Más del 60% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ser transferido a las provincias bajo diferentes conceptos, pero el Gobierno nacional lo retiene. Las pérdidas que esta maniobra arrojó para las jurisdicciones del interior el año pasado rozan los 3 billones de pesos, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares.
La composición del precio del combustible refleja la magnitud del despojo. De los $2.000 que ronda en promedio el litro de nafta, unos $932 corresponden a impuestos. De ese total, alrededor de $830 quedan en manos de la Nación a través del IVA, el impuesto a los débitos y créditos y los gravámenes específicos sobre los combustibles. Por su parte, las provincias reciben directamente apenas $60 (equivalentes al 3% de Ingresos Brutos) y los municipios, $42 por sus tasas.
Sin embargo, el punto de conflicto no se limita a cómo se reparte el precio final en el surtidor. El problema central es que una parte sustancial de los fondos que la ley asigna para financiar infraestructura provincial no se ejecuta en los destinos previstos y termina siendo absorbida por el Tesoro Nacional.
Desvío de fondos: lo que marca la ley
De acuerdo con la legislación vigente, la recaudación del impuesto a los combustibles debe distribuirse del siguiente modo:
- 28,69% al sistema de seguridad social.
- 28,58% al Sistema de Infraestructura de Transporte (obras viales y Sisvial).
- 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
- 10,40% a la Nación.
- 10,40% directamente a las provincias.
- 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
- 2,55% a Compensación del Transporte Público (subsidios).
La cuenta es simple: el 60,91% del componente tributario debe ser invertido en las provincias, ya sea con transferencia directa o mediante el financiamiento para obras públicas, viviendas y subsidios. Sin embargo, la Nación se apropia de ese dinero y solo coparticipa lo que corresponde al IVA.
El año pasado, la recaudación de este gravamen fue de casi 5 billones de pesos. A las provincias deberían haberles correspondido unos $540.000 millones en forma directa y más de 2 billones por financiamiento de obras en sus distritos.
Caída del consumo, pero aumento de recaudación
El impuesto a los combustibles es el único tributo que creció en lo que va del año, contrastando con la caída generalizada de la recaudación (los derechos de exportación bajaron un 40,2% y el IVA un 13,6%).
La recaudación por combustibles líquidos, en cambio, aumentó un 18,8% en el primer bimestre. Esta suba no responde a un mayor consumo —ya que las ventas marcaron su peor registro desde 2021 con una caída interanual del 1,7%— sino a la actualización constante de las alícuotas. Esta decisión del Gobierno busca compensar la pérdida de ingresos tras el fin del Impuesto PAIS, utilizando el tributo al combustible como una herramienta de ajuste fiscal que termina castigando directamente al consumidor y a las provincias.
El impacto en las rutas: deterioro crítico y riesgo vial
El área más perjudicada por esta retención es la infraestructura vial. Recientes informes legislativos denuncian que la Nación no transfirió más de $1,16 billones que debían girarse al Sistema Vial Integrado entre 2024 y los primeros meses de 2026.
El impacto de este desfinanciamiento está a la vista de todos los conductores. Según datos recientes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. La falta de presupuesto paralizó el bacheo, la repavimentación y el mantenimiento de banquinas y señalización.
Este abandono tiene dos consecuencias graves:
- Pérdida de vidas: la falta de mantenimiento dispara los índices de siniestralidad. En provincias como Río Negro o Neuquén, ONG de seguridad vial han reportado incrementos alarmantes en la cantidad de accidentes fatales sobre los corredores nacionales más deteriorados.
- Efecto cascada y sobrecostos: los especialistas en infraestructura advierten que por cada peso que el Estado ahorra hoy en mantenimiento preventivo, deberá gastar entre tres y cinco veces más en el futuro para reconstruir vías completamente arruinadas. Además, las rutas rotas encarecen drásticamente los costos logísticos para las economías regionales.
Denuncias formales y tensión internacional
Informes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ya habían señalado los desvíos. En 2025, Vialidad Nacional debió recibir $2,25 billones de presupuesto, pero percibió apenas $1,2 billones. Esa diferencia multimillonaria nunca se aplicó a su destino original.
En este contexto, los intendentes que se movilizaron esta semana a las puertas del Ministerio de Economía advirtieron sobre graves irregularidades y no descartaron avanzar con una denuncia judicial penal si no obtienen respuestas por parte de la administración del ministro Luis Caputo.
Para agravar el panorama, el escenario internacional suma presión al surtidor. El conflicto en Medio Oriente impulsó el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, lo que ya derivó en aumentos de entre el 15% y el 21% en los combustibles durante el último mes, asfixiando aún más el bolsillo de los usuarios.
