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Desapareció tras fiesta religiosa: hallaron su cuerpo en un monte, comido por perros

Malena Sabrina Cisneros tenía 19 años, vivía en Suncho Corral, Santiago del Estero, y faltaba de su casa desde el 24 de junio. Se cree que fue asesinada para ocultar un abuso sexual.

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La angustia terminó de manera brutal para una humilde familia de Suncho Corral, en Santiago del Estero. Malena Sabrina Cisneros de 19 años, faltaba de su casa desde el 24 de junio pasado, cuando junto a su mamá había asistido a una fiesta religiosa en Colonia San Juan, Figueroa en donde recidía su padre.

«Vete, yo vuelvo después», le dijo a su mamá, Elvecia, madre de otros 12 hijos y separada hace 15 años de un marido golpeador. Pero Malena no volvió más. Los días pasaron y la angustia latente crecía. “¡No sé si está viva o muerta, pero siento que algo malo le ha pasado a mi hija. Ella no merecía que le pase eso…”, le dijo la mujer a El Liberal cuando aún no se sabía del paradero de la joven.

Si bien el entorno de la chica aseguraba que ella padecía un retraso madurativo, su madre aseguraba que eso era algo que no estaba confirmado porque «nunca fue revisada por un médico».

La zona donde fueron encontrados los restos óseos (Gentileza El Tribuno)

Esa angustia, este martes terminó con el cotejo de ADN llevado a cabo a partes óseas encontradas en el área de una pista de carreras cuadreras, en un radio de casi 3 kilómetros. Allí se encontró un cráneo según confirmó la fiscal Ángel Belluomini, a cargo de la investigación, y se determinó que pertenecía a la joven.

En un primer momento cobró mucha fuerza la teoría de que el cadáver había sido devorado por chanchos, pero el informe del antropólogo del Poder Judicial que intervino en la causa determinó que la mayoría de las mordeduras que presentaban los huesos eran de perros quiene devoraron los tejidos blandos.

La investigación

Para entender el caso, es necesario retrotraerse a la penúltima semana de junio. El domingo 23, se desarrollaba una fiesta en Colonia San Juan, en el que residen unos pocos pobladores, pero que para esa fecha llegan miles de personas desde distintos puntos de la provincia y del país.

Malena se habría trasladado con su madre y unas hermanas hasta el pueblo, al igual que otros cientos de vecinos de Suncho Corral. Por la noche, Malena asistió a un evento bailable en cercanías de una pista cuadrera. Todo era música y diversión, sin imaginar que todo se convertiría en una tragedia en cuestión de horas.

En estae predio se habría producido el aberrante crimen (Gentileza El Liberal)

Primero, su mamá apuntó hacía su ex pa reja y padre de la chica. “Algo tiene que ver (con la desaparición de Malena). Sé que la policía lo demoró”, explicaba a los pocos días cuando recién se iniciaba la investigación. Sin embargo, con el correr de la investigación, la policía empezó a hilvanar otra teoría: la mataron para ocultar un abuso sexual.

Según la hipótesis que maneja el fiscal en la madrugada del 24 y finalizado el evento, Malena salió del lugar y comenzó a dialogar con una adolescente. En ese momento se habría acercado el novio de ésta última, conocido como “Gordo Ñoño”.

Aparentemente, el sujeto se habría querido llevar a Malena por la fuerza hasta una zona distante 4 kilómetros conocida como “La Fortaleza”. Allí la introdujo en una zona montuosa y la abusó sexualmente en presencia de la otra chica. Posteriormente, el acusado la mató, abandonó el cuerpo y los animales hicieron el resto.

 

 

 

Fuente : cronica

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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El hombre que fue agredido en Concepción radicó la denuncia y la Policía identificó a los atacantes

Fabricio Agustín Álvarez de 29 años, fue golpeado y trasladado en la caja de un vehículo se presentó en la comisaría acompañado por su padre.

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Un vecino de Concepción que se encuentra en situación de calle y es conocido por realizar malabares en los semáforos de la zona, identificado, según Vientos Tucumanos, como Fabricio Agustín Álvarez, de 29 años, formalizó la denuncia penal tras haber sido víctima de una violenta agresión ocurrida el martes 29 de septiembre.

El hecho cobró notoriedad pública luego de la difusión de un video donde se observa a tres hombres sujetarlo, cargarlo a la fuerza en la caja de una camioneta Hilux blanca durante la noche y propinarle golpes con una soga entre risas. En las grabaciones también se aprecia que, cuando la víctima intentó escapar de la caja del vehículo, los agresores detuvieron la marcha y comenzaron a golpear la carpa que la recubría. Asimismo, en otro video difundido durante esa misma jornada, algunas de las personas involucradas aparecían junto al joven y aseguraban que lo ocurrido había sido una broma. Las imágenes fueron registradas y subidas originalmente por Leandro Hoyos en las historias para «mejores amigos» de su cuenta de Instagram, lo que provocó un repudio masivo e indignación entre los vecinos.

Era una broma»: secuestraron y latiguearon a un reconocido hombre que trabaja en las calles de Concepción y que a pesar de todo los perdonó

Ante la repercusión de lo sucedido, este miércoles al mediodía, Álvarez se presentó en la Comisaría de Concepción acompañado por su padre para radicar la denuncia correspondiente. Tras la presentación, el jefe de la Unidad Regional Sur, Comisario General Marcos Barros, confirmó en exclusiva a Vientos Tucumanos la recepción de la denuncia y brindó detalles sobre la intervención policial y judicial en el caso. El jefe policial explicó que la fuerza ya venía actuando de oficio antes de la radicación formal de la exposición: «bueno en primer lugar al tomar conocimiento del posible hecho delictuoso para intervenir de oficio como se hizo, y ahora con más razón que se efectuó una denuncia. Hay que seguir trabajando ya con directiva de la fiscalía».

Respecto a la incorporación de la denuncia a la causa existente y el trabajo con el Ministerio Público Fiscal, Barros sostuvo que «como a raíz la descripción Concepción, en donde finalmente radicó una denuncia inmediatamente se adjunta las actuaciones que ya se venía trabajando y se puso a disposición de la justicia para que le den primero la calificación legal delito que se va a investigar y se está tratando de llevar elementos que ayuden a la fiscalía a realizar algún trabajo investigativo más profundo o no, pero las actuaciones y la denuncia. Si se están realizando».

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