La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.

En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo.

El objetivo es claro:

– Menos burocracia.

– Menos trámites.

– Menos costos para los contribuyentes.

– Más oportunidades para quienes producen, emprenden e invierten.

– Más empleo y desarrollo para nuestra ciudad.

– Un Municipio más ágil, moderno y eficiente.

El paquete contempla la eliminación de cobros vinculados a certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, permisos, ocupación de espacios públicos, actuaciones municipales, registros e inspecciones, entre otros trámites.

Las 59 tasas que se propone eliminar por repartición

La decisión de Chahla forma parte del proceso de modernización administrativa que lleva adelante la Municipalidad, con el objetivo de reducir la burocracia, digitalizar procedimientos y cuidar el tiempo de los vecinos.

En ese marco, el Municipio avanza en el reemplazo de trámites presenciales por gestiones que los propios usuarios pueden completar mediante plataformas digitales, como la obtención de certificados de libre deuda y permisos de uso de la vía pública. La propuesta de eliminar los cargos complementa ese proceso, al combinar la simplificación administrativa con una reducción de los costos para los contribuyentes.

El alcance de la reforma también comprende conceptos vinculados a la actividad comercial, con el propósito de facilitar las gestiones de comercios y empresas y favorecer el clima de negocios en la ciudad.

¿Qué debería aprobar el Concejo Deliberante?

El proyecto remitido al cuerpo consta de 19 artículos y propone derogar distintas disposiciones de dos normas centrales del régimen fiscal de la Capital: el Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 4.536/13 y sus modificatorias, y la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 5.487/25.

Entre las modificaciones se encuentran la derogación de los artículos 214, 215, 216, 217, 232, 233 y 239 del Código Tributario y de distintos artículos, incisos e ítems de la Tarifaria vigente.

La propuesta deberá ser analizada y tratada por el Honorable Concejo Deliberante.

Su aprobación permitiría avanzar con la eliminación de las tasas y conceptos incluidos en el proyecto y la gratuidad de los trámites alcanzados por la medida.