestro de dinero en efectivo, armas y drogas.
A raíz de las investigaciones que se llevan adelante, una comisión de personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Tucumán viajaron a la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, a fin de tramitar un exhorto del Juzgado de la IV Nominación, a cargo de la doctora Carolina Ballesteros, en el marco de la pesquisa que lleva adelante el titular de la Fiscalía Criminal III, doctor Pedro Gallo.
Para que los procedimientos previstos puedan llevarse a cabo, el doctor Carlos Ordoñez Ducca, Juez de Control y Garantías de los Departamentos de La Banda y Robles de Santiago del Estero, autorizó medidas de allanamientos y detenciones en la vecina provincia.
Previo tareas de Investigaciones y observaciones, los pesquisas judiciales y policiales tucumanos, junto al personal de Delitos Comunes, de la División General de Investigaciones de la Policía de Santiago del Estero, con el apoyo Delitos Comunes Capital, llevaron a delante las tareas en el asentamiento San Fernando, Ciudad de La Banda.
Como consecuencia de ese trabajo se logró detener a Héctor Leandro “Cuchú” Barboza, de 22 años de edad, Leandro Gabriel “El Polaco” Barboza, de 24 años y Raúl “Jesús” Torena, de 19 años.
Los detenidos serán trasladados a nuestra provincia en el curso de la jornada, encontrándose en poder de la comisión judicial y policial, los exhortos correspondientes para llevar adelante esas tareas.

La causa

Hace aproximadamente un mes, vecinos filmaron un tiroteo entre bandas, registrado en la zona de la rotonda de San Cayetano. Se sospechaba que los ataques armados se enmarcan en una disputa por el predominio territorial, por diferentes hechos delictivos consumados en el lugar. Además, no se descarta que estas bandas hayan provisto de armas a otros grupos criminales.
En virtud de las investigaciones llevadas a cabo, el miércoles pasado se realizaron 25 medidas de allanamiento en ese barrio, al sur de la capital. Las tareas policiales y judiciales fueron supervisadas en persona por el doctor Pedro Gallo y funcionarios de esa unidad investigativas, entre ellos el secretario Alfredo Palacios.
Para concretar este megaoperativo, inscripto en las directivas impartidas sobre política criminal, por el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, el fiscal de la causa convocó en primer lugar al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal y diferentes unidades policiales. También participó de manera activa en la supervisión, el jefe de la Policía de la Provincia, comisario Manuel Bernachi.
Como saldo de esas tareas fueron detenidos dos sujetos que contaban con pedidos de captura en causas por tentativas de homicidios. Además, se incautaron varias armas de fuego, droga (más de 2 kilogramos de marihuana), más de 100 mil pesos, celulares, una motocicleta y otros elementos de valor para la instrucción.
Las fuentes judiciales informaron que se investigan enfrentamientos armados registrados en el marco de las disputas entre grupos delictivos que operan en ese sector de la ciudad.
En su momento, al referirse al operativo, el fiscal Gallo señaló: “Durante la madrugada se realizaron una serie de allanamientos en San Cayetano, en el marco de dos causas que se están tramitando en la Fiscalía a mi cargo, que están relacionados a un enfrentamiento entre tres grupos. Todos hechos graves con armas de fuego”.
El funcionario judicial comunicó que se lograron hacer efectivas dos detenciones, más la de un adolescente que fue puesto a disposición del juzgado de Menores de turno; además de la aprehensión de cuatro sujetos que serán investigados por tenencia y portación de armas de fuego y encubrimiento, entre otros delitos.
“A lo largo de la investigación, que todavía está en curso, se logró determinar que se trata de grupos que venían enfrentándose en hechos con armas de fuego. Eso motivó que la Fiscalía a mi cargo acumule una serie de causas y nos permita hacer una investigación más abarcativa del conflicto que se estaba desarrollando en la zona”, concluyó.

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Policiales

Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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El hombre que fue agredido en Concepción radicó la denuncia y la Policía identificó a los atacantes

Fabricio Agustín Álvarez de 29 años, fue golpeado y trasladado en la caja de un vehículo se presentó en la comisaría acompañado por su padre.

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Un vecino de Concepción que se encuentra en situación de calle y es conocido por realizar malabares en los semáforos de la zona, identificado, según Vientos Tucumanos, como Fabricio Agustín Álvarez, de 29 años, formalizó la denuncia penal tras haber sido víctima de una violenta agresión ocurrida el martes 29 de septiembre.

El hecho cobró notoriedad pública luego de la difusión de un video donde se observa a tres hombres sujetarlo, cargarlo a la fuerza en la caja de una camioneta Hilux blanca durante la noche y propinarle golpes con una soga entre risas. En las grabaciones también se aprecia que, cuando la víctima intentó escapar de la caja del vehículo, los agresores detuvieron la marcha y comenzaron a golpear la carpa que la recubría. Asimismo, en otro video difundido durante esa misma jornada, algunas de las personas involucradas aparecían junto al joven y aseguraban que lo ocurrido había sido una broma. Las imágenes fueron registradas y subidas originalmente por Leandro Hoyos en las historias para «mejores amigos» de su cuenta de Instagram, lo que provocó un repudio masivo e indignación entre los vecinos.

Era una broma»: secuestraron y latiguearon a un reconocido hombre que trabaja en las calles de Concepción y que a pesar de todo los perdonó

Ante la repercusión de lo sucedido, este miércoles al mediodía, Álvarez se presentó en la Comisaría de Concepción acompañado por su padre para radicar la denuncia correspondiente. Tras la presentación, el jefe de la Unidad Regional Sur, Comisario General Marcos Barros, confirmó en exclusiva a Vientos Tucumanos la recepción de la denuncia y brindó detalles sobre la intervención policial y judicial en el caso. El jefe policial explicó que la fuerza ya venía actuando de oficio antes de la radicación formal de la exposición: «bueno en primer lugar al tomar conocimiento del posible hecho delictuoso para intervenir de oficio como se hizo, y ahora con más razón que se efectuó una denuncia. Hay que seguir trabajando ya con directiva de la fiscalía».

Respecto a la incorporación de la denuncia a la causa existente y el trabajo con el Ministerio Público Fiscal, Barros sostuvo que «como a raíz la descripción Concepción, en donde finalmente radicó una denuncia inmediatamente se adjunta las actuaciones que ya se venía trabajando y se puso a disposición de la justicia para que le den primero la calificación legal delito que se va a investigar y se está tratando de llevar elementos que ayuden a la fiscalía a realizar algún trabajo investigativo más profundo o no, pero las actuaciones y la denuncia. Si se están realizando».

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